Los 24 civiles iban a ser
procesados por un tribunal militar horas después de que la ONU acusara a
Marruecos de emplear la tortura
Foto: EFE Imagen del campamento de
Gedeim Izik diez días antes de ser desmantelado por agentes marroquíes
Rabat era el escenario fijado
para que este miércoles comenzara en un tribunal militar el mayor juicio que se
haya celebrado nunca contra activistas saharauis y que finalmente se aplazó
sine die. Los acusados son 24 civiles saharauis señalados como responsables de
la organización del campamento de protesta Gedeim Izik en 2010 y de los
incidentes posteriores a su desmantelamiento por la fuerza.
Las autoridades del reino
alauí pospusieron el proceso sin fijar otra fecha, según han confirmado a ABC
algunos de los juristas internacionales que han viajado a la capital marroquí
para asistir como observadores. El argumento oficial esgrimido, según estas
mismas fuentes, es la incorporación al expediente de un nuevo acusado, aunque
este se había sumado ya al proceso señalado para ayer.
El reino alauí ha presentado
contra ellos cargos por asesinato, manifestación no autorizada, destrucción de
bienes públicos o uso de armas blancas y explosivos, según la agencia France
Presse.
Solo horas antes, el relator
de la ONU contra la Tortura, el argentino Juan Méndez, acusaba a Marruecos de
«tortura» tras haber presentado al Consejo de Seguridad un informe realizado el
mes pasado durante su visita al Sahara Occidental y a Marruecos. «Hay numerosas
pruebas de una utilización excesiva de la fuerza», dijo a la prensa, informa la
agencia France Presse. «Cada vez que está en cuestión la seguridad nacional, hay
una tendencia a emplear la tortura en los interrogatorios», añadió Méndez. Está
previsto, además, que el enviado especial de la ONU para el Sahara Occidental, el
estadounidense Christopher Ross, llegue a la región este sábado.
Varias decenas de saharauis se
manifestaron ante la sede del tribunal militar en el barrio rabatí de Agdal sin
que se produjesen incidentes. Ante ellos, juristas de cuatro países y
representantes de organizaciones humanitarias internacionales y marroquíes.
Los manifestantes, esencialmente
integrantes del denominado Comité de Seguimiento de los Presos de Gedeim Izik y
algunos de sus familiares, llevaban dos pancartas. En una se criticaba el hecho
de que sea un tribunal militar el que juzgue a civiles. En la otra se
solicitaba que la misión de la ONU en el Sahara Occidental, la Minurso, amplíe
su mandato para que entre sus labores esté la de vigilar los derechos humanos
en la ex colonia. Detrás del viaje de Méndez en septiembre está esta polémica.
«Informes en contra»
«Este juicio de civiles en un
tribunal militar es el de un régimen totalitario», dijo a ABC a través del
teléfono Brahim Dahane, activista saharaui y expreso político que estaba
presente en la protesta. Cree que con el aplazamiento, Marruecos «no quiere que
la situación se le vaya de las manos» ante posibles nuevos incidentes y porque
«tiene los informes en contra», dijo en referencia al informe de Méndez y a
otros como el también reciente del Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y
los Derechos Humanos (RFK) de Estados Unidos.
Todos los acusados se
encuentran desde hace casi dos años en la prisión de Salé, junto a Rabat, menos
uno, que fue puesto en libertad condicional por motivos de salud. Marruecos les
acusa de organizar entre octubre y noviembre de 2010 el campamento de Gedeim
Izik, que concentró durante semanas a las afueras de El Aaiún (capital del
Sahara Occiental) a miles de personas que reclamaron mejores condiciones de
vida bajo las autoridades marroquíes.
Ese campamento, que llegó a
contar con varios miles de jaimas (tiendas de campaña tradicionales del
desierto), supuso la mayor protesta de los saharuis desde hace décadas. Su
disolución manu militari el 8 de noviembre de 2010 por las Fuerzas de Seguridad
marroquíes y los altercados consiguientes en El Aaiún se saldaron con la muerte
de 13 personas, de las que 11 fueron agentes marroquíes y dos saharauis, según
el balance de Rabat.
Juristas internacionales
Aunque Marruecos y el Frente
Polisario firmaron hace más de dos décadas el alto el fuego, la intención de
Rabat es juzgar a todos los acusados, que son civiles, ante un tribunal militar.
Que se haya organizado este proceso así en tiempos de paz se trata de un «hecho
insólito», según la abogada española Inés Miranda, que encabeza en Rabat una
misión de cuatro juristas del Consejo General de la Abogacía Española. Además
de los cuatro letrados españoles se desplazaron a Rabat tres italianos, dos
franceses y una belga, que no tuvieron, como en otras ocasiones, problemas con
las autoridades del reino alauí.
Asistieron también
representantes de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de
las dos principales ONG de derechos humanos de Marruecos, la AMDH y la OMDH.