Fuente: IU, 10 de marzo de 2017
Paloma López, eurodiputada y vicepresidenta
del Intergrupo sobre el Sáhara Occidental del Parlamento Europeo, señala que
“resulta indispensable la presencia de observadores internacionales porque el
proceso ha violado todas las garantías judiciales desde un principio”
Jon Rodríguez, responsable del Grupo de
Trabajo sobre Oriente Medio y África de la Comisión Federal de Relaciones
Internacionales de IU, advierte de que el juicio, al celebrarse en Rabat, “es
en sí mismo un acto contrario al derecho internacional, que reconoce el Sáhara
Occidental como un territorio pendiente de descolonización y dictamina que los
habitantes de territorios ocupados deben ser juzgados en el mismo,
independientemente de la autoridad que lo haga”
Una amplia delegación de Izquierda Unida
asistirá a partir del próximo lunes, día 13, en calidad de observadores
internacionales al juicio contra los 25 presos políticos saharauis de Gdeim
Izik, que se celebrará en el Tribunal de Apelación de Salé. La misión estará
compuesta por varios/as miembros del Grupo de Trabajo sobre Oriente Medio y
África de la Comisión Federal de Relaciones Internacionales, del cual es
responsable Jon Rodríguez. A ellos/as se les sumará también en la apertura del
proceso la eurodiputada de IU Paloma López, que es vicepresidenta del
Intergrupo sobre el Sáhara Occidental del Parlamento Europeo. El objetivo de
esta misión es certificar que se respetan los derechos de los activistas
saharauis, que llevan encarcelados desde 2010 a pesar de que el Tribunal de
Casación marroquí anuló las sentencias dictadas contra ellos por un tribunal militar
hace ahora cuatro años.
“Resulta indispensable la presencia de
observadores internacionales porque el proceso ha violado todas las garantías
judiciales desde un principio. Marruecos congeló la decisión del Tribunal de
Casación que anulaba la primera condena militar y durante estos cuatro años el
grupo de Gdeim Izik ha sido recluido y torturado sistemáticamente”, denuncia
López.
De hecho, ni siquiera se puede considerar
que este nuevo proceso cumpla unos estándares mínimos de legalidad, puesto que
“se va a celebrar en una corte extraterritorial, situada fuera de los
territorios ocupados del Sáhara Occidental”, explica la eurodiputada.
Paloma López denuncia no sólo “las torturas
y la detención arbitraria de los acusados, tal y como ha acreditado el Comité
contra la Tortura de la ONU” en el caso concreto de Naama Asfari, sino “la
falta de garantías procesales”, ya que “la defensa no ha podido acceder todavía
a la totalidad de las acusaciones y no se les permite expresarse libremente en
el juicio, ni acceder a la interpretación y traducción plena de los
procedimientos”.
Jon Rodríguez, por su parte, resalta la
importancia de esta misión de observación porque “ante la represión sistemática
que vive la población saharaui en los territorios ocupados, y de la que este
juicio es prueba, la solidaridad internacional es una de las pocas vías que
pueden mantenerse”.
“Acudimos al juicio -detalla el miembro de
la comisión de Relaciones Internacionales de Izquierda Unida- para asegurar que
se desarrolla con una serie de garantías formales, pero sobre todo para llamar
la atención sobre este hecho y mostrar nuestra solidaridad con un pueblo que
lleva más de 40 años luchando contra la ocupación marroquí”.
Al igual que López, Rodríguez señala que el
juicio, al celebrarse en Rabat, “es en sí mismo un acto contrario al derecho
internacional, que reconoce el Sáhara Occidental como un territorio pendiente
de descolonización y dictamina que los habitantes de territorios ocupados deben
ser juzgados en el mismo, independientemente de la autoridad que lo haga”.
Los 25 presos políticos fueron detenidos en
noviembre de 2010 tras el desmantelamiento del campamento de la dignidad en
Gdeim Izik. En esta localidad situada a 15 kilómetros de El Aaiún, cerca de
20.000 saharauis se concentraron durante un mes exigiendo el respeto de los
derechos humanos, unas condiciones dignas de vida y, sobre todo, el
cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas que defienden el legítimo
derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación a través de un
referéndum.
Efectivos de la Policía y del Ejército
marroquí, que habían hostigado y detenido de forma arbitraria a algunos
activistas en los días previos, atacaron el campamento de Gdeim Izik la mañana
del 8 de noviembre utilizando pelotas de goma, gases lacrimógenos, cañones de
agua, porras y piedras. La actuación de las autoridades marroquíes antes,
durante y después del asalto se saldó con varios muertos -no existen cifras
oficiales-, entre ellos al menos dos saharauis menores de edad.
Los 25 de Gdeim Izik fueron trasladados a
Rabat y juzgados en 2013 por un Tribunal Militar. Sus condenas varían entre
penas que van desde los 20 años a la cadena perpetua por la muerte de 11
agentes, pese a que sus autopsias nunca se utilizaron como prueba
incriminatoria en el juicio. El Tribunal de Casación anuló la sentencia por
falta de pruebas, y entre diciembre de 2016 y enero de 2017 se celebraron
varias vistas previas.
Además de Paloma López y Jon Rodríguez,
también estarán presentes desde el lunes en Salé Amaia Arenal, concejala de
UdalBerri–Bilbao en Común; el concejal de Irabazi Zumarraga Unai Orbegozo; el
vocal de Ahora Madrid en Villa de Vallecas, Alejandro Sanz, así como el abogado
y militante de Izquierda Unida Francisco Serrano, que forma parte de la
delegación de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara.
El objetivo de Izquierda Unida es “dar
visibilidad” a la situación de “violación de los derechos más fundamentales y
la represión sistemática a la que Marruecos somete al pueblo saharaui”.
“Por ello, estaremos presentes -explica
Rodríguez-, junto a la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara y
otros colectivos y organizaciones solidarias, para que las autoridades
marroquíes tengan claro que la impunidad de la que gozan gracias a su alianza
con los gobiernos europeos y de EE.UU no les permite actuar de espaldas a la
comunidad internacional”. Espera también que Marruecos “no ponga trabas” a la
entrada en el país de los observadores y su participación en el proceso, “tal y
como ha hecho en anteriores ocasiones”.
López hace también un llamamiento al
Parlamento Europeo para que “exija la liberación de todos los presos políticos
saharauis” y exprese “una vez más, la solidaridad con un pueblo que lucha por
su autodeterminación, como prevé el derecho internacional”.
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