Madrid,
10 abr (EFE).- El juez Pablo Ruz ha remitido hoy al Ministerio de Justicia una
comisión rogatoria destinada a Marruecos para que sus autoridades comuniquen su
procesamiento a once altos cargos, militares y policías marroquíes por delitos
de genocidio perpetrados en el Sahara Occidental entre 1975 y 1992.
Según
han informado hoy fuentes jurídicas, el juez de la Audiencia Nacional ha
cursado hoy también, vía Interpol, las órdenes de detención a efectos de
extradición acordadas para siete de estos once procesados -Ben Hachem, Abdelhak
Lemdaour, Driss Sbai, Said Ouassou, Hassan Uychen, Brahim Bensami y Hariz El
Arbi- "al no constar el paradero de los mismos".
En
la comisión rogatoria remitida al Ministerio de Justicia para que este a su vez
la haga llegar a las autoridades marroquíes, Ruz pide también a Marruecos que
facilite datos de filiación de los procesados.
Fundamentalmente
del coronel Lamarti, Muley Ahmed, Bel Laarabi y Loudghiri, sobre los que el
juez señalaba ayer en su auto que pediría a Marruecos que recabe y aporte los
datos que faciliten su correcta "identificación y filiación".
Asimismo,
el juez en esta misma comisión rogatoria pide también a las autoridades
marroquíes que notifiquen a los cuatro últimos querellados que se les notifique
el escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, del 22 diciembre, por si se
quieren personar.
Esta
sería la cuarta comisión rogatoria remitida a Marruecos en relación con esta
causa, y de las tres comisiones rogatorias cursadas desde que el juez Baltasar
Garzón admitió a trámite esta querella interpuesta en 2006 ninguna ha recibido
respuesta, según las citadas fuentes.
Los
once procesados son: el coronel mayor de la Gendarmería Real en Agadir, Driss
Sbai; el interventor del director de Policía Judicial, Brahim Ben Sami; el
comisario Hariz El Arbi; el coronel Lamarti y el exgobernador de la
Administración Territorial del Sahara Abdelhafid Ben Hachem.
También
están el excoronel Abdelhak Lemdaour; los exgobernadores del campo de
refugiados de Smara Said Oussaou y Hassan Uychen, así como Muley Ahmed
Albourkadi, Bel Laarabi y Abdelghani Loudghiri.
Por
el contrario, respecto a ocho querellados -Housni Benslimane, Najib Ben Hima,
Moustafa Hamdoui, Amini, Ayachi, Abdelaziz Allabouch, Sanhaji Hamid y Lehsan
Chaf Yeudan- el juez acordó no decretar por el momento su procesamiento ante la
falta de pruebas, sin perjuicio de que posteriormente se pudiera ampliar
también a ello el procesamiento "si aparecieran nuevas pruebas".
El
juez decretó estos procesamientos, a instancias de la Fiscalía, basándose en
las declaraciones prestadas por 19 víctimas directas que permiten
"corroborar la indiciaria veracidad" de los delitos denunciados, apoyadas
en muchas ocasiones por "documentos de identidad de la época o fotografías
de las lesiones sufridas como consecuencia de las torturas".
Entre
esas pruebas, Ruz destacaba "el hecho fundamental que supuso el hallazgo
de una fosa común en febrero de 2013 en la zona de Amgala (Sahara Occidental)
con 8 cadáveres que han sido plenamente identificados por el ADN, así como por
la documentación que tenían entre sus prendas", a raíz de lo cual
declararon las personas que presenciaron esos asesinatos, así como sus
familiares.
Asociaciones
de apoyo al pueblo saharaui y pro derechos humanos denunciaron el 14 de
septiembre de 2006 a 31 altos cargos, militares y policías marroquíes por la
desaparición de 542 saharauis desde que España se retiró del territorio en 1975,
y que fueron ampliando con nuevos querellados.
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