'Público' accede al informe reservado de Rabat que, según los 27, justifica que los saharauis se benefician del acuerdo pesquero con Europa. El documento no menciona el territorio
PUBLICO TRINIDAD DEIROS MADRID 05/09/2011
En el orden del día de la reunión del Consejo de la Unión Europea del pasado 29 de junio no debía de figurar en lugar destacado la legalidad internacional. La institución que representa a los gobiernos de los 27 sancionó ese día definitivamente la prórroga por un año del acuerdo pesquero con Marruecos después de que Alemania cambiara su voto y se uniera a los adalides del pacto: España y Francia.
Este convenio de cuatro años de duración, que expiró el 27 de febrero, incluye las aguas de la última colonia de África: el Sáhara Occidental. Una circunstancia que, según la doctrina de la ONU y de un dictamen de los servicios legales del Parlamento europeo, hace que el convenio sea ilegal mientras Rabat no demuestre que cumple dos requisitos. El primero, que los saharauis han dado su visto bueno al pacto, y el segundo, que este pueblo se beneficia del acuerdo.
El 12 de julio, un comunicado del Consejo justificaba la prórroga del protocolo pesquero: "Las autoridades marroquíes han proporcionado, en diciembre de 2010, información relevante a la Comisión que establece que la población de esa región [el Sáhara Occidental] se ha estado beneficiando del acuerdo".
La frase aludía a un informe entregado por Marruecos a Bruselas después de que la comisaria europea de Pesca, María Damanaki, se lo reclamara en vano durante meses. Damanaki respondió así a la inquietud mostrada acerca de la legalidad del acuerdo por países como Suecia, Dinamarca y Reino Unido, que se negaron, en contra del criterio de España, a que el protocolo se renovara automáticamente en febrero por otros cuatro años.
Público ha accedido a una copia de ese informe marroquí, que se ha mantenido en secreto clasificándolo como "restringido UE". Pese a lo afirmado por los 27, en el texto de 44 páginas ni siquiera se menciona el Sáhara ni a su población. Las aguas de la excolonia española se engloban en una "región" denominada "Atlántico sur", que no corresponde exactamente con el territorio saharaui pues incluye una franja del litoral marroquí.
El documento sí alude a ciudades saharauis, presentadas como marroquíes, por ejemplo para informar de la construcción del puerto de Bojador y la extensión del puerto de Dajla. Datos que deberían ser irrelevantes, pues el dictamen legal de la Eurocámara de 2009 precisó que la construcción de infraestructuras no se puede equiparar a un beneficio para la población.
Datos generales
El informe se centra en presentar la "estrategia Halieutis", un plan de desarrollo del sector pesquero marroquí [se entiende que también del saharaui] cofinanciada con parte de los 36,1 millones de euros anuales que la UE ha pagado desde 2007 por las 119 licencias que prevé el convenio (101 para barcos españoles).
El texto es prolijo en buenas intenciones, como la "explotación sostenible del recurso pesquero", pero pobre en datos, que son además muy generales. Las cifras apenas si aparecen desglosadas por regiones y en ningún caso se alude al Sáhara como tal.
Una realidad que desmiente lo afirmado por Alicia Villauriz, secretaria general del Mar del Ministerio español de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino que, en una carta al Observatorio de los Recursos Naturales del Sáhara Occidental (WSRW, en sus siglas en inglés), fechada el 2 de marzo, afirmó: "Los impactos socioeconómicos en la región son evaluados específicamente" por Rabat.
En realidad, la parte del informe dedicada al "impacto socioeconómico" ocupa sólo tres páginas. En una de ellas se anuncia que en la región "Atlántico Sur" se han creado 20.700 puestos de trabajo. No se dice cómo, ni cuándo, ni en qué empresas, ni, lo que es más importante, cuántos saharauis ocupan esos empleos. Incluso si esa cifra es cierta, no se podría colegir de ello que la población saharaui obtiene beneficios, pues en el Sáhara viven ya más marroquíes que pobladores autóctonos.
La presentación marroquí concluye asegurando que el acuerdo de pesca con la UE ha financiado el 26% del coste de los proyectos de desarrollo de su sector pesquero, y cita, entre otros, un plan de modernización de la flota y un programa para la eliminación de las nefastas redes de deriva.
Estos datos positivos suscitan dudas a la luz de los pésimos resultados que arroja una evaluación independiente sobre el acuerdo que la propia UE encargó en 2010 a la consultora francesa Oceanic Développement Megapesca Ltd.
El informe de esta empresa contradice buena parte de lo que afirma el documento entregado por Rabat a la UE. Sostiene, por ejemplo, que el apoyo económico de Bruselas al sector pesquero marroquí (también en el Sáhara) "ha sido poco utilizado". Y ofrece como razón el "fracaso" de los programas citados precisamente por Rabat. Por ejemplo, el de modernización de la flota, del que se asegura que "no ha sido utilizado". También se denuncia que Marruecos no ha cumplido con "ninguno de sus compromisos" sobre la eliminación de las redes de deriva. Ello no ha sido óbice para que Rabat haya percibido "en su totalidad" los fondos europeos destinados a ese programa.
La constatación de un fracaso
La comparación del informe marroquí y de la evaluación independiente de la UE (proporcionada a este diario, con algunas partes borradas por la Comisión Europea) hace aflorar muchas zonas de sombra. Si, en su informe, Marruecos da una imagen positiva del pacto, el estudio de Bruselas describe el convenio como "decepcionante" e "ineficaz". La consultora pone incluso en boca de Rabat la constatación de ese fracaso: "Las autoridades marroquíes consideran que el apoyo a su sector de la UE no representa más que el 0,2% de lo invertido por el Estado en desarrollar este". Sobre el empleo, se precisa: "La repercusión del acuerdo sobre el sector de la pesca en Marruecos [y en el Sáhara] es relativamente marginal".
En un dato coinciden ambos informes: la UE no ha financiado a las asociaciones profesionales marroquíes del sector pese a tenerlo previsto. Una de las razones es que dichas asociaciones pretendían comprar todoterrenos a expensas del dinero europeo.
Para Javier García Lachica, representante en España de WSRW, una organización que lleva meses pidiendo en vano que se hagan públicas las alegaciones de Rabat, es "indignante la opacidad de Bruselas". En su opinión, la aceptación del texto marroquí era un "trámite" destinado a justificar la prórroga del acuerdo: "Este informe se ha mantenido en secreto porque no justifica nada y lo que demuestra es que el convenio obedece a motivos políticos".
Bucharaya Beyún, delegado del Frente Polisario en España, va aún más lejos. Recalca que el auténtico objetivo de Marruecos es que, mediante el acuerdo de pesca, "la UE reconozca la soberanía marroquí sobre el Sáhara".
"¿Qué son 36 millones de euros para un Estado? Nada. Aquí el objetivo es político, y ese fin político recibe mucho oxígeno del Gobierno español", denuncia Beyún.
El acuerdo no parece obedecer a un fin económico para la UE, toda vez que se trata de un pésimo negocio: por cada euro invertido, sólo se recuperan 0,83 céntimos. El incumplimiento de objetivos del acuerdo que pone de relieve la evaluación de Bruselas es tal que, el 31 de agosto, la presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, la popular Carmen Fraga, exclamó al conocer sus resultados: "Es el informe más negativo que he visto en mi vida".
El interrogante que surge ahora es por qué los 27 dan por bueno un informe de Marruecos que no sólo no justifica beneficios para la población saharaui, sino que contradice una evaluación de la propia Unión Europea.
Los saharauis desmienten a Rabat
Tres asociaciones de pescadores de la ciudad de Dajla han desmentido, en una carta enviada a la UE, que los saharauis se beneficien de la pesca en sus aguas. Es más, el texto denuncia "su marginación y exclusión" así como que "el Estado marroquí se refiera constantemente a las inversiones, mientras que en realidad no están llevando a cabo ningún esfuerzo para hacer que la gente se beneficie de esa supuesta inversión".
La Comisión eludió valorar el documento en el que Marruecos supuestamente justifica que la población saharaui se beneficia del acuerdo pesquero
PUBLICO DANIEL BASTEIRO BRUSELAS. CORRESPONSAL 05/09/2011
La Comisión Europea eludió valorar el documento en el que Marruecos supuestamente justifica que la población saharaui se beneficia del acuerdo pesquero. Oliver Drewes, portavoz comunitario de Pesca, aseguró a este diario que no quiere "interferir en el desarrollo del proceso institucional" que deberá desembocar a final de año en el "voto sobre la prórroga del acuerdo" en la Eurocámara.
El Ejecutivo comunitario asegura que recibió las justificaciones de Rabat "a finales de diciembre", por lo que no tuvo tiempo suficiente para dictaminar si eran o no suficientes para cancelar la prórroga de un año que entró en vigor en febrero, aunque no se votó definitivamente en el Consejo hasta el 29 de junio. Drewes asegura que Bruselas hará público su análisis una vez la Eurocámara decida que los 27 gobiernos y la Comisión quieren dotarse de un acuerdo duradero.
Bruselas pide más datos
Otras fuentes comunitarias son pesimistas sobre las justificaciones marroquíes. "Hasta diciembre, todo lo que Marruecos nos había entregado era una presentación con fotografías de los puertos construidos y los que estaban en proyecto", aseguran. Sin embargo, las mismas fuentes advierten de que la legislación internacional exige que "los beneficios del acuerdo reviertan sobre la población local, pero no especifica cuáles ni cómo".
Aunque el Parlamento de Estrasburgo, más crítico que la Comisión, podría revocar la extensión del acuerdo, no parece previsible que esto suceda. La prórroga adoptada por el Consejo incluye la obligación para Marruecos de entregar, antes de finales de enero de 2012, un informe desglosado por regiones en el que se aclare el uso de los fondos europeos.
La versión oficial europea y del Gobierno de España pretende que el pacto de pesca con Marruecos es necesario para "salvar" el sector español
PUBLICO MARICRUZ SUÁREZ 05/09/2011 08:00
La versión oficial europea y del Gobierno de España pretende que el pacto de pesca con Marruecos es necesario para "salvar" el sector español y ayudar a desarrollar el marroquí. La realidad de las cifras desmiente, sin embargo, las declaraciones oficiales. Una investigación independiente efectuada por WSRW, tras contactar con armadores ycofradías de pescadores, concluye que este es un mal acuerdo para el pescador español.
Según nuestros datos, del centenar de licencias supuestamente disfrutadas por España sobran al menos 40. Una circunstancia avala esta afirmación; desde hace años ningún barco gallego ni vasco, ni cántabro acude a pescar a ese caladero. Además, hay que diferenciar entre "barco" y "licencia" pues hay dos tipos de ellas; las trimestrales para barcos artesanales y las anuales (para barcos mayores de 12 metros de eslora). Es decir, 101 licencias no corresponden a 101 barcos.
En Canarias y en Andalucía, cuyos barcos si continúan pescando en el caladero marroquí (y saharaui, no lo olvidemos), muchas licencias se desaprovechan por la falta de rentabilidad para el armador, que debe invertir de 4.000 a 5.000 euros por trimestre y barco para sufragar la licencia.
Las quejas son muchas y reflejan el malestar generalizado por unas condiciones "draconianas", aseguran en privado los armadores, agravadas por la corrupción de las autoridades marroquíes, que han exigido desde regalos (whisky, tabaco, móviles) a dinero en efectivo a marineros y armadores. Algunos de estos últimos han abandonado el caladero tras pagar la licencia por negarse a contratar a tripulantes impuestos por Marruecos que en ocasiones ni siquiera eran pescadores. Las capturas no compensan tampoco la elevada inversión.
Además, el acuerdo no incluye las modalidades de pesca de mayor interés para España, pues Rabat sólo negocia sobre especies excedentarias, incluyendo las aguas del Sáhara Occidental. Por ello muchos armadores han optado por crear empresas mixtas con socios marroquíes para faenar con bandera de ese país sin restricción alguna.
La UE paga un precio tan alto por este acuerdo que el negocio es ruinoso. Los ciudadanos europeos merecemos saber en qué ha gastado Marruecos esos 36 millones de euros anuales que recibe cada año de nuestros bolsillos.
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