Fuente: WSRW y TOUT SUR ALGERIE, TSA
Monumental escándalo sobre el asesoramiento
jurídico del Consejo de la UE en los Acuerdos Pesca UE- Marruecos que incluyó
aguas del Sahara Occidental
La ONG Western Sahara Resource Watch (WSRW)
acaba de presentar nuevas revelaciones impactantes sobre el engaño legal que
condujo a la renovación del acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos, incluyendo
ilegalmente las aguas del Sahara Occidental
De hecho, WSRW ha obtenido una copia de la
opinión de los servicios jurídicos del Consejo de la Unión Europea que informa
sobre el grado sin precedentes de alteración y falsificación de la
jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la UE sobre el “estado
separado y distinto del Sáhara Occidental”.
Explicaciones
El documento ha sido filtrado esta semana por la ONG Western Sahara
Resource Watch (WSRW) y viene de una fuente "confidencial" del
servicio legal del Consejo de la UE, presentada el 7 de noviembre de 2018, en
respuesta a una solicitud de varios estado miembros de la UE que habían
solicitado confirmación de la compatibilidad con la jurisprudencia de la UE de
lo que, en esta etapa, era solo un "proyecto" de un acuerdo de pesca
entre la UE y Marruecos.
Cuando emitió esta opinión parcial, el Servicio
Jurídico del Consejo se negó a enviar una copia a la ONG WSRW, alegando en una
carta hecha pública con fecha 22 de noviembre de 2018, que la "protección
de las relaciones internacionales de la UE"(comprender la salvaguardia de
los intereses franco-españoles en Marruecos) es más importante que el "principio
de transparencia" al que la UE está obligada de conformidad con el
artículo 15 del Tratado de Funcionamiento de la UE.
Esta opinión legal es de importancia política
crucial porque sobre la base de sus conclusiones falsas los estados miembros,
algunos de los cuales se mostraron reacios al principio (Alemania, Dinamarca,
Irlanda, Suecia, entre otros), finalmente decidieron adoptar el 28 Noviembre de
2018 el nuevo acuerdo de pesca UE-Marruecos, que incluye ilegalmente la zona
marítima del Sáhara Occidental. De hecho, estos países habían declarado explícitamente
que si el Servicio Jurídico del Consejo de la UE confirmaba la conformidad del
acuerdo propuesto con la jurisprudencia de la UE lo apoyarían.
Sobre la base de una lectura jurídica sesgada
y políticamente intencionada, la opinión jurídica de los Servicios del Consejo
confirmó, de manera completamente falsa, a los estados miembros de la UE que el
proyecto de Acuerdo en cuestión cumple la jurisprudencia comunitaria, con
referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 27 de febrero de
2018, que reconoció el "estatus separado y distinto" del Sáhara
Occidental y requirió del consentimiento previo del pueblo saharaui como
condición imprescindible para inclusión de sus territorios en los acuerdos
internacionales UE-Marruecos, independientemente de si estos acuerdos son
beneficiosos.
Para lograr esta argucia, el Servicio Jurídico
del Consejo, encabezado por españoles cuyo país obtiene el mayor beneficio del
acuerdo de pesca, argumentó que la Comisión Europea y el Servicio Europeo de
Acción Exterior cumplieron los requisitos establecidos por el TJUE, al tomar
"todas las medidas razonables y viables" para obtener el
"consentimiento" del pueblo saharaui para el proyecto de acuerdo.
Esta aberración jurídica resulta una
distorsión premeditada de las condiciones establecidas por la sentencia del 27
de febrero de 2018. Por lo tanto, la condición central del
"consentimiento" del "pueblo" saharaui ha sido reemplazada
por la noción, inexistente en la ley, de "consulta" de las "poblaciones"
del Sáhara Occidental sobre los "beneficios" del acuerdo pesquero
UE-Marruecos, término que también carece de relevancia legal. Esta es una cruda
manipulación que la Comisión y el SEAE llevaron a cabo en estrecha colaboración
con las autoridades marroquíes, después de la renovación del acuerdo el 24 de
julio de 2018.
Peor aún, esta violación de los requisitos del
TJUE estuvo acompañada de acusaciones falsas en el texto de la opinión jurídica
que incluye una lista ficticia de participantes en esta pseudo
"consulta", (incluido el WSRS que negó los hechos), así como una
supuesta "invitación" dirigida tácticamente al Frente Polisario para
que participase en una mascarada procesal destinada a apoderarse de las
riquezas haliéuticas del pueblo saharaui.
Un tercer nivel en este delito jurídico fue
cruzado enérgicamente por los asesores legales del Consejo, ya que estos tienen
la imprudencia de basar sus galimatías en la ausencia de "instrucciones de
uso" en la sentencia del 27 de febrero de 2018 en el asunto. ¡Obteniendo
el consentimiento del representante del pueblo del Sáhara Occidental!
Complicidad sobre una evasión metódica y
desvergonzada de la jurisprudencia europea, esta opinión jurídica revela, en
realidad, la escandalosa manipulación que rodeó la adopción de un acuerdo vergonzoso
a costa de una violación manifiesta del derecho internacional y el derecho
europeo.
El cabildeo inmoral realizado por los
representantes de Francia y España, las complicidades de algunos y la
complacencia de otros a nivel del Consejo (por intereses económicos puramente
mercantiles) socavan las proclamas solemnes de la Unión Europea que quiere
(dicen sus representantes) ser el defensor y el baluarte de un orden
internacional multilateral basado en reglas y respeto al derecho internacional.
Pero esto, por supuesto, no debería eximir a
las instituciones europeas de su enorme responsabilidad en la celebración de
acuerdos que perjudiquen y roben los intereses legítimos de un pueblo que vive
bajo la ocupación en un territorio no autónomo.
No hay duda de que los procedimientos iniciados
por el Frente Polisario con las autoridades judiciales europeas conducirán
finalmente, en unos pocos meses, a la cancelación de los dos acuerdos ilegales
e ilegítimos (agrícola y pesquero) porque estas jurisdicciones no irán a los
tribunales y examinarán el recurso de anulación, de conformidad con la
sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 27 de febrero de 2018, que
reconoció el "estatuto separado y distinto del Sáhara Occidental”, y que definió
al Reino de Marruecos como un tercer Estado y requirió el
"consentimiento" (y no la consulta) del representante legítimo del
pueblo saharaui, en este caso su único representante, el Frente Polisario.
Mientras tanto, la Unión Europea habrá perdido mucho de su espíritu y su
credibilidad.
