Jon Rodríguez forma parte de la amplia
delegación de Izquierda Unida que asiste desde su inicio en calidad de
observadores internacionales al juicio contra estos presos políticos saharauis.
Izquierda Unida, a través de Jon Rodríguez,
responsable del Grupo de Trabajo sobre Oriente Medio y África de la Comisión
Federal de Relaciones Internacionales de esta formación, valora que la vista
oral que se sigue en Marruecos contra los 24 presos saharauis de Gdeim Izik,
iniciada el pasado lunes en el Tribunal de Apelación de Salé, “ha demostrado en
los días trascurridos que estamos ante un juicio con una clara motivación
política, la de descabezar al movimiento saharaui en los territorios ocupados
por Marruecos desde 1976”.
Jon Rodríguez señala que tras haber podido
escuchar las alegaciones tanto de la Fiscalía y la acusación particular como de
los acusados, que llevan siete años encarcelados, “hemos podido comprobar que
no hay ni tan siquiera un certificado de defunción de las supuestas víctimas de
los crímenes que se les acusa, además de que no se ha presentado prueba alguna
que pueda vincularles a las acciones imputadas”.
Rodríguez forma parte de la amplia
delegación de Izquierda Unida que asiste desde su inicio en calidad de
observadores internacionales al juicio contra estos presos políticos saharauis
de Gdeim Izik. El objetivo de esta misión es certificar que se respetan los
derechos de los activistas saharauis, encarcelados desde 2010 a pesar de que el
Tribunal de Casación marroquí anuló las sentencias dictadas contra ellos por un
tribunal militar hace ahora cuatro años.
El dirigente de IU expone que “todos los
acusados que han sido interrogados hasta el momento han denunciado toda clase
de tortugas físicas y psicológicas por parte de las fuerzas de seguridad
marroquíes para obtener unas confesiones que les obligaron a firmar sin conocer
su contenido. Durante estos interrogatorios les realizaron principalmente
preguntas sobre los movimientos sociales y políticos del Sáhara Occidental
ocupado, así como sobre su vinculación con el Frente Polisario, en vez de sobre
las acusaciones que recaen sobre ellos”.
“A estas circunstancias -añade Rodríguez-
hay que sumarle una cuestión procedimental sobre la instancia correspondiente
al juicio, ya que el juez alega que ésta es una vista de primera o segunda
instancia según su conveniencia. También destaca la ausencia del peritaje
solicitado por la defensa o la extraterritorialidad del juicio, ya que la vista
oral tiene lugar en Marruecos cuando los acusados fueron detenidos en el Sáhara
Occidental, por lo que las actuaciones se llevan a cabo de espaldas a lo que
establece el derecho internacional”.
Jon Rodríguez reconoce que no tiene
constancia exacta de cuánto tiempo más durará el juicio, si bien ha quedado
claro que “las autoridades marroquíes continuarán utilizando los tiempos de
este proceso, que dura ya siete años, para favorecer los intereses políticos
del régimen alauí a nivel interno y externo”.
“A pesar de ello -sostiene-, tanto los
acusados como sus familias, con las que hemos contactado durante el proceso, se
muestran firmes para seguir luchando por la libertad de su pueblo”. En estos
días han tenido lugar diversas protestas ante el Juzgado de Primera Instancia
de Salé. En la primera de ellas, el pasado lunes, fue arrestado el joven
activista Mohamed Dadi, que aún sigue detenido sin conocerse su paradero
exacto.
Izquierda Unida destaca también el
“desprecio que el Reino de Marruecos demuestra hacia los organismos
internacionales. No ha permitido la participación de observadores de la ONU o
de la Unión Africana en todo el proceso”.
“El Gobierno español de Mariano Rajoy ha
vuelto a agachar la cabeza ante una nueva violación de los derechos humanos en
el Sáhara Occidental ocupado”
Además, “el Gobierno español de Mariano
Rajoy ha vuelto a agachar la cabeza ante una nueva violación de los derechos
humanos en el Sáhara Occidental ocupado. No ha abierto la boca después de que
las autoridades marroquíes impidieran la entrada de un juez español que acudía
como observador a la vista oral. Tampoco se ha pronunciado sobre este caso en
el que el Estado español tiene una clara responsabilidad como potencia
administradora del Sáhara Occidental, último territorio pendiente de
descolonización de África”.
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