HERALDO DE ARAGON.
La Tribuna.- 27 de octubre de 2010.
Una bala para un niño: Zuber Elgarhi. El ejército marroquí lo asesinó cuando ametralló el todo terreno en el que en compañía de otros saharauis pretendía acceder al campamento de Agdaym Izik, situado a las afueras del El Aaiún, Sahara Occidental. El resto de los ocupantes resultaron gravemente heridos. A la brutalidad de la acción se añade la ignominia de Rabat que sostiene que del vehículo salieron disparos. Los saharauis de las zonas ocupadas no tienen armas y se encuentran indefensos ante el abandono de la Comunidad Internacional. Desde hace semanas miles de saharauis se concentran en el desierto en una acampada contra el expolio de los recursos naturales por parte del ocupante marroquí. Los saharauis no se ven beneficiados de la pesca ni del fosfato, por citar algunas de las riquezas del territorio con las que Marruecos autofinancia ilegalmente la ocupación. Los empleos son para los colonos marroquíes.
La recién nombrada ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, ha recomendado a las autoridades marroquíes mantener contactos con los dirigentes del campamento para evitar la violencia. Las palabras de la Ministra no resuelven nada, ¿cuál sería la reacción si el Gobierno recomendase al agresor machista que dialogue con su víctima para evitar males mayores? Cuando en Naciones Unidas se decide la ampliación de la misión de los cascos azules en el Sahara a la supervisión de los derechos humanos, España no se pronuncia a favor. Marruecos se ha convertido en un comprador de armamento de España. Este año, desde este Observatorio se presentó, junto a otras entidades, una denuncia ante el Ministerio de Comercio para que no se le vendan más armas. La denuncia fue rechazada y la Secretaria de Estado de Comercio, Silvia Iranzo, defendió en el Congreso estas exportaciones asegurando que este material no será utilizado con fines de represión interna y que, "en ningún momento, se ha destinado a alimentar el conflicto que el país tiene abierto con el Sáhara”. No conformes con esta respuesta interpusimos el correspondiente procedimiento judicial para impugnarla, el tiempo, desgraciadamente, ha confirmado que no nos equivocábamos, el Gobierno de la Nación, como es habitual en casi todo lo que tiene que ver con el Sahara Occidental, sí.
La responsabilidad principal y directa por la represión en las zonas ocupadas corresponde a Marruecos, en los Tratados Internacionales se contemplan estas actuaciones, a la querella por el intento de genocidio del pueblo saharaui, que se investiga en la Audiencia Nacional, se pueden unir nuevos frentes judiciales. El fracaso del proceso de descolonización por parte de España, inconcluso, no excusa los errores, por ser generosos con el calificativo, del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Llegó al Gobierno manifestando que el problema del Sahara lo solucionaba en seis meses y ha acabado con una postura claudicante, permanece impasible y justifica, incluso, los ataques a españoles en sus desplazamientos al Sahara Occidental. La rectificación se impone con urgencia, la condena de la represión marroquí en el Sahara Occidental debería ser el primer paso.
Luis Mangrané Cuevas, vicepresidente del Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental
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