Contramutis / 20 de mayo de 2019. Alfonso
Lafarga.-
Aplazado hasta el 24 de junio el juicio
contra la periodista saharaui perseguida por informar sin tener titulación
oficial
Las autoridades españoles no se han
interesado por la expulsión del Sáhara Occidental de tres abogadas y dos
abogados
El Consejo General de la Abogacía Española
reclama a Marruecos que permita el trabajo de los observadores de DDHH
Los abogados expulsados por Marruecos de El
Aaiún están dispuestos a volver a la capital del Sáhara Occidental el próximo
24 de junio para asistir como observadores al nuevo señalamiento contra la
periodista saharaui Nazha El Khalidi, acusada de usurpación de funciones por
trabajar sin título oficial, por lo que puede ser condenada hasta con dos años
de cárcel.
El juicio debía haberse celebrado el 20 de
mayo, pero el Tribunal de primera instancia de El Aaiún aplazó la vista para
analizar el contenido del teléfono de la periodista, incautado por la policía
marroquí cuando fue detenida el 4 de diciembre de 2018 mientras grababa una
manifestación saharaui. Según información de Equipe Media, grupo periodístico
al que pertenece Nazha, la decisión del tribunal fue comunicada en medio de
fuertes medidas de seguridad.
Las abogadas Lourdes Baron, Dolores
Travieso y Ruth Sebastián, y los abogados Sidi Talebbuia y Ramón Campos, a los
que se impidió el 19 de mayo entrar en El Aaiún, llegaron al día siguiente por
la tarde a Madrid, donde fueron recibidos por un grupo de saharauis e
integrantes del movimiento solidario con el Sáhara Occidental.
Los observadores noruegos de la Fundación
RAFTO para los Derechos Humanos Vegard Fosso Smievoll y Kjersti Brevik Moeller,
a los que tampoco se permitió entrar en El Aaiún, fueron enviados a Lisboa.
La abogada Lourdes Barón manifestó a
Contramutis que intentarán volver a El Aaiún para asistir al juicio contra
Nazha, para lo que tienen que cuadrar sus agendas: “No sé si seremos nosotras u
otros compañeros, pero seguro que iremos”.
La letrada dijo que al llegar el domingo a
El Aaiún, sobre las 14 horas de España, la policía les pidió un sello del
Ministerio de Exteriores marroquí, lo que nunca antes habían exigido, y señaló
el caso de una de letrada de Canarias que lleva 17 años viajando al Sáhara
Occidental.
Explicó que el trasfondo de la expulsión es
que “no quieren testigos de lo que están haciendo con las personas que
reivindican un Sáhara libre, y en el caso de Nazha El Khalidi por publicar en
Facebook imágenes de una manifestación saharaui sin estar acreditada como
periodista”.
De El Aaiún fueron enviados a Casablanca,
donde pernoctaron en un hotel que tuvieron que pagar, y a las 15 horas de la
tarde del lunes fueron embarcados en un vuelo con destino a Madrid que
pretendían corriese por su cuenta, a lo que los abogados y las abogadas se
negaron.
Sobre el trato recibido, Lourdes Baron dijo
que fue con “bastante desidia y desinterés”: “No nos dejaban salir de donde nos
dejaron y estuvimos constantemente vigilados. La situación fue tensa por la
desinformación, no sabíamos cuando íbamos a volver a nuestro país”.
Llegaron a hablar con el Cónsul General en
Rabat y pidieron que hubiera una representación consular con ellos, pero, al
parecer, no dejaban pasar a la zona del aeropuerto donde se encontraban.
Aunque recibieron algunos apoyos, como del
alcalde de Zaragoza, las autoridades de alto nivel del Estado no se interesaron:
“Han seguido con su postura habitual de inhibirse en este asunto; espero que a
partir de ahora nuestras autoridades protejan a los observadores que van a
juicios”.
Recibieron todo el apoyo del Consejo
General de la Abogacía Española y de su presidenta, Victoria Ortega, que les
esperó en el aeropuerto de Barajas. El Consejo emitió una nota en la que
protesta por la prohibición de acceso a El Aaiún “sin justificación motivada”.
Señala que los abogados y abogadas viajaron
previa comunicación y acreditación ante el Ministerio de Asuntos Exteriores
español, siguiendo los procedimientos habituales del Consejo de la Abogacía “en
apoyo a las misiones de observación judicial para velar por el respeto al
Derecho de Defensa y al proceso judicial debido”.
El Consejo apoya desde 2002 la observación
de juicios en el extranjero, y las visitas “han tenido relación directa con las
causas penales iniciadas contra ciudadanos de origen saharaui en las que se
aprecian riesgos de que el procedimiento no asegure las preceptivas garantías
legales”.
La Abogacía Española reclama al Gobierno de
Marruecos “que permita la labor de los Observadores de Derechos Humanos y
garantice el derecho de cualquier acusado a un juicio con todas las garantías
procesales”.
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