Entre los españoles que intentan viajar al
Sáhara Occidental para pedir que Marruecos respete los derechos humanos y
apoyar a los saharauis independentistas hay sindicalistas, miembros de la
sociedad civil, militantes y cargos de Izquierda Unida, Unión Progreso y
Democracia, Esquerra Republicana de Catalunya, Coalició Compromis, Partido
Nacionalista Vasco, Bildu etcétera y algún que otro socialista.
Rara vez un miembro del Partido Popular se
ha apuntado a estas comitivas y menos desde que gobierna Mariano Rajoy España.
Rosa Valdeón, de 53 años, alcaldesa de Zamora y vicesecretaria regional del PP,
sí lo hizo el pasado fin de semana junto con otras tres mujeres
castellanoleonesas. La policía marroquí no las dejó bajar del avión.
Esta "expulsión preventiva"
constituye, según la alcaldesa, un "ataque a los derechos civiles".
"Solo puede explicarse pensando que los marroquíes no quieren testigos
incómodos del trato que recibe el pueblo saharaui en los territorios
ocupados", declaró la alcaldesa a su regreso a España.
El Gobierno del PP guardó silencio sobre la
cuádruple expulsión de esa antigua colonia española como lo hizo en su día el del
PSOE cuando la policía marroquí impedía a las delegaciones desembarcar en El
Aaiún. María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, sí se pronunció,
el lunes 1 de septiembre, pero fue para desautorizar a la alcaldesa en una
entrevista en Antena 3 TV.
Rosa Valdeón, dijo Cospedal, tiene la
obligación de mantener una "actitud de prudencia" dando a entender
que no lo había sido. Debe actuar así teniendo en cuenta la relación
"especial" que España mantiene con Marruecos "como vecino
privilegiado", añadió. Concluyó afirmando que era necesario contrastar las
versiones de ambas partes, la marroquí y la alcaldesa, sobre la expulsión. Puso
así en duda la proporcionada por su correligionaria política.
Podía haber dicho Cospedal que le hubiese
gustado que las autoridades marroquíes se comportasen con la alcaldesa como lo
hicieron, en septiembre de 2013, con una delegación de cuatro parlamentarios
españoles (IU, PNV, Amaiur y Compromís) a la que, sorprendentemente, sí dejaron
entrar y mantener in situ cuantas entrevistas quisieron. Nadie en Rabat se
hubiese molestado ante tal comentario.
Podría haber dicho Cospedal que la
expulsión no estaba justificada porque, a ojos de Naciones Unidas, el Sáhara
Occidental sigue siendo un territorio pendiente de descolonización cuya
potencia administradora es España aunque no pueda ejercer esa función. Lo
sostiene, por ejemplo, la Asamblea General y un informe elaborado en 2002 por
Hans Corell, entonces secretario general adjunto de Asuntos Jurídicos de la
ONU. El comentario de Cospedal sí hubiese disgustado en Rabat, pero sería
conforme al derecho.
Acatando sin rechistar la expulsión,
Cospedal y el Gobierno español hacen, en el fondo, un flaco favor a Marruecos.
Rabat deja caer con frecuencia que un Sáhara independiente desestabilizaría no
solo Marruecos sino a todo el noroeste de África que ya pasa por graves
turbulencias. Argumenta que la solución al conflicto es su oferta de autonomía
para el territorio que ya formuló en 2007 y que las potencias occidentales ven
con buenos ojos, pero que el Frente Polisario rechaza.
Pero para que esa propuesta sea creíble es
necesario que las autoridades marroquíes dejen de apalear a los saharauis
independentistas cada vez que se echan a la calle y que la prensa y las
delegaciones, como la que encabezaba Rosa Valdeón, puedan entrar y moverse
libremente por el territorio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario