*Portada diario El Mundo 27 de noviembre de 2010
Pide comprobar si en Marruecos hay una investigación "efectiva" por la muerte del español antes de determinar si la Audiencia Nacional es el órgano competente para juzgar lo ocurrido
PUBLICO ÁNGELES VÁZQUEZ MADRID 27/11/2010 08:00
Los hechos denunciados en las dos querellas presentadas en la Audiencia Nacional por la muerte del español Baby Hamday Buyema "podrían ser constitutivos de un delito de lesa humanidad". Es la conclusión a la que llega la fiscalía a la hora de examinar si la Audiencia Nacional es el tribunal competente para investigar lo ocurrido durante el desmantelamiento por Marruecos del campamento saharaui Dignidad en El Aaiún.
Sin embargo, no informa a favor de que el juez Ismael Moreno se declare competente para investigar lo denunciado; apela al principio de subsidiariedad para dar prioridad a la investigación en el lugar donde ocurrieron los hechos. El escrito fiscal, firmado por Pedro Martínez Torrijos, solicita tramitar una comisión rogatoria (ayuda judicial internacional) a Marruecos para acreditar "la existencia o inexistencia de investigación efectiva" sobre la muerte de Baby Hamday Buyema en dicho país.
De si existe esa investigación o no dependerá que la fiscalía informe a favor de la admisión a trámite de las querellas o pida su rechazo. Pero que se ha abierto una investigación en Marruecos es algo que ya transmitió el ministro de Interior marroquí, Taieb Cherkaui, cuando se reunió con su homólogo español, el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, el pasado día 16.
Debe ser "efectiva"
De ahí que el meollo del asunto derivará en determinar si esa investigación es "efectiva", como exige la Ley Orgánica del Poder Judicial. La condición pretende evitar la impunidad que crearía que el país que comete un delito contra la humanidad abriera un procedimiento fraudulento con la única intención de evitar que otro país lo hiciera en aplicación de la justicia universal. Y en este caso concreto resulta paradójico que el ministro del Interior marroquí aparezca entre los querellados.
Esa circunstancia puede contribuir a que Marruecos responda que sí está investigando a la comisión rogatoria que cursará el juez Ismael Moreno, si sigue el criterio del fiscal. A las que todavía no ha contestado es a las que tramitó Baltasar Garzón para investigar el genocidio y las torturas sufridas por el pueblo saharaui entre 1976 y la década de los noventa, procedimiento en el que hay 13 responsables policiales marroquíes imputados.
El resto de requisitos
Que Marruecos haya abierto una investigación es el único obstáculo que pone la fiscalía para investigar en la Audiencia Nacional los delitos de lesa humanidad, genocidio, lesiones, torturas y secuestros citados en las querellas, en las que se cifra en un centenar los saharauis muertos y en más de 2.000 las detenciones ilegales. Los demás requisitos previstos en la rebaja de la justicia universal que aprobó el Congreso español en octubre de 2009 se cumplen con creces.
El fiscal señala que los indicios de que podría existir un delito de lesa humanidad se basan en que "la actuación policial se dirige contra un colectivo muy determinado asentado en una localización concreta, colectivo que reúne los requisitos para ser considerado grupo nacional o étnico", algo reconocido por la ONU en 2003.
"La operación policial, al menos aparentemente, no tiene otra finalidad que suprimir el asentamiento Campamento de la Dignidad, sin que se aprecien otras motivaciones diferentes", destaca Martínez Torrijos. Y eso pese al "mínimo de prueba de las violaciones de los derechos humanos denunciadas" en la querella por la muerte de Baby Hamday Buyema, al que, según se denuncia, la policía marroquí obligó a salir del autobús en el que iba a su puesto de trabajo en Fosbucra para después atropellarle con un furgón policial repetidas veces.
El fiscal afirma que Buyema es la "única víctima identificada hasta el momento" y, al tener nacionalidad española, "concurre el elemento de conexión que habilitaría el ejercicio de la jurisdicción de nuestros tribunales". Agrega que, "en principio, no es descartable la existencia de otras víctimas de nacionalidad española, sobre todo si atendemos a la especial relación del pueblo saharaui con la nación española y la falta de información sobre el número y la identidad de las víctimas".
Y ese nos lleva a otro requisito incluido en la rebaja de la justicia universal: la conexión relevante con España. "Los lazos con la comunidad saharaui son evidentes. No sólo hay que destacar la condición de territorio colonial en el pasado del Sáhara Occidental, lo que determinó la creación de vínculos lingüísticos, culturales..., que tienen su reflejo en la legislación española", señala el fiscal para a continuación referirse a los "mecanismos privilegiados" que el Código Civil prevé para que los saharauis adquieran la nacionalidad española.
También apunta el fiscal (como las querellas de la Liga Española pro Derechos Humanos y del hermano del español fallecido) a que la ONU considera a España potencia administradora del territorio no autónomo del Sáhara Occidental, tras declarar contrarios al Derecho Internacional los Acuerdos de Madrid firmados en 1975 entre España, Marruecos y Mauritania.
Pero, pese a todo, para asumir o no la competencia, la fiscalía quiere aclarar si Marruecos ha iniciado una investigación. Entiende que la Ley Orgánica del Poder Judicial reconoce "manifiestamente el carácter preferente de las jurisdicciones del lugar de comisión del delito y de la nacionalidad de sus autores", algo que también avala la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el Supremo y la Audiencia Nacional. Por eso, solicita que se pida información a las autoridades marroquíes, supuestos autores de los delitos imputados, de la investigación iniciada.
Dice "desconocer" el informe de Human Rights Watch
M. Á. M. MADRID 27/11/2010 08:00
El Gobierno guardó ayer silencio sobre el informe de la organización Human Rights Watch (HRW) acerca de la crisis del Sáhara, en el que esta ONG documenta con testimonios de víctimas los "repetidos" abusos contra la población civil de El Aaiún practicados por Marruecos en el asalto al Campamento Dignidad y la represión aplicada en la zona, sistematizando todo tipo de violaciones de los Derechos Humanos.
Fuentes del Ejecutivo consultadas por Público aseguraron "desconocer" el contenido del documento, hecho público a primera hora de la mañana por HRW. El Gobierno perseveró así en su rechazo a condenar los hechos, limitándose de nuevo a "lamentar" lo ocurrido.
Tampoco desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se dictó condena alguna, a pesar de que el Gobierno ha justificado hasta ahora su negativa a condenar el ataque hasta que un organismo "independiente" informe de forma "clara" sobre el alcance del conflicto, como reclamó recientemente su titular, Trinidad Jiménez, en el Congreso.
A preguntas de este diario, Exteriores se limitó a reiterar su "rechazo a todo tipo de violencia" y a "expresar de forma permanente su respeto por los derechos fundamentales". Las mismas fuentes diplomáticas recalcaron que Jiménez fue la primera en pedir una investigación independiente sobre los sucesos de Sáhara y ha solicitado a Estados Unidos en su encuentro del pasado sábado con su homóloga, Hillary Clinton, que Washington eleve el nivel de la reunión de Amigos de Sáhara a un nivel político, ahora es técnico, para abordar esta crisis.
El jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, perseveró también en no condenar el ataque. Actitud que justificó en la necesidad de "mantener la capacidad de interlocución de España con Marruecos y el Frente Polisario".
Zapatero se reafirma
"No suscribo la condena a Marruecos porque no está en la resolución del Parlamento Europeo" aprobada el jueves, según señaló Zapatero en declaraciones a RAC 1. En esta declaración, la Eurocámara pide investigar los sucesos.
Esta negativa contrasta con la condena que sí han pronunciado hasta ahora 14 parlamentos autonómicos todos salvo Catalunya, Castilla-La Mancha y Castilla y León donde han prosperado mociones de apoyo al pueblo saharahui o de condena al ataque marroquí, como han acordado el País Valencià e Illes Balears.
Todas estas declaraciones han contado con el voto favorable de los parlamentarios socialistas, ya que la unanimidad de la cámara es necesaria para su aprobación, aunque el líder del PSOE se haya enrocado en su rechazo a condenar el asalto al asentamiento de Gdeim Izik.
En relación con esta crisis, el Ejecutivo se limitó ayer a proclamar su intención de "seguir hablando con Marruecos" para permitir que Rabat levante el veto impuesto a la prensa en El Aaiún y permita informar con libertad sobre estos hechos.
La tibieza del Ejecutivo ha abierto una brecha entre los colectivos pro saharauis y el PSOE. Ayer, un grupo de activistas increpó al ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, en un acto público en Salamanca. "Es muy fácil gritar a favor del Sáhara y es mucho más difícil defender al pueblo saharaui en la escena internacional, y eso es lo que hace el Gobierno", replicó el ministro.
El rechazo del Ejecutivo a la condena rearmó un día más las críticas de la oposición. El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, tachó de "cínica" la actitud del Gobierno. El portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, denunció la "ambigüedad calculada" del Gobierno en un conflicto en el que "en la práctica, hay un alineamiento del Gobierno de España con las posturas más agresivas de Marruecos".
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