El
coordinador de la querella sobre el genocidio sobre la población del Sáhara
Occidental, Manuel Ollé, considera la decisión del juez Ruz un "éxito para
los derechos humanos"
El
auto de Ruz dice que "se produjo de manera generalizada un ataque
sistemático contra la población civil saharaui (...) con la finalidad de
destruir total o parcialmente dicho grupo de población para apoderarse del
territorio"
Los
juristas temen que el Gobierno marroquí no comunique a los procesados la orden
de detención ni facilite datos para su identificación
El
oscense Manuel Ollé coordina a una decena de juristas de todo el Estado
español, que desde el año 2006 están trabajando para que la Audiencia Nacional
investigue delitos de tortura y genocidio en el Sáhara Occidental, que tuvieron
lugar entre 1975 y 1992.
El
juez Pablo Ruz ha propuesto juzgar a once altos cargos, militares y policías
marroquíes, acusados de detención ilegal, asesinato y desaparición forzada. Por
primera vez un tribunal español juzga lo sucedido en la que fue la provincia
española número 53, y reconoce indicios del genocidio sufrido por la población
saharaui tras el abandono de la colonia española y la posterior ocupación del
territorio, aún por descolonizar, por el Reino de Marruecos.
Según
el auto firmado por el juez Ruz, en el Sáhara Occidental "se produjo de
manera generalizada un ataque sistemático contra la población civil saharaui
(...) con la finalidad de destruir total o parcialmente dicho grupo de
población para apoderarse del territorio".
Para
el equipo de juristas, "el procesamiento de estas once personas es el
acontecimiento más importante hasta la fecha, es un éxito para los derechos
humanos, que pone fin a la impunidad que ha reinado durante los últimos 40
años, y que envía un mensaje de dignidad para las víctimas".
En
septiembre de 2006 el juez Baltasar Garzón abrió una querella presentada por la
Asociación de Familiares y Desaparecidos Saharauis en la Audiencia Nacional. En
octubre de 2007 llegaron las primeras declaraciones, testimonios de ciudadanos
cuyos familiares habían sido asesinados o estaban desaparecidos. Según explica
Ollé, "fue un gran esfuerzo por parte de las víctimas" que tuvieron
que rememorar episodios de su vida muy traumáticos.
Sin
embargo, tal y como desvela el auto de Ruz, que relevó a Garzón en el cargo, el
hallazgo de una fosa común en 2013 con ocho cuerpos en su interior fue
fundamental para la investigación. Los cadáveres fueron identificados por su
ADN y entre sus prendas se encontró su antigua documentación española. Que se
tratara de ciudadanos españoles y de crímenes cometidos en el que en aquel
momento era suelo español ha sido uno de los motivos por los que la reforma de
la Justicia Universal no ha afectado a la causa.
El
gobierno marroquí y el español, obstáculos de la querella
Según
explica Ollé, "la culminación del proceso será ver sentados en el
banquillo a los responsables". Sin embargo, el reconocimiento es un primer
paso de un largo camino no exento de obstáculos. Ruz ha solicitado a las
autoridades marroquíes que aporten todos los datos de los procesados para su
identificación. En opinión del abogado Luis Mangrané, miembro del Observatorio
Aragonés para el Sáhara Occidental, "la principal dificultad será la falta
de colaboración de las autoridades marroquíes en la práctica de las comisiones
rogatorias para la notificación a los procesados de esta resolución
judicial".
Critican
que "es inadmisible que España haya destinado varios millones a modernizar
la justicia marroquí y no se tramiten estas comisiones rogatorias". Según
Mangrané, "el Gobierno español no puede esconder la cabeza ante esta
resolución judicial y mantener la cooperación con Marruecos vendiendo armas a
un Estado a cuyas autoridades se acusa de tales aberraciones". Además,
añade, su deber es también "promover en foros internacional que la Misión
de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental vigile los
derechos humanos en el Sáhara Occidental".
Siete
de los once procesados están en búsqueda y captura internacional. Si la
Administración marroquí no colabora la única opción que le queda a la justicia
española es su detención cuando salgan del país, tal y como sucedió con la
orden de extradición del general chileno Augusto Pinochet. El Observatorio
Aragonés para el Sáhara Occidental afirma que España debería presionar a
Marruecos, ya que "ambos estados disponen de magistrados de enlace para
agilizar la cooperación judicial".
La
Marcha Verde fue el preludio de una guerra que todavía recuerdan miles de
saharauis que se vieron obligados a huir a campamentos de refugiados en Argelia
mientras eran bombardeados con napalm o resistían con uñas y dientes en las ciudades
y dunas que acababan de dejar los españoles. El exilio o la represión han sido
las dos alternativas de vida que han tenido los ciudadanos saharauis que llevan
años clamando por un referéndum en el que puedan decidir por su autodeterminación.
El
abogado Manuel Ollé participa esta tarde en un debate en el Aula Magna de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza.
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