Reclama al Gobierno que defienda
en la UE que Rabat no tiene legitimidad para negociar con los recursos
naturales del Sáhara Occidental
ERC ha presentado en el Congreso
de los Diputados tres iniciativas en defensa de la causa saharaui que buscan
instar al Gobierno a reconocer como país la autoproclamada República Arabe
Saharaui Democrática (RASD) y exigirle que supedite los acuerdos con Marruecos
a que el reino acceda a celebrar un referéndum de autodeterminación en el
Sáhara Occidental.
Las iniciativas de los
independentistas se han presentado en forma de proposición no de ley --no son
vinculantes jurídicamente aunque sean aprobadas, pero sí constituyen un mandato
político-- y se discutirán en las Comisiones de Asuntos Exteriores, Justicia y
la Mixta para la UE.
La primera de las propuestas
busca que la Cámara Baja pida al Gobierno que reconozca oficialmente a la RASD
como ya hacen 81 países, entre ellos la mayoría de los africanos, con la
excepción de Marruecos. España, que cedió la Administración de su excolonia en
1975 a Marruecos y Mauritania, no reconoce la RASD, como tampoco la soberanía
marroquí sobre ese territorio.
El reconocimiento de la RASD
obligaría al Gobierno español a elevar el estatus diplomático del Frente
Polisario, que es el siguiente paso que demanda ERC en su iniciativa.
La proposición no de ley pide
asimismo conceder becas de estudio en España para saharauis, defender en las
organizaciones internacionales la celebración del referéndum de
autodeterminación y "subordinar" los acuerdos con Marruecos a su
cumplimiento de las resoluciones de la ONU sobre el Sáhara, en especial por lo
que se refiere al referéndum y el respeto de los derechos humanos de la
población saharaui.
ERC ha presentado una segunda
iniciativa para su debate en la Comisión Mixta para la UE que persigue instar
al Ejecutivo a que defienda ante la UE que Marruecos no tiene legitimidad para
negociar la explotación de los recursos del Sáhara Occidental.
LA RELACIÓN UE-MARRUECOS, HOY
A finales de febrero, Rabat
anunció la suspensión de los contactos con las instituciones europeas en
protesta por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE),
que en diciembre invalidó el acuerdo comercial de productos agrícolas entre la
UE y Marruecos por incluir las producciones del Sáhara occidental.
El Gobierno español en
funciones, por boca de su titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha
alertado a sus socios europeos de las "gravísimas consecuencias" para
el control de los miles de inmigrantes irregulares y refugiados que tratan de llegar
a la UE si no se toman medidas para recuperar las relaciones con Marruecos.
La posición de ERC en cambio es
que la UE debería condicionar la negociación del acuerdo de pesca con Marruecos
a la "solución pacífica" del contencioso en el Sáhara Occidental y en
última instancia, negociar con los representantes de la RASD la explotación de
los recursos del territorio ocupado por Marruecos, y que para el reino alauí
son sus "provincias del sur".
Una tercera proposición no de
ley de los independentistas, que deberá debatir la Comisión de Justicia, pide
modificar el artículo 22 del Código Civil para incluir a los saharauis entre
los que pueden adquirir la nacionalidad española mediante un plazo privilegiado
de cinco años de residencia.
En la exposición de motivos de
las tres iniciativas, ERC subraya que "el Estado español", como
antigua potencia colonial, tiene una "responsabilidad histórica y deuda
moral con la población saharaui y la RASD todavía confía en el papel
protagonista que debe desarrollar en el proceso hacia la independencia
saharaui".
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