Fotos frente al juzgado; activistas saharauis DDHH |
La policía marroquí retuvo este domingo al
jurista sevillano Francisco Serrano durante una hora a su llegada en barco a
Tánger
El exalcalde de Montellano (Izquierda Unida)
tenía prohibido entrar en el país después de haber sido expulsado en abril en
una misión de observación
Los letrados Travieso, Sebastián, Adolfo y
Serrano observarán la causa contra los saharauis detenidos en 2010 en el
campamento de Gdeim Izik acusados de matar a once policías
No es la primera vez que el abogado Francisco
Serrano tiene que enfrentarse a la policía marroquí. El domingo por la tarde,
el letrado español se embarcó rumbo a Tánger junto a otros tres abogados
españoles, María Dolores Travieso, Gustavo Adolfo y Ana Sebastián. Se dirigían
a Rabat como "juristas observadores comisionados" por el Consejo
General de la Abogacía Española para vigilar el macrojuicio contra los 24
saharauis acusado de matar a once policías en las revueltas de 2010 en Gdeim
Izik.
Sin embargo, al llegar a tierras marroquíes,
el abogado Francisco Serrano fue "retenido en el barco durante una hora y
me llegaron a comunicar que me expulsaban. Llegaron después tres policías, que
me condujeron a comisaría y allí me comunicaron, finalmente, que sí podía
entrar en el país", explica el propio Serrano a eldiario.es Andalucía
desde Rabat.
Serrano había sido expulsado del país hace
nueve meses, cuando acudió con una misión internacional para vigilar la huelga
de hambre de 13 presos saharauis confinados en una cárcel de Salé (Marruecos).
"La orden de expulsión de abril era de expulsión y prohibición de
entrada", aclara Serrano.
El 6 de abril de 2016, los letrados no
llegaron a estar en Marruecos ni 24 horas. Como le explicó a este diario Juan
Carlos Gómez, "llegamos, comimos y a los 40 minutos de llegar al hotel, la
policía fue llamando puerta por puerta para pedirnos los pasaportes".
Tras requisarle la documentación, la policía
les indicó que les acompañaran a una comisaría de Rabat, donde les confiscaron
los móviles y los tuvieron retenidos durante más de cuatro horas. A la mañana
siguiente, los llevaron a Tánger y Casablanca, para que tomaran sus respectivos
barcos y aviones de vuelta.
Condena sin "ningún tipo de pruebas"
En esta ocasión, la misión ha podido, al
menos, llegar a su objetivo: el macrojuicio contra los 24 saharauis detenidos
en 2010 y acusados de la muerte de once policías. Los reos están condenados a
entre 20 años de cárcel y cadena perpetua por una sentencia militar revocada, a
la que desde este lunes se le da curso por la vía civil.
El juicio tiene lugar entre imputaciones por
"formación de banda criminal, violencia contra la fuerza pública con
resultado de muerte y mutilación de cadáveres", la exigencia del Frente
Polisario de que se les libere inmediatamente y la vigilancia de organizaciones
de derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, que
consideran que la condena del tribunal militar contra los 25 saharauis se hizo
"ningún tipo de pruebas".
El presidente de la Asociación Profesional de
Abogados Saharauis, Sidi Mohamed Talebbuia, subrayaba hace unos meses que el
tribunal militar les acusó de "pertenencia a banda criminal, atentado
contra la autoridad, poner en peligro la seguridad "nacional" y un
largo etcétera de delitos nunca demostrados. Nunca hubo pruebas y las
confesiones se obtuvieron a partir de torturas".
Los presos saharauis participaron en una de
las primeras manifestaciones de la Primavera Árabe, la que tuvo lugar en 2010
en el campamento Gdeim Izik, en las inmediaciones de El Aaiún, la capital del
Sáhara Occidental. Están considerados los "ideólogos" de las
protestas del campamento Gdeim Izik, en las que los ciudadanos reclamaban tanto
derechos sociales, como el derecho a la autodeterminación del Sáhara. De los
cientos de detenidos durante las protestas, muchos fueron liberados a los
meses, 25 fueron condenados y 21 se encuentran en prisión.
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