El tribunal civil que juzgaba a 24 activistas saharauis
procesados por la muerte de once agentes marroquíes ha dictado las mismas
sentencias que el tribunal militar de Rabat en 2013
Expertos en derecho internacional y observadores lo consideran
un "juicio político y nulo"
Los saharauis en libertad hicieron la señal de la victoria
pero seguirán "en pie para liberar a los compañeros"
La madrugada del 19 de julio fue larga para quienes esperaban
el veredicto del juicio a 24 saharauis acusados del asesinato de 11 gendarmes
marroquíes el 8 de noviembre, durante el desmantelamiento en 2010 del
campamento Gdeim Izik, conocido también como 'Campamento de la Dignidad', a 14
kilómetros de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental. E n él, miles de
manifestantes pedían el fin de la ocupación, y además de los agentes
marroquíes, murieron dos civiles saharauis.
El escenario de la noche del martes no parecía favorable para
los detenidos, confesó desde la puerta del Tribunal uno de los defensores de
derechos humanos a eldiario.es. El despliegue policial en los barrios donde
residen los activistas saharauis de El Aaiún, la falta de luz en el Tribunal de
Apelación de Salé mientras los observadores internacionales esperaban en la
calle el resultado, y el aumento de agentes secretos en Salé "hacían
esperar sentencias duras".
Y se cumplieron los pronósticos. Después de 20 horas de
deliberación, el Tribunal de Apelación de Salé dictó penas similares a las ya
impuestas por el Tribunal Militar de Rabat en 2013. Castigos desde la cadena
perpetua para siete saharauis, hasta lo más livianos, 20 años de cárcel para
otras tres personas. En esta ocasión, dos presos quedaron en libertad por haber
cumplido la condena durante los siete años que han estado en prisión.
Diech Daf, condenado a seis años y medio, y Bakay Arabi a
cuatro años y cinco meses, quedaron en libertad y llegaron haciendo la señal de
la victoria a las viviendas que los saharauis alquilan en Salé para visitar a
sus familiares en la cárcel. "No tengo expresión, nuestra alegría es
incompleta mientras que nuestros compañeros estén en la cárcel. No vamos a
sentarnos, vamos a estar de pie para liberar a todos los saharauis en las
prisiones", confesaba Diech a la televisión Smara News.
"Nadie se deja engañar"
Los condenados "están en plena forma", ha asegurado
Claude Mangin, la esposa de Naama Asfari, considerado el cerebro del
campamento, que ha sido sentenciado a una pena de 30 años. Esta profesora
francesa, varias veces expulsada de Marruecos, denunció telefónicamente que
"han sido condenados sin pruebas, y nadie se deja engañar. La ONU tiene
todo lo necesario para condenar a Marruecos. Todo está escrito y lo
recibirán".
El presidente de la Coordinadora de las familias y amigos de
las víctimas marroquíes, Ahmed Atertour, ha afirmado en declaraciones a la
prensa que las penas son "equitativas para las dos partes" al no
haberse dictado "pena de muerte" para ningún acusado. También
agradeció a las asociaciones de la sociedad civil y a los abogados, marroquíes
y extranjeros el apoyo a los familiares de los gendarmes fallecidos.
Aminatou Haidar, defensora saharaui de los derechos humanos y
una militante en favor del derecho a la libertad y a la autodeterminación del
Sáhara Occiental considera que estas sentencias "son un castigo político
contra todo el pueblo saharaui, contra su resistencia pacífica y contra la
comunidad internacional", según explicó a eldiario.es. Es crítica con
Marruecos porque, dice, "por desgracia, el aparato judicial marroquí no es
absolutamente independiente y está directamente dirigido por el Palacio Real
Marroquí".
Un juicio para "maquillar" el proceso militar
En 2013 el Tribunal Militar de Rabat dictó sentencia contra
los 24 saharauis con condenas de los 20 años a la cadena perpetua. Después de
tres años el Tribunal de Casación de Rabat la anuló. Marruecos decidió
emprender un nuevo juicio tras la decisión del Comité de la ONU contra la
Tortura de noviembre de 2016 que consideró que el país había vulnerado las
Convención contra la Tortura en relación al acusado Naama Asfari. Entonces se
inició de nuevo el juicio ante un tribunal civil "para demostrar que en
Marruecos no se tortura", asegura Juan Soroeta, profesor de Derecho
Internacional Público en la Universidad del País Vasco.
Para este experto en Derecho internacional, que participó como
observador internacional en ambos procesos, el objetivo era
"maquillar" un juicio militar que "había sido irregular desde
todos los puntos de vista". "El Tribunal de Casación estableció que
no existían pruebas, y que no existían vínculos entre las personas procesadas y
los fallecidos, de quienes no había autopsia", recuerda.
Sin embargo, la prensa marroquí achacó la anulación del
tribunal militar a "no tener competencia". La Constitución de 2011
contemplaba que un tribunal militar no tenía competencia para procesar a civiles
pero "no había un desarrollo de la ley", detalla Soroeta.
Solo dos días antes del veredicto, Amnistía Internacional y
Human Rights Watch enviaron un comunicado advirtiendo de que las autoridades
judiciales marroquíes debían asegurarse de que las sentencias que se dictaran
en "un juicio masivo no se basan en confesiones o declaraciones que
involucren a otros acusados y obtenidas mediante tortura u otros malos tratos
durante los interrogatorios policiales".
El campamento Gdeim Izik se creó el 10 de octubre [2010] para
exigir derechos sociales, políticos y económicos. Comenzó con 9 personas, y
llegaron a reunirse hasta 20.000 ciudadanos acampados en jaimas, las tiendas de
campaña de los pueblos nómadas. A los 21 días del asentamiento, las leyes
internacionales hubieran permitido que fuese declarado campamento de
refugiados. Pero para eso era necesaria la intervención de la MINURSO, la
misión de la Organización de las Naciones Unidas para el [Referéndum en el] Sáhara.
Una posibilidad que no se dio porque este organismo se mantuvo al margen.
Entre los observadores, llegó el martes
Mans Andersen, ex relator especial de la ONU, que calificó la detención de
"arbitraria". Algo que se toma como una señal de que las
instituciones internacionales reaccionarán y "se verán obligados a negociar
con el Frente Polisario", piensa Claude Mangin.
No hay comentarios:
Publicar un comentario