EL MUNDO Erena Calvo | Casablanca 28/01/2011 Tras varias vistas más o menos accidentadas- y más de un año entre rejas, hoy se esperaba la lectura de la sentencia en el Tribunal de Primera Instancia de Ain Sbaa (a las afueras de Casablanca) del juicio contra Brahim Dahane, presidente de la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de los Derechos Humanos (Asvdh); Ali Salem Tamek, vicepresidente de Codesa (Colectivo Saharaui de Defensa de los Derechos Humanos, grupo que lidera Aminatu Haidar) y Ahmed Naciri, activista saharaui de la ciudad de Smara.
Sin embargo, el juez ha comunicado que se aplaza el veredicto hasta el 11 de febrero. Los activistas, presos en la cárcel Oukacha de Casablanca, no han comparecido hoy en el juzgado. "Todavía no hay sentencia para esos mercenarios", dijo a este periódico uno de los abogados de la Fiscalía presente en la sala, donde esta vez no se han producido incidentes como los que terminaron el pasado octubre en una batalla campal de decenas de marroquíes contra algunos saharauis y periodistas españoles presentes en el juzgado.
A la salida del tribunal, un pequeño grupo de marroquíes blandía pacíficamente banderas marroquíes y, tras un cartel en el que reclamaban la marroquinidad del Sahara Occidental, gritaban eslóganes en contra del Frente Polisario y a favor del Plan de Autonomía que Marruecos propone en las Naciones Unidas (ONU) para el territorio en disputa.
Más de un año entre rejas
Dahane, Tamek y Naciri -los tres cabezas de las principales asociaciones de defensa de los derechos humanos en el Sahara Occidental- están entre rejas desde hace ya más de un año y tres meses a la espera de que los tribunales marroquíes decidan sobre su situación.
Fueron detenidos a pie de pista en el aeródromo Mohamed V de Casablanca, capital económica del país, el pasado octubre, cuando regresaban de un viaje a los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (en Argelia).
Marruecos les acusó entonces de traición a la patria y de atentar contra la seguridad del Estado y su caso fue trasladado a la jurisdicción militar, que según denunciaron asociaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional podría haberles condenado incluso a la pena capital, figura que Marruecos mantiene en sus códigos aunque no aplica desde 1993.
Hace cuatro meses se les retiró la acusación de traición y su dossier pasó a los tribunales civiles. Junto a ellos, viajaron a Tinduf otros cuatro saharauis (tres hombres y una mujer), que ya han sido puestos en libertad provisional tras protagonizar varias huelgas de hambre en la prisión.
Colectivos saharauis han tachado en diversas ocasiones de "injusta y arbitraria" su detención y encarcelamiento y han insistido en que después de ellos, varias delegaciones de saharauis han viajado desde El Aaiún, capital administrativa del Sahara Occidental, a los campamentos de refugiados sin que haya habido consecuencias legales
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