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| *Foto tomada la pasada semana en El Aaiún, en la que aparece en primer plano un vehículo todoterreno militar URO VAMTAC, fabricado por la empresa española UROVESA. |
Varias
organizaciones sociales presentan este lunes una denuncia ante el Ministerio de
Economía para hacer pública la la "irresponsable política española de
exportaciones de armamento a Marruecos".
EL
DIARIO 14/07/2013 - Eduardo Melero
Alonso - Profesor de derecho administrativo en la UAM y miembro del Centro
Delàs de Estudios para la Paz
El Reino de
Marruecos es un buen cliente de las empresas españolas de armamento. Según las
estadísticas oficiales, durante el período 1995-2002, las exportaciones
españolas de material de defensa a Marruecos alcanzaron la cantidad de 251
millones de euros. Durante este período de tiempo todos los años se ha
mantenido un flujo constante de armamento que ni siquiera fue interrumpido tras
el incidente armado en la Isla de Perejil de julio de 2002.
Estas
exportaciones han respondido, en primer lugar, a los intereses propios de la
industria armamentista. Una industria favorecida por la política de fomento de
las exportaciones que lleva años poniendo en práctica el Gobierno español.
Las
exportaciones de armamento se utilizan también como un instrumento de política
exterior. En este sentido, además de las exportaciones mencionadas, hay que
señalar que en 2008 el Gobierno español cedió a Marruecos ocho juegos de lanzadoras
de bombas de aviación por el precio simbólico de un euro, pese a estar
valorados en 86.848 euros. Ese mismo año también se aportaron por el precio de
un euro seis torpedos ligeros. Las exportaciones españolas de armamento a
Marruecos han servido para mejorar las relaciones diplomáticas entre ambos
países, reforzando al mismo tiempo la posición del Estado marroquí.
Estos datos
ponen de manifiesto cuál es la prioridad del Gobierno español. Según la
legislación española y la normativa de la Unión Europea no se pueden autorizar
exportaciones de armamento a países que violan los derechos humanos, cuando se
puedan agravar tensiones o conflictos existentes, o cuando se pueda utilizar el
armamento para imponer por la fuerza una reivindicación territorial. Todas
estas circunstancias concurren en el caso de Marruecos. Un país que vulnera
sistemáticamente los derechos de la población saharaui que vive bajo la
ocupación militar del régimen marroquí.
Estas
circunstancias no han impedido que el Gobierno español permita la exportación
de armamento a Marruecos. No sólo eso, sino que se está trabajando al más alto
nivel en el Ministerio de Defensa para reforzar la colaboración industrial en
materia de defensa entre ambos países. Lo que supondrá un incremento de las exportaciones
de armamento españolas a Marruecos, entre ellas las de vehículos todoterreno
militares fabricados por UROVESA. El Gobierno español está dando prioridad a
los intereses de la industria armamentista y a las relaciones diplomáticas con
Marruecos para favorecer las políticas de lucha contra el terrorismo y contra
la inmigración.
Ante esta
situación, varias organizaciones de la sociedad civil van a presentar este
lunes una denuncia ante el Ministerio de Economía. Se trata de la Coordinadora
Estatal de Asociaciones de Solidaridad con el Sahara, Justicia i Pau, la
Asociación Andaluza de Juristas por el Sáhara, el Observatorio Asturiano para
el Sáhara Occidental, y el Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental.
La denuncia
pretende hacer pública la irresponsable política gubernamental de exportaciones
de armamento a Marruecos. Las organizaciones denunciantes están ejerciendo así
un papel de control de la política del Gobierno, contribuyendo a la mejora de
nuestro sistema democrático. Porque las exportaciones de armas no sólo tienen
consecuencias en el exterior.