El presidente de francés, François Hollande,
debería instar al Gobierno de Marruecos, tradicional aliado de Francia, a
realizar nuevas reformas en materia de Derechos Humanos durante su primera
visita oficial al país, según ha señalado este martes la organización Human
Rights Watch (HRW).
Según HRW, durante sus reuniones con las
distintas personalidades políticas marroquíes, el presidente de Francia debería
abordar las ejecuciones extrajudiciales cometidas en el país, además de las
torturas a los presos, las restricciones a la libertad de reunión, asociación y
expresión y el fenómeno de la explotación infantil en la región.
"Aunque actualmente el panorama político
de Marruecos se caracteriza por una apertura considerable, Hollande debe
presionar en aquellas áreas donde las reformas no alcanzan los estándares
internacionales", ha afirmado la directora de HRW para Oriente Próximo,
Sarah Leah Whitson. "Francia, el socio comercial más importante de
Marruecos, puede desempeñar un papel fundamental al poner de relieve los abusos
cometidos por las fuerzas marroquíes e instando al Gobierno a emprender nuevas
reformas", ha subrayado.
El rey Mohammed VI, en respuesta a los
movimientos en favor de la democracia de la Primavera Árabe y las
manifestaciones para promover reformas en Marruecos, propuso en junio de 2011
enmiendas constitucionales con considerables garantías para los Derechos
Humanos, si bien no restringían significativamente la autoridad del propio
monarca.
Sin embargo, tal y como denuncia HRW, estas
reformas todavía no han sido incorporadas en la legislación y práctica jurídica
del país. Por este motivo, y según la organización, Hollande está en la
obligación de trasladar a las autoridades marroquíes las preocupaciones de la
comunidad internacional con respecto a la consecución de la igualdad y la
garantía de los derechos fundamentales en el país.
En su próxima visita al país, que comenzará
este miércoles, Hollande espera reunirse en Rabat con el rey de Marruecos,
Mohamed VI, y dirigirse al Parlamento. En su viaje, Hollande estará acompañado
por algunos de los miembros de su gabinete, entre ellos el ministro de
Exteriores, Laurent Fabius, y la ministra del Derecho de las Mujeres y Portavoz
del Gobierno, Najat Vallaud Belkacem.
CADENA PERPETUA A NUEVE SAHARAUIS
El pasado domingo 17 de febrero, el tribunal
militar de Rabat que tramitaba el caso de 24 saharauis implicados en los
disturbios por el desalojo en 2010 del campamento de protesta de Gdeim Izik, a
las afueras de El Aaiún, condenó a cadena perpetua a nueve saharauis. Además,
condenó a 30 años de prisión a cuatro personas, ocho procesados a 25 años de
cárcel y a dos personas a 20 años.
La defensa, en su alegato final, pidió la
absolución de todos ellos por considerar que no existían pruebas válidas en su
contra, que no tenían intención criminal y que no había hechos constitutivos de
delito. En ese sentido, consideró que las declaraciones verbales supuestamente
obtenidas por la Policía Judicial en las que los acusados se autoinculpaban
eran falsas o habían sido obtenidas mediante coacción o tortura.
El campamento de Gdeim Izik fue levantado en
octubre de 2010 para denunciar la discriminación y las violaciones de Derechos
Humanos que sufre la población saharaui y fue desmantelado el mes siguiente por
las fuerzas de seguridad marroquíes, que detuvieron a unas 3.000 personas. En
el momento del desalojo había 8.000 personas acampadas, una cifra que llegó a
ser de 40.000 en el momento álgido de la protesta, cuando ondearon banderas de
la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática.
LA NUEVA CONSTITUCIÓN
En teoría, la nueva Constitución marroquí,
aprobada en referéndum en julio de 2011, elimina parte de las competencias que
hasta entonces tenía el rey, cuya figura deja de ser "sagrada". Por
otra parte, la nueva Carta Magna establece la igualdad de hombres y mujeres en
"los derechos y libertades de carácter civil, político, económico, social,
cultural y medioambiental" y el compromiso del Estado a actuar para lograr
de forma efectiva la paridad.
El texto recoge igualmente un "arsenal de
derechos y libertades digno de las sociedades democráticas avanzadas", en
palabras del embajador marroquí en Madrid, Ahmadou Souilem. Así, enumera, entre
otros, el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y de las violaciones
graves y sistemáticas de los Derechos Humanos, la presunción de inocencia y el
derecho a un juicio justo.
También
están garantizadas "las libertades de pensamiento, opinión y expresión
bajo todas sus formas", así como el derecho de los ciudadanos a acceder a
la información de la Administración pública, al igual que a la libertad de
prensa. En cuanto a esta última, la nueva Constitución subraya que "no
puede ser limitada por ninguna forma de censura previa" puesto que
"todos tienen el derecho de expresarse y difundir libremente bajo los
límites expresamente previstos por la ley". Asimismo, se garantiza la
"libertad de reunión, asamblea, manifestación pacífica, asociación y
afiliación política y sindical".
Sin embargo, en un informe anual presentado el
pasado mes de marzo por la Comisión Europea, que evalúa los avances de los
países a los que la Unión Europea apoya a través de su política de vecindad,
Bruselas indicó que "los progresos en la puesta en marcha efectiva de la
nueva Constitución han sido limitados" en Marruecos, y pidió que este año
se "acelere".
Por su parte, el Relator Especial sobre la
tortura y otros tratos o penas crueles de Naciones Unidas, Juan Méndez, declaró
después de su visita a Marruecos el pasado mes de septiembre que "en la
práctica, la defensa contra la tortura no estaba garantizada" en el país.