CARLOS PARKER, ex embajador y ex director de Coordinación Regional del Minrel.
Si usted mira detenidamente un mapa del continente africano, observará que justo en el extremo del norte occidental aparece un territorio señalado como Sahara Occidental. Usted, por supuesto, sabe que no existe ningún país con ese nombre y, probablemente, nunca antes había reparado en la extraña circunstancia de que un espacio geográfico de tan importantes dimensiones no haga parte del territorio soberano de ningún país en particular.
En efecto, el Sahara Occidental no forma parte del territorio soberano de Marruecos, de Mauritania ni de Argelia, países que lo circundan. Dicho territorio recibe esta denominación genérica alusiva a la geografía y no a la política, en razón a que de acuerdo al derecho internacional expresado en contundentes fallos de la Corte Internacional de Justicia, así como de conformidad a diversos pronunciamientos y resoluciones de los órganos competentes de la ONU, no se reconoce a país alguno derechos de soberanía sobre el Sahara Occidental.
En verdad, el Sahara Occidental pertenece a sus habitantes ancestrales que son el pueblo saharaui. Población mayoritariamente nómade, la que aparte de su dialecto propio, la lengua hasanía, se expresa, lee y escribe indistintamente en idiomas árabe y español.
Los saharauis hablan español porque dichos territorios fueron colonia española (Sahara Español) al igual que Chile y gran parte de los países latinoamericanos. De hecho, de acuerdo con el derecho internacional y al menos formalmente, España continúa siendo hasta hoy la potencia administradora de su ex posesión colonial de la cual se retiró abruptamente en 1975, dejando a sus habitantes a la deriva y a expensas de los afanes expansionistas de sus vecinos.
No estaría demás que el Estado de Chile honrara la palabra empeñada, esa que en su oportunidad otorgaron sus representantes legítimos y en el ejercicio de la prerrogativa soberana que tiene Chile para adoptar sus propias decisiones en el campo internacional.
Precisamente en dicho precipitado abandono español y sus circunstancias tanto internas como internacionales radica el origen del conflicto entre saharauis y marroquíes que se arrastra de modo inclemente hasta hoy.
Este conflicto consiste, en pocas palabras, en que mientras los saharauis reclaman su derecho a la independencia y a la autodeterminación nacional, los Marroquíes, sin títulos legales de ninguna especie, consideran el Sahara Occidental como territorio propio.
El retiro de la ex potencia colonial implicó que España abdicará de sus responsabilidades y renunciara a sus deberes esenciales como ex potencia dominante. El primero de todos, consistente en contribuir a descolonizar el Sahara Occidental posibilitando que los derechos saharauis se hicieran efectivos. Tal y como lo habían logrado por esos mismos años otros tantos pueblos africanos hasta entonces colonias europeas que alcanzaron la independencia.
El derecho a la autodeterminación e independencia de los ex pueblos coloniales es una prerrogativa inalienable que está consagrada como tal en la propia Carta de las Naciones Unidas. Ese derecho le ha sido negado al pueblo saharaui hasta nuestros días. Esa denegación de derechos tiene lugar, paradojalmente, precisamente en un tiempo en que se nos dice que campea la globalización, el derecho internacional, los afanes de integración y cooperación, y la búsqueda de la preeminencia de los derechos humanos en todo el planeta.
Ante la impotencia española, la desidia generalizada, la indiferencia de la comunidad internacional y de modo abundante merced a la complicidad disfrazada de virtuosa moderación de ciertas potencias europeas concernidas, en 1975 y tras la retirada española Marruecos procedió a invadir el Sahara Occidental en lo que se conoció como la Marcha Verde. A instancias de la monarquía marroquí, miles de personas con apoyo militar vinieron desde fuera del Sahara Occidental para asentarse en esos territorios.
Los enfrentamientos entre saharauis y marroquíes no se hicieron esperar. Los saharauis acaudillados por el Frente Polisario se enfrentaron simultáneamente a marroquíes y mauritanos, estos últimos, tratando de sacar también su tajada territorial.
Como resultado de estos enfrentamientos, el Sahara Occidental quedó dividido hasta hoy en dos franjas cortadas de norte a sur. Una muralla fortificada de más de 2 mil kilómetros de largo construida por Marruecos y resguardada por 150 mil soldados refleja cabalmente la situación.
A oeste la franja anexada y ocupada ilegalmente por Marruecos. Al lado opuesto, hacia la frontera con Argelia, la franja bajo control político, militar y administrativo del Frente Polisario y de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Esta última, entidad política que los saharauis edificaron en 1976 como un medio para cautelar sus derechos nacionales.
En 1991, en medio de una situación crecientemente inestable, las Naciones Unidas decidieron establecer la Misión de la ONU para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO). Los propios objetivos de la Misión de la ONU, más los consensos entre saharauis y marroquíes contenidos en los Acuerdos de Houston y el llamado Plan de Arreglo, habían dejado en manos del resultado de dicha consulta el destino de la controversia. De acuerdo con lo estipulado, los habitantes del Sahara Occidental debían de pronunciarse sobre si deseaban la independencia o la integración a Marruecos, en un procedimiento electoral que quedó fijado para el 8 de diciembre de 1998.
Pero el tal referéndum nunca ha llegado a realizarse. Continuas objeciones de Marruecos en cuanto al padrón electoral han derivado en obstáculos insalvables. Como resultado, en ausencia de un mecanismo de solución política de este conflicto, sin que la propia ONU sea capaz de hacer valer sus puntos de vista, y ante la complicidad abierta o encubierta de las potencias europeas de una u otra manera implicadas, la tensión sigue creciendo y los caminos para una solución pacífica y negociada se van cerrando.
Precisamente la semana pasada se vivió una jornada de violencia y represión indiscriminada contra los saharauis en el campamento de Gdaim Izik, en las cercanías del Aiuyún, capital del Sahara Occidental bajo ocupación marroquí.
Informes de prensa reportaron decenas de víctimas fatales y detenidos como consecuencia de la violenta y desmesurada represión desatada contra saharauis que protestaban por las condiciones de vida imperantes. Más detalles todavía nos se conocen, puesto que las autoridades marroquíes han impuesto un cerrado cerco informativo que incluye la expulsión de periodistas extranjeros y la confiscación de sus medios de trabajo.
El Frente Polisario y la RASD hicieron tempranamente una opción por una salida política. Pudiendo haber optado por la estrategia militar en la reivindicación de sus derechos, los líderes saharauis han optado por la negociación política, a instancias de la ONU.
Como parte de esta estrategia diplomática, la RASD ha buscado apoyos externos con gran éxito. La RASD ingreso en 1982 como miembro pleno de la Organización para la Unidad Africana (OUA) y más tarde cuando dicho organismo se extinguió, pasó a formar parte como miembro fundador de la actual Unión Africana, entidad que reúne a todos los países africanos, con la sola excepción de Marruecos.
Actualmente, 85 países miembros de la ONU reconocen a la RASD, con la cual tienen relaciones diplomáticas plenas. En América Latina reconocen a la RASD países como México. Cuba, Panamá, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Uruguay, entre otros.
En cuanto a Chile, la causa nacional saharaui goza de un apoyo transversal que va desde la UDI hasta el Partido Comunista. Así ha quedado reflejado en varios proyectos de acuerdo aprobados por amplias y plurales mayorías en la Cámara de Diputados, en cuyos textos, junto con reconocer la justeza de la causa saharaui, se ha insistido en la necesidad de que el Gobierno de Chile reconozca a la RASD y establezca relaciones diplomáticas bilaterales. En dichos textos, además se remarcado la circunstancia de que gran número de países que reconocen a la RASD y tienen relaciones diplomáticas, las tienen simultáneamente con Marruecos. Por lo mismo, no se trata de tomar acciones excluyentes, sino de establecer una posición de equilibrio mínimo entre las partes en medio del conflicto, para así tener legitimidad en cualquier aporte que se quiera hacer para contribuir a su solución justa y duradera de la controversia.
En noviembre de 1999, el Gobierno de Chile informó oficialmente a las autoridades de la RASD de su decisión de proceder a dicho reconocimiento, para lo cual se anunció la celebración de una ceremonia que tendría lugar a una hora y día determinado en la Misión de Chile ante las Naciones Unidas en Nueva York. Sorpresivamente, a poco de celebrarse la programada ceremonia, el Gobierno de Chile resolvió unilateralmente dejarla sin efecto, comunicándole a la parte saharaui que la misma quedaba postergada, pero que se mantenía en pié la decisión de proceder al reconocimiento y al establecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales.
Había operado la diplomacia de los telefonazos. Aquella de las ofertas, de las presiones indebidas y de los consejeros de ocasión, quienes se aplicaron al máximo hasta lograr revertir la decisión ya tomada.
No estaría demás que el Estado de Chile honrara la palabra empeñada, esa que en su oportunidad otorgaron sus representantes legítimos y en el ejercicio de la prerrogativa soberana que tiene Chile para adoptar sus propias decisiones en el campo internacional.
Probablemente, junto con exigir a los organismos multilaterales que cumplan con su papel de hacer prevalecer el derecho y la paz, aquella sería la mayor contribución que los chilenos podríamos hacer para reforzar la estrategia de la política y la negociación diplomática. Para impedir que se retiren los diplomáticos y entren a escena los militares.
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