Javier García Lachica (WSRW) en España
Negociar con compañías en los territorios ocupados es una forma de legitimar la ocupación, afirma esta ONG. Da oportunidades laborales a los colonos y beneficios al Go-bierno marroquí, por ello urge a las empresas a que salgan del Sahara Occidental mientras no se resuelva el conflicto
BILBAO. Si los beneficios de la explotación de los recursos del Sahara Occidental redundaran en el pueblo saharaui no habrían sido necesarias las protestas pacíficas acabadas en tragedia que más de 20.000 saharauis iniciaron en los alrededores de El Aaiún, indignados por la continuada represión política y las desesperantes condiciones socio económicas en el territorio ocupado". Así lo manifestó el viernes el Frente Polisario a la comisaria europea de Pesca, Maria Damanaki. En estos mismos términos se cuestiona también el Observatorio para los Recursos Naturales del Sahara Occidental (WSRW) el papel de las compañías españolas que están instaladas y explotando recursos en el Aaiún y otros puntos del Sahara Occidental, empresas que no contratan saharauis y que a menudo operan de forma muy poco transparente.
¿Beneficia de alguna manera el acuerdo de pesca de la UE con Marruecos a los saharauis?
En absoluto, todo lo contrario. Hay un informe emitido el año pasado por los servicios jurídicos del Parlamento Europeo que decía claramente que este acuerdo es ilegal tal y como se está llevando a cabo ahora mismo, porque no se demostraba que el pueblo saharaui se estuviera beneficiando de él. A eso hay que añadir que para que pueda cumplir con la legalidad, el acuerdo no sólo tendría que beneficiar al pueblo saharaui, sino que debería hacerse conforme a sus deseos, como bien explica el dictamen de Hans Corell.
De hecho, así lo ha manifestado el Frente Polisario ¿no?
Efectivamente, esta semana el FP ha hecho llegar una misiva a través de su delegado ante la UE a la comisaria de Pesca, Damanaki, diciendo que no están de acuerdo con ese tratado de pesca y pidiendo que se excluyan del acuerdo las aguas del Sahara Occidental. Entonces, ninguno de los dos aspectos mencionados se cumple, porque los saharauis no están siendo contratados dentro del sector pesquero y el hecho de intentar justificar unos beneficios basándose en que se están realizando infraestructuras en el territorio, no implica que los saharauis se estén beneficiando.
¿Hay algún tipo de control europeo sobre el destino de esos beneficios de los recursos naturales?
La Comisión Europea ha pedido a Marruecos un informe que esclarezca dónde van a parar esos beneficios, pero desde el Observatorio de Recursos creemos que debería ser una entidad independiente la que auditara el destino del dinero que obtiene Marruecos con el acuerdo de pesca. Además, la Comisión de Pesca hizo esa solicitud en febrero y, aunque el informe se esperaba para mayo, todavía no hay respuesta de Marruecos. Por lo que esperamos que la Comisión sea consecuente con lo manifestado sobre que no seguirá con el acuerdo si no se entrega ese informe.
¿A qué intereses está supeditado el gobierno español para no pronunciarse de forma contundente frente a Marruecos?
Los intereses de España en Marruecos son evidentes por sus relaciones de cercanía, el tema de Ceuta y Melilla, el control de la inmigración, intereses económicos de un montón de empresas instaladas en Marruecos como Telefónica y otras grandes compañías, o el importante holding del sector pesquero, Gealsa y la exportadora de fosfatos FMC Foret, perteneciente al grupo estadounidense FMC Corporation, que están directamente instaladas y explotando recursos en el Sahara Occidental. Ese lobby económico y financiero tiene muchísimo peso, pero también está la venta de armas a Marruecos que, por desgracia, es un negocio importante para España.
¿Cómo han reaccionando los países europeos comparado con España?
Francamente estamos sorprendidos de la reacción del gobierno español. Se entiende que defiendan intereses de forma equivocada, pero en este caso se trata de una terrible violación de los derechos humanos, incluso con un ciudadano español muerto de por medio, y que no se adopte una postura firme no se entiende. A nivel del Parlamento Europeo hay mucha preocupación y desde los subcomités de derechos humanos se está trabajando para exigir a la ONU una resolución para investigar sobre el terreno lo sucedido en El Aaiún y cada vez son más quienes se pronuncian a favor de revisar el tratado de pesca con el mayor conocimiento e implicación posibles para no pasar por alto la condicionalidad del respeto por los derechos humanos que exige el acuerdo.
¿Qué tipo de trabajo hace el WSRW sobre las empresas que operan en el Sahara Occidental?
Nuestro trabajo consiste en investigar qué empresas están allí explotando recursos y hacer campañas de denuncia, no sólo a nivel de sensibilización social, sino directamente con ellos, enviándoles cartas a sus accionistas, escribiendo a sus gobiernos para hacerles saber que sus actividades son ilegales. En España nos hemos centrado este año en el caso de Gealsa, que tiene a Mercadona como empresa derivada para la comercialización de sus sardinas. Hacemos saber a Mercadona que es corresponsable de un negocio ilegal y que como tal debe abandonar el convenio con Gealsa.
¿Qué respuesta recibís en el WSRW de las empresas con las que mantenéis contacto?
El contacto de diálogo con Gealsa se mantiene más menos, pero continúan con su actividad industrial de forma invariable. A nivel social hay plataformas prosaharauis que están llevando una campaña de protesta directa a la cadena de Supermercados de Mercadona y solo podemos esperar que la bola de solidaridad y apoyo vaya creciendo y se lleguen a producir cambios.
¿Cómo justifica Marruecos el establecimiento de empresas en territorio ocupado sobre el que no tiene la soberanía legítima?
En general las empresas que se instalan en Marruecos y en el Sahara Occidental deben hacerlo en asociación con empresas marroquíes, creando empresas mixtas. En el caso de Gealsa está asociado al 51% del capital con otra empresa marroquí operando bajo el nombre de Damsa. Esta compañía compra las sardinas en el puerto del Aaiún y las enlata en el complejo conservero de la ciudad. Otras empresas como MCF Foret, compran abiertamente el fosfato, algo que por supuesto no consideran ilegal y otras se instalan de forma más encubierta en puntos más al norte del Sahara, en Tan-Tan o Agadir y sacan el producto conservero en camiones sin identificativo, totalmente blancos, de una forma más opaca y difícil de controlar.
¿Estas empresas dan trabajo a la población saharaui?
En el caso de Gealsa aseguran que tienen contratados a unos 40 saharauis de entre los 350 trabajadores pero aún siendo una cifra ridícula tampoco justifica que la empresa tenga derecho a instalarse y explotar recursos en un territorio reconocido por la ley internacional como una ocupación ilegítima. De todas formas, tampoco podemos demostrar que esa cifra que nos dan sea cierta.
La respuesta de la ONU al asalto del campamento ha sido muy tibia ¿Qué se espera de la UE?
Desde las ONG"s estamos intentando que se emita una resolución de condena en el Parlamento Europeo, que no tiene visos de que se produzca en breve. Nos están llegando noticias de que la reunión propuesta por el grupo de los Liberales en el Parlamento Europeo, prevista para esta semana, se podría posponer a petición de Marruecos, o sea que tampoco vamos por buen camino.
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