En 2013, las autoridades marroquíes
prometieron más avances en materia de derechos humanos de lo que realmente
implementaron, señala Human Rights Watch en su Informe Mundial 2014.
Mohamed VI Marruecos Mohamed VI no ha
implementado los derechos humanos prometidos. Los tribunales encarcelaron a
disidentes después de juicios injustos, la policía recurrió a la fuerza
excesiva para disolver manifestaciones pacíficas y, en el territorio disputado
del Sáhara Occidental, las autoridades reprimieron a los defensores que claman
por el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.
En los dos años y medio desde que Marruecos
adoptó una nueva constitución, el gobierno no ha aprobado ninguna ley para dar
fuerza legal a las fuertes protecciones a los derechos humanos de dicha
constitución. El plan de 2009 del rey Mohamed VI para reformar el sistema
judicial y reforzar su independencia ha producido hasta el momento sólo las
recomendaciones de una alta comisión. Las penas de prisión por delitos de
expresión permanecen en el Código de la Prensa, a pesar de la promesa que
emitiera el ministro de Comunicaciones, hace dos años, de que trataría de
eliminarlas y un proyecto de ley presentado en 2006 que, por primera vez,
protegería a los trabajadores domésticos, aún no ha sido adoptado.
“De cara a los derechos humanos, Marruecos
es como una gran obra de construcción donde las autoridades anuncian grandes
proyectos con mucha fanfarria, pero luego se estancan para terminar los
cimientos”, dijo Sarah Leah Whitson, directora para Oriente Medio y Norte de
África de Human Rights Watch.
En las 667 páginas del Informe Mundial
2014, en su 24ª edición, Human Rights Watch revisa las prácticas de derechos
humanos en más de 90 países. Si bien la matanza generalizada de civiles en
Siria provocó el horror, fueron pocos los líderes mundiales que emprendieron
medidas para detenerla. Sin embargo, una revigorizada doctrina de la
“responsabilidad de proteger” parece haber evitado algunas atrocidades masivas
en África. A su vez, las mayorías en el poder en Egipto y otros países
reprimieron la disidencia y los derechos de las minorías. Y las revelaciones de
Edward Snowden sobre los programas de vigilancia de Estados Unidos tuvieron
repercusiones en todo el mundo.
Cabe señalar que los marroquíes y su
vibrante sociedad civil disfrutaron en 2013 de cierta libertad para criticar y
protestar contra las políticas del gobierno, sin embargo, siempre y cuando la
crítica evitara los temas sensibles para la monarquía en general, el rey y la
familia real en concreto, el Islam y la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara
Occidental. Las autoridades cooperaron con expertos en derechos humanos de la
ONU que visitaron el país y el Sáhara Occidental, pero rechazaron una propuesta
de EE.UU. que buscaba ampliar el mandato de la operación de mantenimiento de
paz de la ONU en ese territorio para que se incluyera la observación de los
derechos humanos.
Los tribunales marroquíes condenaron a
personas en casos políticamente sensibles únicamente sobre la base de sus
confesiones, sin investigar las denuncias de que la policía extrajo dichas
confesiones mediante la tortura y los malos tratos. El Tribunal Militar de
Rabat condenó en febrero a 25 saharauis a penas de prisión, en su mayoría de 20
años a cadena perpetua, por su presunta participación en los violentos
enfrentamientos en el campamento de manifestantes Gdeim Izik, en el Sáhara
Occidental, dos años antes. Los enfrentamientos costaron la vida de 11 miembros
de las fuerzas de seguridad.
El rey Mohammed VI debería mantener las
promesas que hizo en 2013 para acabar con los juicios militares de civiles y
reformar el sistema de revisión de las solicitudes de asilo. Las autoridades
también deberían asegurarse de que se aprueben leyes para otorgar peso legal a
los derechos constitucionales. Esto incluye el artículo 133 de la Constitución,
que concede el derecho a cualquier persona que comparezca ante un tribunal
marroquí a impugnar la constitucionalidad de las leyes que los funcionarios
están aplicando en su caso.
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