Conocer Marruecos

Conocer Marruecos

DIARIO VASCO 30.07.10 KOLDO CASLA SALAZAR CONSULTOR DE DERECHOS HUMANOS

Mohamed, hijo del recién fallecido Hassan, era entronizado rey de Marruecos. Desde entonces Marruecos se llena de fiesta y alborozo cada 30 de julio. Ese día es hoy la fiesta nacional más importante del Reino Alauí. Este año quizás los marroquíes tienen algo más que celebrar. Desde finales de 2008, Marruecos ostenta un estatuto avanzado con la Unión Europea. De este modo Marruecos se convirtió en un aliado comercial y político preferente en la región del Magreb. Se trata de la primera concesión de estatuto avanzado en el marco de la Política Europea de Vecindad. Por cierto, este acuerdo fue en buena medida fruto de la iniciativa política española. Hasta hace poco se le había achacado al pacto la gran vaguedad de sus términos. Pero el contrato pareció empezar a tomar forma en la Cumbre UE-Marruecos celebrada en Granada el pasado mes de marzo.

Todavía es pronto para evaluar el impacto real de este estatus privilegiado de vecindad, pero los marroquíes hoy ya pueden celebrar que son nuestro vecino preferente.

Quien fuera en 2008 Comisaria Europea de Relaciones Exteriores, la austríaca Benita Ferrero-Waldner, destacó el «ambicioso programa de reformas en todos los sectores» promovido por el gobierno marroquí. El artículo 3.5 del Tratado de la Unión Europea, en su versión consolidada con el Tratado de Lisboa, afirma que «en sus relaciones con el resto del mundo, la Unión (.) contribuirá a (.) la protección de los derechos humanos, especialmente los derechos del niño, así como al estricto respeto y al desarrollo del Derecho internacional, en particular el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas».
Las dos preguntas que uno legítimamente puede formularse en este punto son: ¿Incluye el supuesto 'ambicioso programa marroquí de reformas' la protección de los derechos humanos y el respeto al Derecho internacional? Y, ¿está realmente la Unión Europea contribuyendo a la protección de los derechos humanos a través del estatuto avanzado concedido a Marruecos?

Human Rights Watch, una de las más renombradas organizaciones internacionales de derechos humanos, señaló hace unos meses que la situación general de los derechos humanos en Marruecos empeoró en 2009. Tanto Amnistía Internacional como Human Rights Watch han denunciado reiteradamente la vulneración del derecho al debido proceso en las causas abiertas contra islamistas en el marco de la legislación antiterrorista. Estas organizaciones también han reclamado el esclarecimiento honesto de los abusos cometidos durante el reinado de Hassan II, así como la reparación para las víctimas y el enjuiciamiento de los perpetradores de casos de torturas y desapariciones. Otro motivo de gran preocupación es la detención y expulsión colectiva de inmigrantes, fruto precisamente de la externalización del control de las fronteras exteriores en la política migratoria de la Unión Europea.
No menos preocupantes son las crecientes restricciones a la libertad de asociación y libertad de prensa. El gobierno de Mohamed VI impide el registro de muchas asociaciones (requisito obligatorio para la constitución legal de las mismas) sobre la base del artículo 19 de la Constitución del Reino, el cual santifica tres elementos incontestables: la inmutabilidad del Monarca y de la Monarquía, la unidad nacional que se extiende (¿cómo no?) al Sahara Occidental, y el Islam como religión oficial del país. Todo aquel que ose cuestionar alguno de estos tres pilares será invitado a callar o directamente marcharse del país. Que se lo pregunten a los periodistas y lectores de Le Journal Hebdomadaire, una de las pocas revistas independientes en el país y que hace unos meses finalmente tuvo que poner el candado a sus puertas debido al efectivo acoso y derribo del que ha sido objeto durante los últimos años.

Estos últimos meses, algunos medios (destacan El País y Le Monde Diplomatique) se han hecho eco del hostigamiento de que son víctimas los cristianos en el país. Colectivos cristianos de asistencia social han tenido que cerrar sus puertas y decenas de extranjeros, algunos de nacionalidad española, han sido expulsados acusados de proselitismo y de «quebrantar la fe de los musulmanes».

En el año 2005, la Unión Europea y Marruecos firmaron un acuerdo pesquero no exento de polémica. Grupos de la sociedad civil han denunciado constantemente que barcos pesqueros europeos están faenando en las aguas costeras del Sahara Occidental, territorio militarmente ocupado por Marruecos desde que España puso pies en polvorosa en 1975. La presencia de Marruecos en el Sahara Occidental simplemente contraría el Derecho internacional, y así fue declarado hace ya más de tres décadas por la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, para la Unión Europea éste no parece ser un argumento de peso. En una carta remitida a Western Sahara Resource Watch el pasado mes de junio, la Comisión Europea confirmó las actividades pesqueras en aguas saharauis, incluso sin contar con el consentimiento de la población, lo cual contraviene pasmosamente las normas internacionales de las que la UE dice ser adalid. Curiosamente, 100 de los 119 barcos que se benefician del pacto europeo-marroquí ondean la bandera española.

En línea con el estatuto avanzado de nuestro vecino, la UE acaba de anunciar su intención de invertir 80 millones de euros en el sector agrícola marroquí a lo largo de los próximos tres años. En una entrevista concedida hace unos días a Radio France Internationale, el embajador de la UE en Marruecos, Eneko Landaburu, argumentaba que la modernización del sistema de producción agrícola en Marruecos es importante para los países de la Unión dado el alto nivel de importación europea de productos agrícolas marroquíes. Marruecos es, decía Landaburu, un 'aliado privilegiado' de Europa. Ciertamente puede serlo en el sector agrícola y pesquero. La cuestión es si realmente Marruecos es el tipo de aliado que la Unión Europea necesita para la promoción de los derechos humanos en el mundo.

*Koldo Casla Salazar is a Fulbright graduate student at Josef Korbel School of International Studies. Before coming to Denver, he has studied a Master in International and European Law in Spain and a Master in Human Rights in Great Britain. He joined Amnesty International when he was 16, and since then he has been involved at the local, national and international levels. He has also worked with other human rights institutions, including the UN Office of Human Rights in Geneva. His main interests are Economic, Social and Cultural Rights and impact assessment of NGOs.