Sergio Pascual | Pablo Bustinduy
Info Libre, 02/02/2019
El pasado mes de diciembre el emisario de
las Naciones Unidas Horst Köhler convocó en Ginebra una ronda de conversaciones
entre Marruecos y el Frente Polisario. Eran las primeras conversaciones entre
las partes en los últimos 6 años; fuentes diplomáticas anticiparon el apoyo a
Kohler de los Estados Unidos, que vendría a sumarse al de Rusia, dos miembros
clave del Consejo de Seguridad. Las siempre delicadas expectativas sobre un
posible desbloqueo del proceso de descolonización del Sáhara Occidental,
inacabado y enquistado desde 1991, han vuelto por tanto a aparecer, y es
importante preguntarse qué puede hacer España para contribuir a que
fructifiquen en todo lo que sea posible.
Para ello, es fundamental comprender que
esta oportunidad viene marcada por el terremoto que supuso la sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 27 de febrero del año pasado,
sobre los acuerdos pesqueros con Marruecos. En ella, el Tribunal no solo
confirma la adhesión de la Unión al principio de descolonización, uno de los
preceptos constituyentes de la política internacional tal y como la conocemos
desde 1948, y el reconocimiento del Frente Polisario como representante
legítimo del pueblo saharaui. El más alto tribunal europeo también establece
doctrinalmente que los países miembros de la Unión, y la Unión misma, no pueden
suscribir acuerdos con Marruecos que involucren los recursos de un tercero,
como viene sucediendo desde hace cuatro décadas con la explotación de recursos
del Sáhara Occidental a manos de consorcios y emprendimientos
europeo-marroquíes. Así, la sentencia pone en primer plano el componente
económico del conflicto y la corresponsabilidad de las potencias europeas en su
prolongación y en el bloqueo político de sus soluciones.
Frente a la firmeza de los argumentos del
alto tribunal, sin embargo, la Comisión Europea, varios Estados miembros y el
propio Parlamento Europeo, que recientemente avaló la estrategia en una
votación vergonzante sin garantías jurídicas suficientes, se han dedicado a la
construcción de forzados artilugios normativos con el único fin de eludir el
fondo y el espíritu de la sentencia. Esta actitud no solo añade al descrédito
de las instituciones europeas. Es del todo inaceptable, e incomprensible, que
España se haya sumado a ese camino de desobediencia. Cronifica el descrédito de
ser el único país del mundo que ha abdicado de su rol como potencia administradora.
Cabe recordar que el hoy ministro del Interior, en su etapa al frente de la
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, recogió en un auto las
responsabilidades de iure que corresponden a España en el proceso de
descolonización inacabado del Sáhara Occidental. Otro juez español, Pablo Ruz,
llegó a tipificar como genocidio los crímenes cometidos entre 1975 y 1992
contra el pueblo saharaui. La defensa de los Derechos Humanos, cabe recordar,
es otro elemento básico de la arquitectura multipolar, que presume principios
compartidos y no negociables para nuestra política exterior. Ni España ni la
Unión Europea, que han firmado por ejemplo cláusulas relativas al respeto de
los derechos humanos en sus tratados comerciales, deberían poder mirar hacia
otro lado.
Y sin embargo, eso es exactamente lo que
han hecho al negociar nuevos Acuerdos comerciales cuyo objetivo es burlar los
dictámenes de la justicia europea. No es solo una cuestionable decisión moral:
es una muy mala decisión política, que fragiliza nuestra posición negociadora
con terceros, nos resta credibilidad y fuerza, y sigue alimentando un supuesto
realismo geopolítico que, lejos de reportar ventajas, ha supuesto un verdadero
lastre para nuestra posición en el mundo, nuestra influencia en la región y nuestras
relaciones de vecinazgo en las últimas décadas.
Es urgente por tanto, ante el desbloqueo de
las conversaciones entre Marruecos y el Frente Polisario, que España corrija el
rumbo erróneo de los últimos cuarenta años. Urge respetar las sentencias de los
tribunales europeos en materia de descolonización y derechos humanos. Urge
establecer relaciones con el Gobierno de la RASD e iniciar negociaciones para
suscribir un acuerdo de pesca con el Frente Polisario que permita a nuestros
pescadores faenar con garantías de seguridad jurídica. Urge reorientar nuestras
relaciones con Marruecos hacia un modelo de cooperación constructiva, sólida y
basada en el respeto y la confianza mutua, que pueda favorecer el desarrollo de
los intercambios económicos, culturales, educativos y científicos entre
nuestros pueblos por encima de la suspicacia y la desconfianza. España debe
apoyar este nuevo impulso del proceso de negociaciones en curso poniendo como
prioridad ineludible el respeto a los derechos humanos y a las decisiones de la
Justicia europea, y ofreciendo a la vez un nuevo marco de cooperación y
colaboración en el que nuestro país se implique sinceramente con todas las
partes en la búsqueda de una solución política basada en las resoluciones
internacionales. No solo es nuestra obligación: también es nuestro mayor
interés.
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Sergio Pascual es diputado de Podemos en el
Congreso y Pablo Bustinduy es diputado y candidato de Podemos a las europeas de
mayo.
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