Varios abogados de victimas saharauis han
denunciado en la Eurocámara las "detenciones, tortura y violencia"
por parte de la Policía marroquí contra activistas del pueblo saharaui como ha
ocurrido en el caso del joven Hassana Aalia y han criticado que la comunidad
internacional parece amprar "la ilegalidad" para "no resolver el
conflicto" saharaui, recalcando la especial responsabilidad de España como
antigua potencia colonial.
"Cada uno de ellos representa la vulneración
de los derechos de este pueblo y la situación de ilegalidad en la que la
comunidad internacional parece estar colaborando para no resolver el
conflicto", ha denunciado en rueda de prensa en la Eurocámara, Inés
Miranda, abogada de la activista saharaui Aminatou Haidar y donde han
participado en un Congreso de juristas sobre la situación de los saharauis.
La letrada ha insistido en la necesidad de
"reconocer el derecho fundamental de todos los pueblos, que es el derecho
a la libre determinación" y ha lamentado que la visita del Rey de
Marruecos a los territorios ocupados con motivo del 40 aniversario de la Marcha
Verde "ha conllevado detenciones y exigencias de manifestaciones de júbilo
que no se han producido por parte de la población saharaui", al tiempo que
ha denunciado el "discurso imperialista del 'o se está conmigo, o se está
contra mí', que "ya utilizó el rey en 2009 cuando fue deportada Aminatou
Haidar".
El secretario general de la Asociación
Internacional de Juristas por el Sáhara occidental, Felipe Briones, también ha
denunciado "la represión" y "la falsa de los juicios a los
activistas saharauis" y ha incidido en la especial responsabilidad de
proteger a los activistas de España.
"La total responsabilidad respecto a la
protección jurisdiccional de los derechos de los ciudadanos saharauis y de
arropar a la población para que pueda ejercer ese libre derecho a la libre
determinación correspondió y sigue correspondiendo al Estado español", ha
recalcado Briones, que ha recordado que la legislación internacional y española
reconoce que la presencia de Marruecos en el Sáhara occidental "es
ilegal" y "no es una potencia colonizadora, son administradora de
facto".
Javier Canivell, coordinador de CEAR Euskadi
y abogado del joven activista Hassanna Aalia, que ha sido condenados dos veces
por el mismo caso, ha lamentado que el Ministerio del Interior español le ha
denegado este año la protección internacional que solicitó "sin cuestionar
la sentencia del Tribunal Militar Permanente de Rabat" del año 2013 cuando
"ha sido cuestionada unánimemente" por los organismos internacionales
y los observadores que participaron en el juicio, incluido el relator de la ONU
sobre tortura, que han denunciado la excepcionalidad del tribunal militar,
"actas policiales falseadas", testimonios obtenidos "bajo
tortura" y sin recurso de apelación.
Hassana Aalia, que llegó a España en 2011
para estudiar con una beca en Bilbao, fue condenado en ausencia a cadena
perpetua por un tribunal militar marroquí en 2013 por participar en el
campamento saharaui de protesta pacífica Gdeim Izik. Organismos y entidades
nacionales e internacionales han denunciado que el procedimiento judicial no
contó con las suficientes garantías.
Canivell ha denunciado que la decisión del
Gobierno español "le pone en peligro de devolución" sabiendo que
"a buen seguro sufriría" nuevas torturas tras recordar que desde los
17 años este activista a sufridos constantes "detenciones, tortura y
violencia" de la policía marroquí y con ello incumple "las obligaciones"
como signatario de la Convención de Ginebra, al tiempo que confiado en que la
Audiencia Nacional resuelva pronto el recurso contencioso administrativo que
interpusieron. "Entiendo que no tendrá una resolución muy demorada en el
tiempo ya", ha explicado.
La eurodiputada de Izquierda Unida, Paloma
López, ha reclamado al Gobierno español que "asuma su responsabilidad en
el Sáhara Occidental" y presione a Marruecos para que "cumpla con las
resoluciones de Naciones Unidas" y así "el pueblo saharaui pueda ejercer
su legítimo derecho a la autodeterminación", al tiempo que ha defendido la
necesidad de visibilizar el conflicto y que la Eurocámara se comprometa también
a respaldar el cumplimiento de las resoluciones de la ONU.
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