Tras analizar la propuesta hecha al Consejo,
la eurodiputada cree que “el planteamiento sólo beneficiará a Rabat”, al
disfrazar de un supuesto impacto en el desarrollo económico y social del pueblo
saharaui, lo que en realidad es la “legitimación de la ocupación, los negocios
y el expolio” que hacen las autoridades marroquíes “a costa de los recursos
naturales de los territorios ocupados” con la excusa de unos beneficios
arancelarios y “sin reconocer al Polisario como parte de las negociaciones”.
La eurodiputada de Izquierda Unida Paloma
López ha cargado duramente contra la Comisión Europea (CE) tras analizar la
propuesta que ha elaborado para el Consejo Europeo sobre cómo deben ser los
acuerdos entre la Unión Europea (UE) y Marruecos, a raíz de las sentencias del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que han dejado meridianamente
claro que los productos saharauis deben quedar fuera de cualquier tratado
comercial.
Esa revisión de los acuerdos, desarrollada
sobre el terreno por técnicos de la Comisión y del Servicio de Acción Exterior
(SEAE), parte de la máxima de no reconocer al Frente Polisario como el legítimo
representante del pueblo saharaui, alejándose así del marco de Naciones Unidas,
lo que en opinión de López “niega a los saharauis tener voz y voto en unos
acuerdos que les afectan directamente”.
Este aspecto es clave para entender el
alcance y los mecanismos utilizados por la CE y el SEAE para elaborar sus
recomendaciones. La argumentación utilizada es que como se trata de un acuerdo
comercial entre la UE y Marruecos, Bruselas, pese a aceptar sobre el papel el
legítimo derecho a la autodeterminación que marca Naciones Unidas, debe salir
de ese marco.
De ahí que, de inicio a fin, se trate al
Polisario no como parte negociadora activa, sino como un actor más de la
sociedad civil, y sus opiniones sobre los diferentes puntos de la propuesta no
hayan sido considerados seriamente. De hecho, en muchos pasajes de los tres
documentos publicados a principios de esta semana, el lenguaje empleado para
referirse a los representantes de la República Árabe Saharaui Democrática
(RASD) y sus reclamaciones es condescendiente, desconfiado e irónico.
El análisis de la CE y el SEAE parte de la
premisa de que para sortear las sentencias del TJUE los productos del Sáhara
Occidental deben tener una consideración especial dentro de un nuevo acuerdo
UE-Marruecos. Para ello se identifican los principales sectores de producción
en los territorios ocupados y se elaboran proyecciones sobre el impacto que
tendría aplicarles unos aranceles distintos a los que se aplican ahora. En este
sentido, se marcan como prioritarios la agricultura, la pesca y los fosfatos.
Sobre la agricultura, los técnicos europeos
ven unas posibilidades de crecimiento muy importantes en la exportación de
melones y tomates, tanto en volumen de ventas, como en ingresos y en generación
de empleo. El estudio se refiere específicamente al territorio ocupado de Dajla,
donde la producción tiene alto valor añadido, según el texto, por sus suaves
temperaturas, las horas de sol y un agua de riego ligeramente sulfurada.
Según los datos proporcionados, se estima
que la producción de tomates y melones del Sáhara Occidental equivale a 64.000
toneladas al año, para un sector que genera 14.000 puestos de trabajo directos.
El valor de esa producción, aplicando los aranceles actuales, se elevaría a
unos 65 millones de euros y, sin ellos, bajaría hasta los 58,4 millones de
euros.
Las proyecciones de CE y SEAE no acaban
ahí, sino que, fiándose del Plan Marruecos Verde de inversiones a la
agricultura, auguran que los empleos generados podrían multiplicarse por cinco
en los próximos años. Todos estos detalles hacen confiar en que la población
saharaui se beneficiaría de participar de los acuerdos UE-Marruecos, “pero ahí
está la trampa”, enfatiza López.
“Nos llama la atención que la CE y el SEAE
reconozcan en sus documentos que la situación política hace que estas
proyecciones y datos no sean infalibles, pero lo obvien en sus conclusiones.
Por un lado, porque hay denuncias muy fiables de que los trabajadores saharauis
son discriminados con respecto a los marroquíes y no hay si quiera un censo de
cuántos empleados son verdaderamente saharauis”, explica.
Por otro, “porque si las autoridades
políticas que controlan el territorio son marroquíes, las empresas que explotan
esas tierras son marroquíes y las comercializadoras son marroquíes, ¿qué
beneficios reales quedarán para el pueblo saharaui por mucho que los productos
lleven una etiqueta que diga Sáhara Occidental?”, se pregunta.
Queda pendiente un tema no menor, como es
el de la explotación de los acuíferos. “Hasta Marruecos reconoce que hay un
problema” con la sobreexplotación de las reservas para riego, pero Comisión y
SEAE “dan por bueno que se haya empezado a implantar el riego por goteo”. El
informe final obvia asimismo las denuncias de Western Sahara Resource Watch de
que el expansionismo agrícola es la principal arma de Marruecos para aumentar
la población en las zonas ocupadas.
Con los productos pesqueros, principal
sector exportador y empleador saharaui, ocurre un fenómeno similar. Los
estudios de CE y SEAE se centran en los territorios ocupados de Dakhla, El
Aayún y Boujdaar y, de nuevo muestran unas proyecciones de negocio y generación
de empleos muy favorables si se mantiene el marco actual del acuerdo y no tanto
si se separan los productos del Sáhara Occidental.
En total hay 141 empresas que se dedican o
a la pesca o a los productos derivados (aceites, conservas, etc.) y 90.000
puestos de trabajo directos e indirectos, de los cuales, la mitad depende
directamente de las exportaciones a la UE. El volumen de las exportaciones
según las condiciones actuales generaría ingresos por valor de 200 millones de
euros.
Sin dar cifras exactas en sus conclusiones,
los enviados de Bruselas concluyen que “estas exportaciones tienen un impacto
muy importante en la población local” y si cambiara el statu quo, esos
supuestos beneficios caerían, por los importantes aranceles que se imponen a
los productos de pesca que no entran en los acuerdos UE y porque la producción
se desplazaría a otros sitios, probablemente a terreno marroquí.
“Con el tema de la pesca se ve si cabe más
claro la contradicción en la que entran CE y SEAE y tiene su origen
precisamente en colocarse fuera del marco de Naciones Unidas. Técnicamente, al
tratarse de territorios ocupados, autoridades y empresas ocupantes, esos
beneficios ya están en manos del reino de Marruecos y no hace falta que se
fuguen las empresas”, sostiene. Es más, añade, “como en el anterior caso, no se
dan por buenas las denuncias sobre la discriminación a los trabajadores de
origen saharaui y como todas las estadísticas provienen de Marruecos, y las de
ONG como Western Sahara Resource Watch no se tienen en cuenta, no podemos
aceptar ni las proyecciones ni las cifras de empleo, y mucho menos el supuesto
beneficio de todo este negocio sobre el pueblo saharaui”.
Por último, la industria del fosfato. Aquí
no se muestran dudas de que tanto si están dentro del acuerdo como si no, la
repercusión para el desarrollo socioeconómico no será apreciable puesto que la
producción de Fosbucraa, en el territorio ocupado de Boucraa, es pequeña y
además, según los datos marroquíes no se exportan directamente a la UE.
Sí se exportan productos derivados, pero
que son tratados en suelo marroquí, “lo que ya de primeras nos plantea el
problema de que aunque la materia prima se produzca en el Sáhara Occidental, al
ser modificada en Marruecos, los beneficios que eso generen nunca llegarán a la
población saharaui.
Como en los otros dos sectores, Bruselas no
ha observado discriminaciones étnicas a los trabajadores de Fosbucraa (ya se
producían durante la colonización española), pero según Western Sahara Resource
Watch de los 1.900 empleados actuales, sólo 200 son saharauis.
A parte de estas estadísticas,
representantes del SEAE y la CE se han reunido con autoridades marroquíes,
empresas y ONG de los territorios ocupados y con el Frente Polisario, pero no
en calidad de representante legítimo del pueblo saharaui. “Obviamente, lo que
ha sucedido es que la mayoría de entes que han recibido estas proyecciones y
estadísticas creen que el negocio debe continuar tal y como está, pero claro,
no iba a ser de otra manera si hablamos de unos territorios ocupados”, insiste
López.
Por último, la eurodiputada ha sido
contundente con la prioridad que le dan los representantes europeos a la
situación de los derechos humanos. “En todos los documentos sobrevuela la idea
de que Marruecos no respeta los derechos fundamentales del pueblo saharaui,
pero la conclusión final es que la modificación de los artículos 1 y 4 del
acuerdo de asociación para que el TJUE no lo paralice, hará que mejoren las
relaciones de la UE con Marruecos y, por tanto, que Marruecos respete más los
derechos humanos”, denuncia.
“La trampa en la propuesta de la Comisión
es clara: los beneficios arancelarios a los productos provenientes del Sáhara
Occidental solo van a beneficiar a la potencia ocupante, que es Marruecos, al
estar bajo su control la certificación de la procedencia de estos productos y
obviamente no va a detener la represión del pueblo saharaui sino que al legitimar
la ocupación a través de un acuerdo comercial, la agravará ¿Quién va a asegurar
que esto revierte en la población saharaui? Nadie”, concluye.
