Manuel
Ollé, profesor de Derecho Penal Internacional. Es el abogado responsable del
equipo jurídico en la Audiencia Nacional sobre el proceso por genocidio en el
Sahara
ZARAGOZA.
- Manuel Ollé, profesor de Derecho Penal Internacional, es el abogado
responsable del equipo jurídico en la Audiencia Nacional sobre el proceso por
genocidio en el Sahara Occidental. Ollé, coordinador de esta investigación que
abarca los delitos cometidos contra los refugiados entre los años 1975 y 1992,
considera que la propuesta del juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, de
procesar a once altos cargos y militares del Gobierno de Marruecos es "un
logro en la carrera por la dignidad y los derechos humanos de las
víctimas".
¿Por qué es un logro en sí mismo el auto del juez Ruz?
Porque,
por primera vez, se pone por escrito y en una resolución judicial el hecho de
que existió una auténtica finalidad de eliminar al pueblo saharaui. El auto
demuestra que hubo una clara voluntad de acabar con él por parte de las fuerzas
ocupantes marroquíes. Desde el punto de vista jurídico, las víctimas saharauis
y los responsables de las asociaciones de derechos humanos han visto cómo se
les ha dado la razón: los hechos que se habían cometido en ese pueblo eran
constitutivos de un crimen de genocidio. Además, también se pone de manifiesto
que España tiene jurisdicción y competencia en lo acontecido.
¿Cuáles han sido las claves para llegar hasta aquí?
El
primer paso más importante en este proceso fue la propia admisión en 2006 de la
querella, en un momento incierto. El proceso no hubiera podido continuar
adelante sin la absoluta independencia del poder judicial, por encima del
político. El tercer escalón ha sido el admirable trabajo y lucha constante por
parte de las víctimas y asociaciones que arrimaron el hombro desde el primer
momento y realizaron un esfuerzo tremendo viniendo a declarar desde los campos
de Tinduf. El cuarto momento clave fue la modificación de la Ley de Justicia
Universal, cuando el juez Ruz confirmó la continuidad del procedimiento y que
no afectaba la ley. Dijo que no solo se perseguía (el crimen) al amparo del
principio de Justicia Universal sino también al amparo del principio de territorialidad.
La última de las claves es el apoyo del proceso, desde el primer momento, por
parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El último informe del fiscal
José Perals apoyando el procesamiento de estos once responsables ha sido un
factor muy importante.
¿El hallazgo de la fosa común en 2013 es otro de esos escalones?
Es
la última clave fáctica. El hallazgo de la fosa y las investigaciones
realizadas por dos profesionales de una categoría tan grande como el forense
Paco Echevarría y Carlos Beristáin demostraron que existía la finalidad de
hacer desparecer a las víctimas y evitar que se encontrara algún rastro de los
desaparecidos. Demuestra la crueldad con la que eran tratados los saharauis,
durante las torturas, las ejecuciones extrajudiciales y tantas otras
aberraciones.
Y, ¿por qué llega ahora?
El
derecho penal internacional es un bebé que comienza en estos momentos su etapa
de adolescencia. Los principios de Núremberg congelaron el derecho penal
internacional. Ha sido a partir de 1997 y 1998 cuando se ha dado el desarrollo
de la Corte Penal Internacional, el momento a partir del cual parece que hemos
recuperado la conciencia de que estos graves crímenes no podían quedar impunes.
Lamentablemente, la defensa de los derechos humanos en todos los grandes
crímenes que se cometieron durante el siglo pasado ha tenido una respuesta
tardía. Pero más vale esa respuesta tardía y no que se haya consumado y
perpetuado la impunidad de estos hechos.
¿Qué supondrá para el proceso la marcha del juez Ruz de la Audiencia
Nacional?
Tanto
el juez Garzón, que admitió la querella, como el juez Ruz, han sido
determinantes en el caso. Ahora, la marcha del proceso no es cuestión de
nombres ni jueces, sino de continuar con el procedimiento. El nuevo juez es muy
competente y comprometido con la justicia, como es su obligación, pero también
con los derechos humanos. Sólo con que continúe la estela de estos anteriores,
el procedimiento seguirá adelante.
¿Qué es ahora lo más complicado?
Traer
a los procesados, o a alguno de los procesados, ante los tribunales españoles.
El juez Ruz ha decretado siete órdenes internacionales de detención con fines
de extradición pero lógicamente, y ojalá me equivoque, Marruecos, como ha hecho
siempre con las comisiones rogatorias y la cooperación judicial que se le ha
pedido, va a hacer caso omiso. En España no tenemos el proceso en rebeldía, por
lo que no se puede realizar el juicio si la persona en cuestión no está en el
propio acto del juicio. Y ese será el escollo más importante.
Porque no se espera la cooperación de Marruecos...
Desde
2006 Marruecos no ha atendido ninguna de las solicitudes que hemos realizado.
En este sentido, detener a un ciudadano marroquí y entregarlo a las autoridades
españolas me parece algo sumamente difícil.
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