PUSL.- 19 de los 24 presos políticos
saharauis del Grupo Gdeim Izik permanecen en la cárcel, con penas que varían
entre los 20 años y la cadena perpetua.
Los presos han sido sometidos a malos
tratos y, en algunos casos, tortura, así como extrema negligencia médica tras
la última sentencia de 19 de julio de 2017 por el tribunal de apelación de
Salé, Rabat.
Los prisioneros están actualmente dispersos
en las siguientes prisiones: Tiflet2 (Sidi Abdallah Abbahah, Mohamed Bourial,
Mohamed Lamin Haddi, El Bachir Khadda); Kenitra (Naama Asfari, El Bachir
Boutanguiza, Hassan Dah, Abdallah Lakhfawni; Ahmed Sbaai, Houcein Zawi) El
Arjat (Abdel Jalil Laaroussi); Ait Melloul (Brahim Ismaeli, Mohamed Bani,
Sidahmed Lemjeyid, Mohamed Lefkir); Bouzakarn (Cheikh Banga, Tahamil Mohamed,
Abdallah Toubali, Khouna Babeit).
Los presos políticos de Tiflet2 están desde
su traslado a esta prisión en confinamiento solitario prolongado sin contacto
humano significativo, lo que es considerado una de las formas más severas de
tortura que lleva tanto a daños físicos y psicológicos. Las familias de estos
presos presentaron varias quejas a las autoridades marroquíes y al CNDH
(Consejo Nacional de los Derechos Humanos) sin recibir ninguna respuesta y
enviaron un llamamiento urgente a la Cruz Roja Internacional, sobre la
situación de los reclusos y el rechazo arbitrario de visitas. Esta prisión se
encuentra a más de 1200 km de El Aaiún, en el Sáhara Occidental, y actualmente
ese grupo es el que está en el lugar más lejano de sus familias.
Todos los prisioneros del grupo Gdeim Izik
sufren de negligencia médica extrema e intencionada y están en una situación de
salud alarmante.
El Sr. Abdallah Toubali fue sometido a una
cirugía el 6 de julio de 2018. El Sr. Mohamed Tahlil fue trasladado varias
veces al hospital sin haber sido tratado y las piernas del Sr. Brahim Ismaili
están tan hinchadas que no puede caminar. Estos son sólo algunos ejemplos de la
situación de salud del grupo.
La información más detallada puede
consultarse en el PUSL (ver los artículos
aquí).
Maitre Olfa Ouled, la abogada francesa de
este grupo, ha enviado reclamaciones y peticiones de investigaciones inmediatas
sobre la situación de los presos y sus familias. Espera actualmente
autorización de visita de los fiscales de las regiones en las que se encuentran
las distintas cárceles, de acuerdo con la Convención Judicial marroquí-francesa
de 1957.
El proceso del Gdeim Izik es extremadamente
complejo y no está terminado.
El equipo de defensa saharaui confirmó que
aún aguardaban la decisión de la Cour de Cassation (Tribunal Supremo de
Marruecos).
Recordamos que la Cour de Cassation remitió
el caso al Tribunal de Apelación para que éste emitiera una nueva sentencia, ya
que el tribunal militar no demostró claramente que los prisioneros del Grupo de
Gdeim Izik ordenaron o incitaron la perpetración de actos criminales, por la
persona o las personas afectadas, o con intención delictiva por su parte,
elementos que hacen que la sentencia sea declarada nula y sin efecto. La Cour
de Cassation debe decidir ahora si el nuevo juicio ha probado lo que el
tribunal militar no puede y también responder a las cuestiones planteadas por
los abogados de defensa saharauis y locales sobre las infracciones durante el
proceso.
En efecto, si la Cour de Cassation decide
que el tribunal de apelación no ha podido probar las acusaciones, los
prisioneros deben ser liberados.
Según los observadores internacionales
(véase los informes en
http://porunsaharalibre.org/informes-gdeim-izik/), este
juicio no corrigió ni respondió a las deficiencias señaladas por el Tribunal
Supremo en la decisión de la Comisión el 27 de julio de 2016 cuando trasladó el
caso al tribunal de apelación; las pruebas presentadas no demuestran ningún
acto de crimen realizado por ninguno de los acusados; y las pruebas presentadas
por la fiscalía no tienen valor científico y deben considerarse inválidas o
ilegales. Además, los testigos presentados por la fiscalía se contradecían, no
tuvieron credibilidad y los testigos presentados como “habitantes” del campo
aparecieron sin ninguna información de donde vinieron después de siete años y
cómo se encontraron.
Por lo tanto, todo el caso todavía se basa
en las declaraciones y documentos firmados bajo tortura y maltrato, lo que
constituye una clara violación de la Constitución marroquí, de la ley marroquí,
de la Convención sobre la Tortura y la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (ambas ratificadas por el Reino de Marruecos).
Paralelamente a las acciones judiciales, el
movimiento internacional de solidaridad continuó e inició nuevas acciones
serias de presión política para la liberación inmediata de los presos políticos
saharauis.
A continuación un breve resumen del caso
El campamento Gdeim Izik 2010
En octubre de 2010, la población saharaui
se desplazó al desierto en los alrededores de El Aaiún e instaló miles de
tiendas en protesta contra el apartheid social, económico y político impuesto
por el régimen marroquí en los territorios ocupados en el Sáhara Occidental
desde 1975.
El campamento de protesta pacífica fue
sitiado por las autoridades marroquíes durante un mes, tras lo que fue
brutalmente desmantelado en la madrugada atacando a hombres, mujeres, ancianos
y niños en el campamento que reunió a familias enteras.
Antes y durante el desmantelamiento cientos
de saharauis fueron secuestrados y torturados, un grupo de 24 saharauis
permaneció en la prisión y es conocido como Grupo de Gdeim Izik.
El juicio militar en febrero de 2013 y el
recurso al Tribunal de Supremo
Después de casi tres años, esos hombres
fueron juzgados en un tribunal militar en febrero de 2013, que no presentó
otras evidencias para apoyar las acusaciones además de los documentos
fabricados por la policía marroquí y firmados por los acusados bajo tortura y
malos tratos extremos.
Durante este juicio, los prisioneros
denuncian las torturas graves que sufrieron. El juicio militar fue injusto y de
acuerdo con los observadores internacionales presentes, así como muchas ONG
internacionales no cumplió los estándares de un juicio justo y fue considerado
nulo y sin efecto. El grupo fue sentenciado de 20 años a cadena perpetua y dos
de los prisioneros (Abderrahman Zeyou y El Machdoufi Taki) fueron liberados con
el tiempo de cumplido y Mohamed Ayoubi fue liberado provisionalmente debido a
su situación de salud.
En febrero de 2013, tras el tribunal
militar, un recurso fue presentado por los prisioneros al Tribunal Supremo
marroquí.
Las quejas y la visita del grupo de trabajo
de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria (2013/2014)
En noviembre de 2013, una observadora
internacional con el mandato de ocho de los prisioneros presentó sus quejas de
tortura al relator especial de tortura de la ONU.
En diciembre de 2013, el grupo de trabajo sobre
detención arbitraria de la ONU visitó Marruecos y el grupo Gdeim Izik afirmando
en su informe que “el sistema judicial criminal marroquí depende fuertemente de
confesiones como la principal evidencia para apoyar la condena. Las
reclamaciones recibidas por el Grupo de trabajo indican el uso de tortura por
funcionarios del Estado para obtener pruebas o confesiones durante el
interrogatorio inicial. Los tribunales y fiscales no cumplen su obligación de
iniciar una investigación ex officio cuando existan motivos razonables para
creer que una confesión fue obtenida por medio del uso de tortura y malos
tratos.
Durante la visita del grupo de trabajo a
los prisioneros Gdeim Izik, el Sr. Abdel Jalil Laaroussi fue trasladado a otro
bloque de la cárcel para que los representantes de la ONU no pudieran ver el
estado físico y de salud del prisionero (condenado a cadena perpetua) y oír sus
denuncias sobre la tortura medieval a la que fue sometido.
Hasta ahora esta ha sido la única visita de
una organización internacional al grupo.
En marzo de 2014, la organización francesa
ACAT (Acción cristiana contra la tortura) presentó una queja al Comité de las
Naciones Unidas contra la Tortura (CAT) en nombre del Sr. Naama Asfari. La
decisión fue publicada el 15 de noviembre de 2016 y declaró que los malos
tratos físicos y las heridas sufridas por Naama Asfari durante su arresto,
interrogatorio y detención, según se presentan, constituyen tortura en el
sentido del artículo 1 de la Convención contra la Tortura e instó a Marruecos a
proporcionar al Sr. Asfari una compensación justa y adecuada, incluidos los
medios para la más completa rehabilitación posible; (b) iniciar una
investigación completa e imparcial de los incidentes en cuestión, de
conformidad con las directrices del manual sobre la investigación y la
documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes (Protocolo de Estambul), con el fin de llevar ante la justicia a
los responsables del tratamiento de la víctima; (c) abstenerse de cualquier
forma de presión, intimidación o represalias que puedan perjudicar la
integridad física y moral del reclamante y su familia, que de otra forma
constituiría una violación de las obligaciones del Estado Parte bajo la
Convención de cooperar con el Comité de buena fe en la aplicación de las
disposiciones de la Convención y permitir que el demandante reciba visitas de
su familia en la cárcel; y (d) informarle, dentro de los 180 días siguientes a
la fecha de transmisión de esta decisión, de las medidas adoptadas en respuesta
a las opiniones expresadas anteriormente.
El nuevo juicio y el actual proceso
judicial
El 27 de julio de 2016, el Tribunal Supremo
adoptó una decisión y remitió el caso al Tribunal de Recurso de Rabat, que
ejerce la jurisdicción civil. Esta decisión se basó en que, según el Tribunal
Supremo, el tribunal militar no había demostrado claramente que los inculpados
habían ordenado o incitado la comisión de actos delictivos por parte de la
persona o personas afectadas, o intención delictiva de su parte, elementos que
llevaron a que el juicio fuera sometido a ser declarado nulo y sin efecto.
El nuevo juicio ante el Tribunal de
Apelación inició sus audiencias el 26 de diciembre de 2016 y tuvo la última
sesión el 19 de julio de 2017.
Las acusaciones anteriores permanecieron,
siendo liberados dos prisioneros adicionales con tiempo cumplido, el Sr. Deich
Daff y el Sr. El Laraabi Bakay y los restantes 19 permanecieron en la prisión.
El Sr. Mohamed Ayoubi murió el 22 de
febrero de 2018 en libertad provisional, después de sufrir por años las
consecuencias de la tortura brutal que había sufrido.
El proceso de Gdeim Izik está ahora de
nuevo ante el Tribunal Supremo que tiene que decidir sobre la petición de los
abogados de defensa en relación con la última condena y las infracciones
durante el juicio, así como si el nuevo juicio fue capaz de demostrar
claramente que los prisioneros del Grupo de Gdeim Izik ordenaron o incitaron la
perpetración de actos criminales por la persona o personas involucradas, o la
intención criminal de su parte.
