Cuando a finales de abril se reúna el
Consejo de Seguridad para tratar la renovación del mandato de la Misión de
Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tendrá que afrontar la promesa que hizo
en nombre de España de defender los Derechos Humanos desde este organismo.
La vigilancia y protección de los DDHH por
la MINURSO es una reclamación constante del Gobierno de la República Árabe
Saharaui Democrática (RASD) y las organizaciones civiles saharauis de los
territorios ocupados por Marruecos, donde no pueden ejercer derechos tan
elementales como el de reunión y manifestación y sufren la tortura, como año tras año ponen de manifiesto en sus
informes Amnistía Internacional (AI), Human
Rights Watcht (HRW) y el Centro Robert F. Kennedy (RFKC), denuncias a
las que se ha sumado la Red Euromediterránea de Derechos Humanos (REMDH).
Marruecos, por su parte, rechaza categóricamente cualquier propuesta
tendente a ampliar el mandato de la MINURSO a la vigilancia de los DDHH, hasta
el punto de que su representante permanente ante las Naciones Unidas, Omar
Hilale, declaró que cualquier tentativa de "superación" del mandato
era susceptible de poner "en
peligro la presencia misma" de la misión.
En este contexto, España, como miembro por
dos años del Consejo de Seguridad, tendrá que pronunciarse sobre si la MINURSO
debe ser competente en materia de Derechos Humanos, atribución que se pide
desde muchos países y organizaciones internacionales y que en nuestro país
respaldan organizaciones de DDHH, entidades locales y la mayoría de los
partidos políticos.
Pero no
se trata solo de los Derechos Humanos. El Gobierno de la RASD pide al
Consejo de Seguridad que culmine ya el proceso de descolonización. La MINURSO
quedó establecida por la Resolución 690 del Consejo de Seguridad de 29 de abril
de 1991, de acuerdo con las propuestas de arreglo aceptadas el 30 de agosto de
1988 por Marruecos y el Frente POLISARIO.
Además de verificar el alto el fuego, tenía que “organizar y asegurar la
realización de un referéndum libre y justo, y dar a conocer los resultados”.
Desde entonces, el mandato de la MINURSO se
ha prorrogado en 42 ocasiones por dificultades u obstáculos que han impedido
avanzar en la resolución del conflicto y, por consiguiente, realizar el referéndum, al que Marruecos se
opone tajantemente. Las tres primeras prorrogas se establecieron en 1998, siete
en 1999, cuatro en el 2000, otras tantas en 2001, tres en 2002, cinco en 2003,
tres en 2004, dos en 2005, las mismas que en 2006 y 2007, y a partir 2008
pasaron a ser anuales.
El ministro saharaui de Asuntos Exteriores, Mohamed Salem Uld Salek,
dijo recientemente que los quince miembros del Consejo de Seguridad de la ONU,
a los que acusa de ser cómplices de Marruecos, obstaculizan el proceso de
descolonización. Citó como principales responsables a España y Francia, país
este último al que la Asociación Americana de Juristas (AAJ) ha solicitado que
no se oponga a la inclusión de un mecanismo de protección de los Derechos
Humanos.
El 26 de diciembre de 2014 el Presidente
del Gobierno, en rueda de prensa, garantizó públicamente el compromiso de
España con la defensa de los Derechos Humanos en el Consejo de Seguridad. Dijo
textualmente: “Desde ese Consejo, España seguirá defendiendo los principios en
los que se asienta nuestra convivencia: la libertad, el respeto a los Derechos
Humanos, la democracia y la cooperación entre las naciones”.
Ante esto, dos preguntas para el Jefe del
Ejecutivo:
- ¿Volverá España a alinearse con Francia,
principal defensor de los intereses de Marruecos, y se impedirá que sean
tutelados los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental?
- ¿Incumplirá Mariano Rajoy la palabra dada
en nombre de España?
Todos pendientes de lo que decida Mariano
Rajoy, precisamente en el año en el que se cumple el 40 aniversario de la
entrega a Marruecos del Sáhara Occidental por parte de España, que no cumplió
con su obligación de proceder a la descolonización de la fue su provincia
número 53.
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