La única novedad que podemos resaltar de la nueva Constitución de Marruecos es la figura del nuevo presidente del Gobierno que saldrá del partido más votado del Parlamento, podrá constituir su propio equipo con previa consulta y acuerdo con el monarca, y presentará sus leyes y decretos a los parlamentarios para que sean aprobados.
La nueva Constitución consolida la figura del rey como máxima autoridad religiosa, judicial y de seguridad dentro de la sociedad marroquí, con capacidad para disolver el Parlamento e intervenir en caso de que se desate una crisis institucional.
Un verdadero cambio en Marruecos solo se conseguirá si se respeta la voluntad de los votantes a través de sus representantes electos democráticamente; en eso consiste una democracia parlamentaria que quiera corregir sus propios problemas y avanzar en la senda reformadora.
Una verdadera democracia solo saldrá de la capacidad de la sociedad civil y su compromiso con una profunda transición que lleve al país hacia la consolidación de un Gobierno electo, cuyas decisiones serán sometidas durante el periodo electoral al examen de las urnas.
Un poder inviolable y con capacidad de intervención en todos los asuntos del país deja poco margen a un presidente electo en las urnas y sometido a las exigencias de sus votantes, y sin ninguna posibilidad para negociar una solución democrática y justa al conflicto del Sáhara Occidental, que tantos años lleva frenando las relaciones entre marroquíes y saharauis.
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