Fuente: Podemos
El pasado 7 de julio, el Gobierno de
Marruecos aprobó una ley y un decreto para delimitar sus aguas territoriales y
frontera marítima con las Islas Canarias, apropiándose de los espacios
marítimos del Sáhara Occidental en clara violación del derecho internacional de
un territorio no autónomo pendiente de descolonización por parte de Naciones
Unidas.
Estas leyes son contrarias a la sentencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, promulgada el 21 de diciembre de
2016, que reconoció que el Sáhara Occidental no pertenece a Marruecos y
estableció consecuentemente que los beneficios comerciales de los Acuerdos
Euromediterráneos entre la UE y Marruecos no son aplicables a sus recursos
naturales y productos, demanda histórica de activistas saharauis por los
derechos humanos, como Aminetu Haidar.
Así lo han recogido en respuesta a preguntas
parlamentarias tanto el Gobierno de España, que reconocía el contenido de la
sentencia, como la Comisión Europea, que aclaraba que la Declaración de la
Cumbre de Marrakech se aplicará “teniendo en cuenta debidamente la condición
jurídica distinta y separada del territorio del Sáhara Occidental con arreglo
al Derecho internacional”.
La ley promulgada por Marruecos entra en
conflicto con los intereses de España y Canarias, tanto en materia de recursos
naturales -debido a las prospecciones de minerales como el telurio y petróleo
en la zona- como en lo que concierne la protección del medio ambiente, ya que
nuestro país solicitó a Naciones Unidas la ampliación hasta 350 millas náuticas
de las aguas territoriales canarias en 2014. Precisamente ese mismo año, el
pueblo canario protagonizó marchas multitudinarias contra la concesión de
permisos de prospección petrolera en las islas. El Gobierno de España dio la
autorización con la opinión en contra también del Gobierno de Canarias, que ha
sido incapaz de desarrollar un marco competencial autonómico para resolver
conflictos sobre los recursos naturales desde la promulgación del Estatuto de
Canarias, actualmente en proceso de reforma.
España no puede permitir la política de
hechos consumados del Reino de Marruecos ni permitir violaciones del derecho
internacional y de la sentencia de obligado cumplimiento del TJUE. Desde
Podemos defendemos la libre determinación del pueblo saharaui, acorde con la
responsabilidad histórica de nuestro país y mediante una solución política
basada en las resoluciones internacionales del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, como única vía para acabar con un conflicto que dura ya 41 años y que
ha generado violaciones masivas y sistemáticas de sus derechos con
consecuencias especialmente graves para las mujeres saharauis. Pese a la
difícil situación que experimentan, las mujeres saharauis cuentan con mayor
número de representantes políticas y un estatus jurídico y político más
avanzado que las mujeres de otros países de la zona.
Desde Podemos también defendemos que la
relación con Marruecos -país con el que compartimos fronteras, intercambios
económicos, importantes flujos migratorios y poblacionales, una larga historia
de encuentros y desencuentros y un futuro de vecindad común- debe afrontarse
con sinceridad, respeto, firmeza y haciendo compatibles el respeto al derecho
internacional con los intereses de España y del pueblo marroquí.
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