En su informe al Consejo del
22 de abril, La Comisaria Damanaki aseguró que prácticamente se habían resuelto
los aspectos técnicos y financieros que separaban a ambas partes, pero que
persistían los problemas "de índole político". El último escollo que
queda es el Sáhara Occidental y la insistencia de la Comisión a Rabat de la
necesidad de garantizar el respeto de los Derechos Humanos en el territorio.
Europa Press informó de que
fuentes cercanas a la Comisaria Damanaki confirmaron que está esperando una
respuesta de Rabat sobre las propuestas de la UE de incluir salvaguardas de los
derechos humanos en el acuerdo. Además, las partes aún no han fijado una fecha
para la próxima ronda de conversaciones para resolver el asunto.
Fue España quien solicitó
información sobre el estado de las negociaciones de la Comisión con Marruecos.
España tiene un enorme interés en el banco de pesca en aguas de Marruecos, del
Sahara Occidental y de Mauritania y, en ausencia de acuerdos de pesca en dichas
aguas, el sector pesquero español está presionando a su gobierno como nunca
antes lo había hecho. Por otra parte, el Parlamento Europeo se está tomando su
tiempo para discutir el acuerdo con Mauritania y el ponente del Parlamento ha recomendado su
rechazo.
Las embarcaciones que
tradicionalmente se han beneficiado de los acuerdos de pesca entre la UE y
Marruecos han sido predominantemente españolas. La flota tuvo que abandonar la
zona cuando el Parlamento Europeo se opuso al acuerdo en diciembre de 2011,
cuestionando su rentabilidad económica, su sostenibilidad ambiental y su
legalidad por la inclusión de las aguas del Sáhara Occidental.
Como era de esperar, el
ministro español de Pesca Arias Cañete ha solicitado a la Sra. Damanaki cerrar el acuerdo "urgentemente".
El ministro, quien evitó nombrar a la ex colonia española, declaró a la prensa
que las cuestiones políticas mencionadas por el Comisario se refieren a
"los beneficios para la población" y "a las cuestiones relacionadas
con los derechos humanos que algunas delegaciones, especialmente los nórdicos,
han puesto sobre la mesa".
El mandato de la MINURSO
termina el 30 de abril. En su informe sobre la situación en el Sáhara
Occidental, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió su renovación y
afirmó que "ante los constantes informes de violaciones de derechos
humanos, la necesidad de una supervisión independiente, imparcial, completa y
sostenida de la situación de los derechos humanos tanto en el Sáhara Occidental
y los campamentos se hace cada vez más urgente". Ban Ki-Moon también
expresó su preocupación por la sentencia de ciudadanos saharauis en tribunales
militares marroquíes. Algunos de estos activistas, que fueron condenados en
febrero a cadena perpetua, han sido abiertos opositores a los acuerdos de pesca
de la UE en el Sahara Occidental.
Poco después del informe de
Ban Ki-Moon, Estados Unidos anunció que propondría a la MINURSO para supervisar
los derechos humanos en toda la zona de conflicto.
Marruecos, con el apoyo de
España, está haciendo lobby para evitar que el Consejo de Seguridad incluya una
cláusula de vigilancia de los derechos humanos en el mandato de la operación de
paz de la ONU en el territorio.
Los últimos contactos formales
entre Bruselas y Rabat se remontan a principios de febrero.