*Fuente:
Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla; 15 de julio de 2013
Juristas
andaluces de AJASAHARA participan en la denuncia
Organizaciones
de la sociedad civil, entre ellas la Asociación Andaluza de Juristas por el
Sahara (AJASAHARA), exigen la paralización inmediata de la venta de material
bélico a Marruecos con pruebas de que el reino alauí, en el que el Rey Don Juan
Carlos está de visita oficial desde hoy, lo utiliza para la represión del
Pueblo Saharaui, lo que las convierte en transacciones “ilegales”. Hassana
Aalia condenado a cadena perpetua en el juicio de Gdeim Izik, del que prestigiosas
organizaciones de Derechos Humanos piden su anulación, acompañó a los
denunciantes y transmitió que él ha sido testigo del uso fraudulento del
material bélico español en el Sahara Occidental.
Sevilla, 15
de julio de 2013.- Representantes de la Asociación de Juristas Andaluces por el
Sahara (AJASAHARA), CEAS-SAHARA, Justicia i Pau, el Observatorio asturiano para
el Sahara Occidental y el Observatorio aragonés para el Sahara Occidental se
concentraron esta mañana ante la sede del Ministerio de Economía y
Competitividad para interponer una denuncia contra las exportaciones de nuevos
vehículos militares con destino a Marruecos, una operación comercial prohibida
por la normativa española que impide estas transacciones a países en los que existen
tensiones o conflictos y donde no se respetan los Derechos Humanos, así como
por los tratados internacionales contra la venta de armas suscritos por España.
El abogado Francisco Serrano, Presidente de AJASAHARA, se trasladaba esta
mañana a primera hora a Madrid para interponer esta denuncia en el ministerio
junto al resto de las organizaciones que la encabezan.
Mientras el
Rey de España inicia hoy un viaje oficial a Marruecos, acompañado de Ministros
y representantes del mundo empresarial; las asociaciones de solidaridad con el
Pueblo Saharaui recordaron que las relaciones comerciales que se fomenten en
este viaje deben estar en el marco de la ley. En su comparecencia ante los
medios, los portavoces de estas organizaciones insistieron en que “las relaciones
de buena vecindad y amistad con Marruecos no deben hacer olvidar que a pesar de
que la industria de armamento, incluido los transportes militares, es un
negocio, la promoción exterior del mismo está sujeta a la Ley 53/2007 que
impide vender armas a países que vulneren los derechos humanos, así como al
Tratado sobre la Venta de Armas de la ONU, aprobado apenas hace unos meses”.
Los
denunciantes subrayaron que España ha incumplido sus compromisos
internacionales con el pueblo saharaui y que quedan muy lejanas las palabras
pronunciadas por Don Juan Carlos el 2 de noviembre de 1975 cuando ante
militares españoles declaraba que “España no dará un paso atrás, cumplirá todos
sus compromisos, respetará el derecho de los saharauis a ser libres’”.
“Pedimos del
Jefe de estado español –comunicaron tras interponer la denuncia- que se
desvincule de cualquier iniciativa de promoción empresarial vinculada a la
venta de material de defensa con destino a Marruecos y que recuerde a Mohamed
VI las palabras pronunciadas hace 37 años proclamando el respeto de los
compromisos internacionales de España y el derecho de los saharauis a ser
libres”.
La sospecha
de las entidades denunciantes se basan en que el pasado mes de abril el
ministro de Defensa marroquí visitó junto con su homólogo español, Pedro
Morenés, una fábrica de vehículos militares en Santiago de Compostela, con el
objetivo de conocer los nuevos modelos que produce esta empresa. “Durante años
hemos comprobado –alegaron los denunciantes- como estos vehículos se emplean
activamente en los operativos logísticos que las fuerzas de ocupación marroquí
desarrollan en el Sahara ocupado, especialmente después del desmantelamiento
del campamento de protesta Gdeim Izik. España ha vendido vehículos militares a
Marruecos durante muchos años y, a pesar de que las autoridades españolas han
manifestado que no se emplean en el Sahara ocupado, la realidad es bien
distinta”, añadieron.
Francisco
Serrano declaró que AJASAHARA, que participa desde 2012 en la campaña “Paremos
el negocio de la guerra: No a la represión marroquí con armas españolas”, “va a
volcar todas sus energías en que los acuerdos para la protección de los
derechos humanos no sean papel mojado o adorno de cumbres internacionales, sino
que se hagan realidad. Las y los juristas andaluces queremos impedir a toda
costa que se utilicen armas españolas para violar los derechos humanos y
pisotear la dignidad de los activistas saharauis”.
Hassana
Aalia es uno de los activistas saharauis que ha participado en la concentración
de esta mañana. Este joven de 26 años que fue condenado a cadena perpetua por
un tribunal militar marroquí a raíz de su participación en el campamento de
Gdeim Izik, en un juicio que ha sido duramente criticado por prestigiosas
organizaciones de Derechos Humanos internacionales que piden su anulación, ha
dado su testimonio del uso frauduento del material bélico español en el Sahara
ocupado. “En su violento desmantelamiento y represión posterior –añadieron las
organizaciones denunciantes a su testimonio-, se ha demostrado el uso de
vehículos militares Vam Tac”.
Desde la
década del 2000, Marruecos es destino privilegiado de armas de España, que le
ha vendido más de 200 millones de euros, incluyendo productos y tecnología de
doble uso (“que probablemente puede ser utilizada como arma”) por un valor de
7.227.180 euros. La venta de armas y municiones, así como sus partes y
accesorios, ha superado en este período los 10 millones de euros, “armamento
que puede estar siendo destinado a las fuerzas policiales que operan en el
Sahara ocupado”, alegaron los denunciantes.
Los datos
de las exportaciones de vehículos de transporte militares con destino a
Marruecos fueron en 2006, exportación de 100 vehículos valorados en 8.720.000
€; en 2007, autorización de exportación de 1679 vehículos valorados en
174.000.000 € y exportaciones realizadas de 20 vehículos todoterreno,
ambulancias, camiones cisterna, contra-incendios y grúa no blindados, valorados
en 1.800.000 €; en 2008, exportaciones realizadas de 1015 vehículos y camiones
todoterrenos no blindados valoradas en 113.900.260 €, y en 2009, exportaciones
realizadas de 286 vehículos valoradas en 28.099.280 €.