• Paloma López, desde el Parlamento
europeo, y Eva García Sempere, desde el Congreso, coinciden en “saludar” la
decisión del TUE por “volver a declarar que los acuerdos legítimos que realice
la Unión Europea con otros países no pueden nunca involucrar a los recursos
naturales de otros territorios, ni por tierra y ni por mar”
• “El Gobierno debe garantizar que las
cofradías y empresas pesqueras que faenan en aguas del Sáhara mantengan su
actividad económica y, por tanto, no se vea afectado ningún puesto de trabajo
asociado”
Izquierda Unida considera que tanto la
Unión Europea (UE), en su conjunto, como “especialmente” el Gobierno español
“deben de tomar nota” de la última sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (TUE) sobre el acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos, además
de las resoluciones anteriores, “y empezar a corregir las injusticias cometidas
durante décadas con el pueblo saharaui”. Para IU, “no se trata de que las
empresas españolas o europeas dejen de pescar o de realizar cualquier otro
negocio, si no de que los saharauis y sus representantes son los únicos que
pueden decidir a la hora de ceder sus recursos”.
En esta valoración coinciden la
eurodiputada de Izquierda Unida y vicepresidenta del Intergrupo sobre el Sáhara
Occidental del Parlamento Europeo, Paloma López, y la diputada de esta misma
formación en el Congreso Eva García Sempere.
El TUE dictaminó hoy que el acuerdo de
pesca entre la UE y Marruecos es ‘válido’ porque no es aplicable al Sáhara
Occidental ni a sus aguas adyacentes, ya que sería contrario al principio de
libre determinación recogido en el Derecho internacional.
Para García Sempere, “saludamos la
sentencia del tribunal europeo. Corregir esta injusticia y dar la razón a
quienes legítimamente reclamaban la potestad y la capacidad de decisión sobre
sus propios recursos naturales era algo que debió hacerse hace mucho tiempo. Ni
la UE, en general, ni el Gobierno español, en particular, han estado a la
altura en estos años”.
López añade que “estamos ante la única posición
posible que podía tomar la justicia europea, que vuelve a declarar que los
acuerdos legítimos que realice la Unión Europea con otros países no pueden
nunca involucrar a los recursos naturales de otros territorios, ni por tierra y
ni por mar”.
“Las cofradías y las empresas pesqueras
-considera- tienen todo el derecho a mantener su actividad económica donde
estimen mejor para sus intereses. Corresponde a los gobiernos de Europa y de
Marruecos abandonar la forma en que hasta ahora han negociado sin ningún
derecho sobre los recursos de un territorio autónomo como es el Sáhara
Occidental”.
La eurodiputada insiste en que el Gobierno
español “debe proteger a las empresas de nuestro país que trabajan en este
territorio mediante acuerdos que garanticen el cumplimiento de la ley y
realizados con sus legítimos representantes”.
En la misma línea, Eva García Sempere
advierte de que “estaremos muy vigilantes desde el Congreso respecto a los
acuerdos de pesca que el Gobierno del PP debe empezar a impulsar a la mayor
brevedad con los legítimos representantes del pueblo saharaui. Debe garantizar
así que las cofradías y empresas pesqueras que faenan en aguas del Sáhara
mantengan su actividad económica y, por tanto, no se vea afectado ningún puesto
de trabajo asociado. Indudablemente, habrá una garantía mayor, ya que se
tratará de acuerdos legítimos que no estarán bajo la sospecha permanente por
violar la soberanía del Sáhara”.
Paloma López, por su parte, incide en que
con lo dictaminado hoy por el TUE “se vuelve a dar la razón al pueblo saharaui
y a su representante legal, el Polisario, al reivindicarse como las legítimas y
únicas instituciones que pueden negociar sobre los recursos de su territorio y
su futuro”.
La vicepresidenta del Intergrupo sobre el
Sáhara Occidental del Parlamento Europeo apuesta por que “los gobiernos de
Europa, y en especial el español, establezcan relaciones comerciales normales y
legales con los representantes saharauis, como parte de su labor como potencia
descolonizadora en el proceso de autodeterminación”.
“Nadie -apostilla Paloma López-, y mucho
menos las instituciones y gobiernos de Europa, pueden solapar con una potencia
militar ocupante los derechos legítimos del pueblo saharaui”.
Tacha, además, de “llamativo” que desde
determinados medios y espacios políticos se haya presentado esta denuncia “como
un ataque contra las empresas españolas o nuestra economía. Lo que se busca con
acciones judiciales de este tipo es que los gobiernos cumplan la ley al
establecer acuerdos comerciales sobre recursos saharauis sin contar con sus
dueños legales”.
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