AMNISTIA INTERNACIONAL. Noticias Marruecos y Sáhara Occidental (13-10-09)
Activistas saharauis, en el punto de mira por su visita a Tinduf
A Amnistía Internacional le preocupa el arresto y la detención en régimen de incomunicación de siete activistas saharauis contra quienes podrían presentarse cargos falsos. La organización pide que sean puesto en libertad de inmediato, ya que se teme que sean presos de conciencia, detenidos únicamente por expresar pacíficamente su apoyo a la autodeterminación del pueblo saharaui.
Ahmed Alansari, Brahim Dahane, Yahdih Ettarouzi, Saleh Labihi, Dakja Lashgar, Rachid Sghir y Ali Salem Tamek fueron detenidos aproximadamente a la 1:30 de la tarde del 8 de octubre en el aeropuerto Mohamed V de Casablanca al regresar de Argelia, donde habían estado visitando los campamentos de Tinduf entre el 26 de septiembre y el 8 de octubre. Según los informes, la detención se realizó en cuanto desembarcaron del avión.
Los siete pertenecen a varias organizaciones de derechos humanos y otros grupos de la sociedad civil, incluidas secciones saharauis de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos Cometidas por el Estado Marroquí (ASVDH) y el Colectivo de Defensores Saharauis de los Derechos Humanos (CODESA).
Varios de ellos tienen largos historiales de vigilancia y denuncia de violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental. Al menos dos de los siete han sido sometidos a desapariciones forzadas, como Dakja Lashgar, la única mujer detenida, y Brahim Dahane, cuya desaparición forzada tuvo lugar en la década de 1980, y que fue puesto en libertad en 1991. Cuatro han estado en la cárcel, entre ellos Ali Salem Tamek, adoptado por Amnistía Internacional como preso de conciencia.
La agencia oficial de noticias marroquí, en un comunicado emitido el 8 de octubre de 2009, informó de que el Procurador General de la Corona del Tribunal de Apelación de Casablanca había ordenado el traslado de los siete activistas ante la policía judicial.
En el mismo comunicado se explicaba que los activistas habían sido detenidos por reunirse con “organismos opuestos a Marruecos” socavando con ello los intereses nacionales, probablemente en alusión a las entrevistas de los detenidos con representantes del Frente Polisario, que mantiene un gobierno autoproclamado en el exilio en los campamentos de Tinduf. Además de las reuniones con representantes destacados del Frente Polisario, según los informes los siete activistas asistieron a varias conferencias y actos organizados en su honor. Todas estas actividades deben considerarse un ejercicio pacífico y legítimo de la libertad de expresión, asociación y reunión, garantizada en las leyes y normas internacionales.
Las autoridades marroquíes no informaron a los familiares de la detención hasta cuatro días después, a primera hora de la noche del 12 de octubre, en violación del artículo 67 del Código de Procedimiento Penal de Marruecos, que dispone que la policía judicial debe notificar a la familia de un sospechoso su situación en cuanto decide que éste pase a situación de prisión preventiva (garde à vue). Además, a los familiares se les dijo que no podían visitar a los detenidos dado que seguían en garde à vue, lo cual confirma los temores de que el caso se está considerando relacionado con la seguridad interna o externa del Estado, en cuyo caso, y según el artículo 33 del Código de Procedimiento Penal, la detención preventiva podría ampliarse hasta a ocho días, en espera de la autorización de la Fiscalía General.
A Amnistía Internacional también le preocupan los informes según los cuales la familia de al menos un detenido ha sido hostigada tras la detención. Desde última hora de la noche del 11 de octubre, policías y agentes de las fuerzas auxiliares rodean el domicilio de Ahmed Alansari, en el barrio de Salam de Smara impidiendo la entrada incluso a los familiares. Biba Lala Salkha, esposa de Ahmed Alansari, también ha sido acosada verbalmente por miembros de las fuerzas de seguridad. El 11 de octubre acudió a las dependencias de la Fiscalía General de Smara para presentar una denuncia por la detención de su esposo y la fuerte presencia policial ante su domicilio, pero no se la aceptaron. Ella y sus dos hijos mayores iniciaron una huelga de hambre de 48 horas el 12 de octubre protestando por el hostigamiento de que son víctimas.
Amnistía Internacional insta también a las autoridades marroquíes a que desvelen el lugar exacto donde están detenidos los siete activistas recluidos por la policía judicial de Casablanca y les permitan acceder inmediatamente a sus familiares y sus abogados y recibir la atención médica que puedan necesitar.
Información complementaria
La detención de los siete saharauis se produce en un ambiente de ataques contra los activistas por parte de los medios de comunicación marroquíes y de varios partidos políticos, que los tachan de “traidores” y en algunos casos piden que sean castigados. Las visitas familiares entre el Sáhara Occidental y los campamentos de Tinduf, en el sudoeste de Argelia, se realizan bajo los auspicios del ACNUR y los activistas saharauis ya han visitado Argelia en ocasiones anteriores. Sin embargo, esta era la primera vez que visitaban los campamentos de Tinduf.
Las detenciones se producen también en medio de un aumento de los informes de hostigamiento de activistas saharauis, incluida la violación del derecho a salir del país, recogido en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Marruecos es Estado Parte y que garantiza la libertad de circulación. Por ejemplo, el 6 de octubre se impidió viajar a Mauritania a cinco activistas saharauis. Tras largos interrogatorios, les confiscaron a todos los documentos de identidad y después los dejaron en libertad sin darles ninguna explicación oficial del motivo por el cual no podían realizar el viaje.
La situación del Sáhara Occidental, territorio anexionado por Marruecos en 1975, sigue siendo tabú para las autoridades marroquíes, que muestran muy poca tolerancia con quienes se expresan públicamente a favor de su independencia. Las autoridades marroquíes no sólo tienen en el punto de mira a los activistas saharauis que piden la autodeterminación del Sáhara Occidental, sino también a los defensores y defensoras de los derechos humanos saharauis que realizan labores de vigilancia de las violaciones que se perpetran en ese marco. Los defensores y defensoras de los derechos humanos saharauis siguen expuestos a sufrir intimidación, hostigamiento o incluso a ser procesados. Amnistía Internacional teme que el motivo sean sus actividades de derechos humanos y el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión, incluido el derecho a defender pacíficamente la autodeterminación. Un obstáculo más a su labor es la imposibilidad de inscribir legalmente sus organizaciones debido a las trabas administrativas con las que se encuentran, cuyo motivo es político.
En numerosas ocasiones Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades de Marruecos que tomen medidas concretas para garantizar el pleno respeto a la libertad de expresión, asociación y reunión de todos los saharauis. Estos derechos están recogidos en el derecho internacional, en particular en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La organización también ha instado a las autoridades marroquíes a que permitan a los defensores y defensoras de los derechos humanos saharauis recoger y difundir información y opiniones sobre cuestiones de derechos humanos sin temor a ser procesados, hostigados o intimidados, tal como dispone la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998.
Activistas saharauis, en el punto de mira por su visita a Tinduf
A Amnistía Internacional le preocupa el arresto y la detención en régimen de incomunicación de siete activistas saharauis contra quienes podrían presentarse cargos falsos. La organización pide que sean puesto en libertad de inmediato, ya que se teme que sean presos de conciencia, detenidos únicamente por expresar pacíficamente su apoyo a la autodeterminación del pueblo saharaui.
Ahmed Alansari, Brahim Dahane, Yahdih Ettarouzi, Saleh Labihi, Dakja Lashgar, Rachid Sghir y Ali Salem Tamek fueron detenidos aproximadamente a la 1:30 de la tarde del 8 de octubre en el aeropuerto Mohamed V de Casablanca al regresar de Argelia, donde habían estado visitando los campamentos de Tinduf entre el 26 de septiembre y el 8 de octubre. Según los informes, la detención se realizó en cuanto desembarcaron del avión.
Los siete pertenecen a varias organizaciones de derechos humanos y otros grupos de la sociedad civil, incluidas secciones saharauis de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos Cometidas por el Estado Marroquí (ASVDH) y el Colectivo de Defensores Saharauis de los Derechos Humanos (CODESA).
Varios de ellos tienen largos historiales de vigilancia y denuncia de violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental. Al menos dos de los siete han sido sometidos a desapariciones forzadas, como Dakja Lashgar, la única mujer detenida, y Brahim Dahane, cuya desaparición forzada tuvo lugar en la década de 1980, y que fue puesto en libertad en 1991. Cuatro han estado en la cárcel, entre ellos Ali Salem Tamek, adoptado por Amnistía Internacional como preso de conciencia.
La agencia oficial de noticias marroquí, en un comunicado emitido el 8 de octubre de 2009, informó de que el Procurador General de la Corona del Tribunal de Apelación de Casablanca había ordenado el traslado de los siete activistas ante la policía judicial.
En el mismo comunicado se explicaba que los activistas habían sido detenidos por reunirse con “organismos opuestos a Marruecos” socavando con ello los intereses nacionales, probablemente en alusión a las entrevistas de los detenidos con representantes del Frente Polisario, que mantiene un gobierno autoproclamado en el exilio en los campamentos de Tinduf. Además de las reuniones con representantes destacados del Frente Polisario, según los informes los siete activistas asistieron a varias conferencias y actos organizados en su honor. Todas estas actividades deben considerarse un ejercicio pacífico y legítimo de la libertad de expresión, asociación y reunión, garantizada en las leyes y normas internacionales.
Las autoridades marroquíes no informaron a los familiares de la detención hasta cuatro días después, a primera hora de la noche del 12 de octubre, en violación del artículo 67 del Código de Procedimiento Penal de Marruecos, que dispone que la policía judicial debe notificar a la familia de un sospechoso su situación en cuanto decide que éste pase a situación de prisión preventiva (garde à vue). Además, a los familiares se les dijo que no podían visitar a los detenidos dado que seguían en garde à vue, lo cual confirma los temores de que el caso se está considerando relacionado con la seguridad interna o externa del Estado, en cuyo caso, y según el artículo 33 del Código de Procedimiento Penal, la detención preventiva podría ampliarse hasta a ocho días, en espera de la autorización de la Fiscalía General.
A Amnistía Internacional también le preocupan los informes según los cuales la familia de al menos un detenido ha sido hostigada tras la detención. Desde última hora de la noche del 11 de octubre, policías y agentes de las fuerzas auxiliares rodean el domicilio de Ahmed Alansari, en el barrio de Salam de Smara impidiendo la entrada incluso a los familiares. Biba Lala Salkha, esposa de Ahmed Alansari, también ha sido acosada verbalmente por miembros de las fuerzas de seguridad. El 11 de octubre acudió a las dependencias de la Fiscalía General de Smara para presentar una denuncia por la detención de su esposo y la fuerte presencia policial ante su domicilio, pero no se la aceptaron. Ella y sus dos hijos mayores iniciaron una huelga de hambre de 48 horas el 12 de octubre protestando por el hostigamiento de que son víctimas.
Amnistía Internacional insta también a las autoridades marroquíes a que desvelen el lugar exacto donde están detenidos los siete activistas recluidos por la policía judicial de Casablanca y les permitan acceder inmediatamente a sus familiares y sus abogados y recibir la atención médica que puedan necesitar.
Información complementaria
La detención de los siete saharauis se produce en un ambiente de ataques contra los activistas por parte de los medios de comunicación marroquíes y de varios partidos políticos, que los tachan de “traidores” y en algunos casos piden que sean castigados. Las visitas familiares entre el Sáhara Occidental y los campamentos de Tinduf, en el sudoeste de Argelia, se realizan bajo los auspicios del ACNUR y los activistas saharauis ya han visitado Argelia en ocasiones anteriores. Sin embargo, esta era la primera vez que visitaban los campamentos de Tinduf.
Las detenciones se producen también en medio de un aumento de los informes de hostigamiento de activistas saharauis, incluida la violación del derecho a salir del país, recogido en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Marruecos es Estado Parte y que garantiza la libertad de circulación. Por ejemplo, el 6 de octubre se impidió viajar a Mauritania a cinco activistas saharauis. Tras largos interrogatorios, les confiscaron a todos los documentos de identidad y después los dejaron en libertad sin darles ninguna explicación oficial del motivo por el cual no podían realizar el viaje.
La situación del Sáhara Occidental, territorio anexionado por Marruecos en 1975, sigue siendo tabú para las autoridades marroquíes, que muestran muy poca tolerancia con quienes se expresan públicamente a favor de su independencia. Las autoridades marroquíes no sólo tienen en el punto de mira a los activistas saharauis que piden la autodeterminación del Sáhara Occidental, sino también a los defensores y defensoras de los derechos humanos saharauis que realizan labores de vigilancia de las violaciones que se perpetran en ese marco. Los defensores y defensoras de los derechos humanos saharauis siguen expuestos a sufrir intimidación, hostigamiento o incluso a ser procesados. Amnistía Internacional teme que el motivo sean sus actividades de derechos humanos y el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión, incluido el derecho a defender pacíficamente la autodeterminación. Un obstáculo más a su labor es la imposibilidad de inscribir legalmente sus organizaciones debido a las trabas administrativas con las que se encuentran, cuyo motivo es político.
En numerosas ocasiones Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades de Marruecos que tomen medidas concretas para garantizar el pleno respeto a la libertad de expresión, asociación y reunión de todos los saharauis. Estos derechos están recogidos en el derecho internacional, en particular en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La organización también ha instado a las autoridades marroquíes a que permitan a los defensores y defensoras de los derechos humanos saharauis recoger y difundir información y opiniones sobre cuestiones de derechos humanos sin temor a ser procesados, hostigados o intimidados, tal como dispone la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998.
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