Madrid 03/04/2017
Por Alfonso Lafarga, periodista y colaborador
de la agencia EFE y del Confidencial.
Fuente: web Contramutis.wordpress.com en su edición de ayer domingo
02/04/2017.
Cuando
parecía que el Gobierno de España adoptaba, por fin, una postura comprometida sobre el Sáhara
Occidental al asumir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TJUE) de 21 de diciembre de 2016 en la que se reconoce que la excolonia española
no forma parte del reino de Marruecos, el ejecutivo de Mariano Rajoy ha vuelto
a templar gaitas para no molestar a Marruecos. Por el contrario, varias
instituciones autonómicas piden el
cumplimiento de la sentencia e insisten en la responsabilidad del Estado
español con el pueblo saharaui.
Causó sorpresa la respuesta del Gobierno de 14
de marzo al diputado de Podemos Jorge Luis Bail conteniendo que el territorio
del Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos de acuerdo con la sentencia
del TJUE sobre los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea,
máxime cuando, como dijo el senador Carles Mulet (Compromís) el Partido Popular había vetado
en el Senado una declaración institucional “extremadamente aséptica” después de
la sentencia del TJUE.
El Confidencial tituló que España asumía la
sentencia, el especialista en el Magreb
Ignacio Cembrero comentó que “se acabaron las ambigüedades y titubeos” y el
corresponsal de El País en Rabal, Francisco Perejil, escribió que “la respuesta
declaraba por primera vez, negro sobre blanco, que el Sáhara Occidental no
forma parte de Marruecos”.
Pero inmediatamente el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación salió al paso para manifestar que el Gobierno no
había variado su posición: la portavoz Ana María Rodríguez dijo a EFE que el
Gobierno sigue apostando por una solución “política justa, duradera y
mutuamente aceptable”, declaración
institucional con la que solventa siempre el conflicto del Sáhara, y reiteró la
“firme intención” de España de mantener una “relación privilegiada” con
Marruecos.
Desde Exteriores se reconoció a El País que la
respuesta parlamentaria pudo haberse redactado mejor, pero que las relaciones con Marruecos no están
sufriendo porque en Rabat “conocen muy bien nuestra postura”. Lo que parecía
una postura comprometida con la excolonia a la que España abandonó sin proceder
a la descolonización se quedó en agua de borrajas.
Por el contrario, varias instituciones
autonómicas hicieron una declaración de compromiso y han pedido al Gobierno de
Rajoy que actúe en consecuencia y que se cumpla la sentencia del TJUE. Los
parlamentos vasco, balear y aragonés y la asamblea de Extremadura aprobaron por
unanimidad declaraciones institucionales en este sentido, pues los acuerdos
asociados a la liberación entre Marruecos y la UE “no son de aplicación en el
territorio de Sáhara Occidental” y expresaron “su preocupación por la
explotación de los recursos naturales en Sáhara Occidental por parte de
compañías europeas, lo cual entra en contradicción con el derecho internacional
europeo”.
En la declaración se insiste en la “ilegalidad
de cualquier actividad comercial en territorio del Sáhara Occidental sin el
consentimiento del pueblo saharaui“, y se llama a las compañías europeas,
españolas y de cada comunidad para que
cesen las actividades que “puedan favorecer a la perpetuación de la
ocupación marroquí del Sahara Occidental y la explotación de sus recursos
naturales”.
Aprovechan para recordar que España puso fin a
su presencia en el Sáhara Occidental “dejando inconcluso el proceso de
descolonización, que ya estaba en curso en el marco de la ONU”, por lo que el
Estado “tiene una responsabilidad histórica, jurídica y moral con el pueblo
saharaui”.
Una declaración similar fue aprobada por el
pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
el 24 de marzo de 2017 y el Cabildo de Fuerteventura el 20 de marzo instó al Gobierno, a las instituciones
Canarias y a las empresas canarias a cumplir la sentencia del Tribunal Europeo,
a la vez que pidió el reconocimiento
efectivo del Frente Polisario.
El 28 de marzo los Grupos Parlamentarios
Unidos Podemos En Comú Podem En Marea y Compromís instaron a España acatar y
hacer cumplir la sentencia del TJUE, a
la vez que pidieron el cese de la represión de las manifestaciones de saharauis
en El Aaiún y garantías judiciales y observación internacional en el juicio de
Gdeim Izik.
En esta línea,
el senador de Compromís, Carles Mulet, ha presentado varias preguntas al
Gobierno pidiendo explicaciones sobre su “papel cómplice” con Marruecos, pues
considera que “su inhibición con el Sáhara permite las agresiones marroquíes
contra la población del territorio ocupado”, lo que califica de “cobarde y
colaboracionista”.
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