"Torture Still Widely Used in Morocco, Amnesty International Says" The New York T
Periódicos de Estados Unidos como The New York Times han hecho eco del informe de Amnistía Internacional con grandes titulares en sus primeras páginas, que indica el régimen marroquí como país donde con impunidad se practica salvajes metidos de torturas a fin de obtener de los presos y detenidos contrarios al régimen confesiones. Practicas que se han usado contra presos políticos, defensores de derechos humanos saharauis, y presos marroquíes comunes.
Lamenta que se procese por «calumnia» o
«denuncia falsa» a quienes denuncian haber sido torturados
La tortura sigue siendo una práctica
endémica en Marruecos pese a que las autoridades hayan acometido en los últimos
años algunas reformas para acabar con su uso, según ha denunciado Amnistía
Internacional (AI) en un informe en el que ha documentado 173 casos de presunta
tortura y otros malos tratos.
Palizas, posturas en tensión, asfixia,
simulación de ahogamiento, violencia psicológica y sexual, son algunas de las
técnicas de tortura empleadas por las fuerzas de seguridad marroquíes para
obtener «confesiones» de delitos o silenciar a activistas y sofocar la
disidencia, según la ONG.
«Los líderes de Marruecos presentan la
imagen de un país liberal y que respeta los Derechos Humanos. Pero mientras se
cierna sobre la detención y la disidencia la amenaza de la tortura, esa imagen
será sólo un espejismo», ha defendido el secretario general de AI, Salil
Shetty.
«Si se rasca la superficie aparece la
tortura, que se utiliza para silenciar la protesta y que empaña las sentencias
judiciales. Oponerse a la desigualdad o defender las propias creencias comporta
el riesgo de ser víctima de violencia y tortura», ha lamentado en un
comunicado.
El informe, «La sombra de la impunidad:
Tortura en Marruecos y Sáhara Occidental», se basa en 173 casos de presunta
tortura y otros malos tratos infligidos por la Policía y las fuerzas de
seguridad a hombres, mujeres y menores de edad entre 2010 y 2014.
Según la ONG, entre ellos figuran
estudiantes, activistas políticos de filiación izquierdista o islamista,
partidarios de la autodeterminación del Sáhara Occidental y presuntos
terroristas y delincuentes comunes.
En el texto, Amnistía resalta que tras la
llegada al trono de Mohamed VI hubiera un «reconocimiento de la responsabilidad
del Estado» en las torturas y otras violaciones de Derechos Humanos cometidas
durante los llamados «años de plomo» (1956-1999) y el hecho de que el país se
haya sumado en los últimos años a varios mecanismos internacionales en la
materia, además de incluir en su Constitución de 2012 la prohibición expresa de
la tortura.
«Un verdadero cambio»
Sin embargo, «el verdadero cambio exige más
que un compromiso sobre el papel», defiende la ONG. Aunque el nivel con el que
se recurre a las torturas «es menor que en décadas anteriores» todavía se sigue
llevando a cabo porque «no se aplican las garantías existentes» sobre todo la
de investigar las denuncias de estas prácticas y la impunidad que parece
imperar al respecto.
Amnistía, que no ha podido realizar una
misión de investigación como tal en Marruecos para elaborar su informe, ya que
las autoridades prohibieron a la organización el acceso en octubre de 2014,
remitió al Gobierno marroquí una evaluación preliminar de las conclusiones de
su informe, a la que Rabat respondió exponiendo sus esfuerzos para combatir la
tortura, incluidas las reformas jurídicas previstas.
«El Gobierno afirma que la tortura es cosa
del pasado. Y ha adoptado algunas medidas, pero es que incluso un solo caso de
tortura representa negligencia grave», ha sostenido Shetty, incidiendo en que
la organización ha «documentado 173 en todo Marruecos y Sáhara Occidental, y de
personas de toda condición».
«La legislación marroquí prohíbe la
tortura, pero para que esta prohibición tenga significado en la práctica, la
autoridades deben investigar debidamente las denuncias, en vez de descartarlas
sin más», ha subrayado.
El informe muestra que existe riesgo de
tortura desde el momento de la detención y durante todo el tiempo que la
persona está bajo custodia policial. Asimismo, constata que con frecuencia los
tribunales hacen la vista gorda ante las denuncias y dictan sentencias
empañadas por la tortura.
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