Reitera que intentará lograr su cancelación
El ministro delegado para Europa de la
República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Mohamed Sidati, ha afirmado este
miércoles que el pueblo saharaui tiene derecho a exigir una compensación de la
Unión Europea (UE) por las consecuencias derivadas de la firma del acuerdo de
pesca entre la organización regional y Marruecos, que incluye las aguas
territoriales del Sáhara Occidental.
"Los saharauis tienen derecho a
reclamar una compensación de la UE", ha sostenido, antes de asegurar que
la RASD "permanece decidida a invalidar el acuerdo".
"Lo hemos pedido a todos los niveles y
usaremos todos nuestros remedios legales para cancelar este acuerdo ilegal e
inaceptable", ha dicho Sidati en una entrevista concedida a la agencia
oficial saharaui de noticias, SPS.
En este sentido, ha recalcado que la
población saharaui, con el apoyo de ONG y abogados internacionales,
"continuarán luchando para mostrar el saqueo, la destrucción del fondo
marino y la sobreexplotación" provocada por la pesca en las aguas
territoriales saharauis.
"Continuaremos luchando para mostrar
lo que se está haciendo con el apoyo de la UE, las operaciones de saqueo de los
recursos de un pueblo que lucha por su dignidad y que es víctima de la
represión", ha remachado.
El nuevo acuerdo salva el último escollo
para su entrada en vigor, tras dos años apartados de la zona por la oposición
de la Eurocámara al convenio anterior.
La antigua colonia española había reclamado
que sus aguas fueran excluidas del acuerdo porque no reconoce el derecho de
Rabat a gestionar sus recursos, pero Bruselas y los 28 dan por bueno que se
mantengan, a cambio de una cláusula que prevé la suspensión del convenio si se
vulneran derechos fundamentales.
La Unión Europea también exigirá a
Marruecos pruebas periódicas de que la población saharaui se beneficia de la
ayuda y del empleo que proporciona el nuevo acuerdo. Los ministros de Pesca de
la UE tienen previsto validarlo en su próxima reunión de los días 16 y 17 de
diciembre en Bruselas.
Los buques europeos obtienen con el acuerdo
126 licencias, de las que un centenar serán para españoles, sobre todo
andaluces y canarios, y beneficiará a cerca de 1.500 tripulantes, de los que
500 serían marroquíes.
Además supone un incremento del 33 por
ciento de las posibilidades de pesca para la flota comunitaria --once Estados
miembros pescan en la zona-- con respecto al régimen anterior, a cambio de una
contrapartida financiera de 40 millones anuales durante los próximos cuatro
años.
En realidad, la aportación de las arcas
comunitarias se reduce de 36,1 millones del acuerdo anterior a 30 millones en
el nuevo, porque los diez millones restantes acordados ahora los asumirán los
armadores.
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