*Fuente. El HuffPost
Por Alfonso López Borgoñoz, coordinador del equipo sobre el
Norte de África de la Sección Española de Amnistía Internacional
El pasado 17 de marzo, las autoridades de
Marruecos obligaban a la ONU a retirar del Sáhara Occidental a cerca de un
centenar de miembros de su personal civil y a cerrar una oficina militar de
enlace de la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del
Sáhara Occidental), tras unos comentarios de Ban Ki-moon en los que, tras
visitar los campos saharauis en Argelia, tachaba las condiciones de vida de los
refugiados como "inaceptables" y mencionaba la palabra prohibida para
Marruecos,"ocupación", al hablar de la situación en el Sáhara
Occidental. Aprobada la ampliación de la MINURSO, una vez más sin mandato sobre
derechos humanos, hacemos un análisis histórico sobre la situación que se vive
en la región.
Un arreglo incompleto
El origen del problema se remonta al año
1975, cuando Marruecos y Mauritania (que se retiró después) se anexionaron el
Sáhara Occidental tras pactarlo con el Gobierno de la España franquista,
potencia administradora, mediante un acuerdo sin validez reconocida por la ONU.
Desde el primer momento se inició un conflicto armado entre Marruecos y el
Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro (Frente
Polisario), movimiento saharaui que defiende que se celebre un proceso de
autodeterminación en el Sáhara Occidental.
En 1988, Marruecos y el Frente Polisario
acordaron el llamado Plan de Arreglo, aprobado por el Consejo de Seguridad de
la ONU en 1991, en el que se pactaba un alto el fuego y la celebración de un
referéndum en el que se pediría a la población saharaui elegir entre la
independencia o la integración en Marruecos. Para poder implementar dicho
referéndum y supervisar el alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario,
se estableció también en 1991 la Misión de las Naciones Unidas para el
Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO).
Desde entonces, la celebración del
referéndum se ha ido posponiendo y aún no se ha podido llevar a cabo.
Veinticinco años después, todo continúa igual. Marruecos no acepta un
referéndum que incluya la opción de la independencia, mientras sólo admite
plantear un posible estatuto de autonomía para el Sahara Occidental, bajo su
soberanía. Por su parte, el Frente Polisario sigue defendiendo el proceso de
autodeterminación. Cualquier otro supuesto no es aceptable para ellos.
La del Sáhara Occidental es la única misión
de mantenimiento de paz de la ONU que no cuenta con un mandato sobre derechos
humanos.
El conflicto aún está vivo
Y bien vivo. Entre el personal expulsado el
pasado mes de marzo, una parte trabajaba en tareas de sensibilización sobre el
riesgo de las minas y de las municiones sin explotar, en la prevención de
accidentes y de víctimas mortales y en el proceso de desminado de los programas
del Servicio de Acción Antiminas de la ONU, que considera al Sáhara Occidental
como uno de los territorios más minados del mundo, con más de 2.500 víctimas
registradas desde 1975.
Un mes después de las expulsiones, el
Consejo de Seguridad de la ONU aprobaba, sin consenso entre sus miembros, la
resolución 2285 por la que el mandato de la MINURSO se ampliaba una vez más por
otros doce meses sin garantizar que las Naciones Unidas puedan efectuar un
seguimiento independiente, imparcial, integral y sostenido de la situación de
los derechos humanos en el Sáhara Occidental y en los campamentos de Tinduf. Es
la única misión de mantenimiento de paz de la ONU que no cuenta con un mandato
sobre derechos humanos. La resolución no solo no pide el retorno del personal
expulsado, sino que el único requisito que se establece es que en el plazo de
noventa días se informe al Consejo de Seguridad de si está funcionando a plena
capacidad, y si no, "de considerar la mejor forma de facilitar el logro de
este objetivo".
Desde hace años, Amnistía Internacional
está solicitando a las Naciones Unidas que lleven a cabo una observación de la
situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y en los campos de
Tinduf. Diferentes organismos de la ONU podrían contribuir a ello, como la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o
la propia MINURSO, que como todas las demás misiones de las Naciones Unidas
también puede llegar a desempeñar un papel clave en esta labor.
Cuando uno ve las resoluciones que se van
sucediendo año tras año por los diferentes miembros (temporales o permanentes)
del Consejo de Seguridad, sin recoger esta preocupación por la defensa de los
derechos humanos, no puede menos que preguntarse: ¿A quien le preocupa (y por
qué) que las Naciones Unidas supervisen en un territorio no autónomo y en unos
campamentos de personas refugiadas la violación de unos derechos que están en
la base de su propia existencia?
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