lunes, 6 de abril de 2015

Marzo saharaui. La hora de la verdad para Rajoy: Se comprometió a defender los DDHH en el Consejo de Seguridad

Cuando a finales de abril se reúna el Consejo de Seguridad para tratar la renovación del mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tendrá que afrontar la promesa que hizo en nombre de España de defender los Derechos Humanos desde este organismo.
La vigilancia y protección de los DDHH por la MINURSO es una reclamación constante del Gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y las organizaciones civiles saharauis de los territorios ocupados por Marruecos, donde no pueden ejercer derechos tan elementales como el de reunión y manifestación y sufren la tortura,  como año tras año ponen de manifiesto en sus informes Amnistía Internacional (AI), Human  Rights Watcht (HRW) y el Centro Robert F. Kennedy (RFKC), denuncias a las que se ha sumado la Red Euromediterránea de Derechos Humanos (REMDH).
Marruecos, por su parte,  rechaza categóricamente cualquier propuesta tendente a ampliar el mandato de la MINURSO a la vigilancia de los DDHH, hasta el punto de que su representante permanente ante las Naciones Unidas, Omar Hilale, declaró que cualquier tentativa de "superación" del mandato era  susceptible de poner "en peligro la presencia misma" de la misión.
En este contexto, España, como miembro por dos años del Consejo de Seguridad, tendrá que pronunciarse sobre si la MINURSO debe ser competente en materia de Derechos Humanos, atribución que se pide desde muchos países y organizaciones internacionales y que en nuestro país respaldan organizaciones de DDHH, entidades locales y la mayoría de los partidos políticos.
Pero no  se trata solo de los Derechos Humanos. El Gobierno de la RASD pide al Consejo de Seguridad que culmine ya el proceso de descolonización. La MINURSO quedó establecida por la Resolución 690 del Consejo de Seguridad de 29 de abril de 1991, de acuerdo con las propuestas de arreglo aceptadas el 30 de agosto de 1988 por Marruecos y el Frente POLISARIO.  Además de verificar el alto el fuego, tenía que “organizar y asegurar la realización de un referéndum libre y justo, y dar a conocer los resultados”.
Desde entonces, el mandato de la MINURSO se ha prorrogado en 42 ocasiones por dificultades u obstáculos que han impedido avanzar en la resolución del conflicto y, por consiguiente,  realizar el referéndum, al que Marruecos se opone tajantemente. Las tres primeras prorrogas se establecieron en 1998, siete en 1999, cuatro en el 2000, otras tantas en 2001, tres en 2002, cinco en 2003, tres en 2004, dos en 2005, las mismas que en 2006 y 2007, y a partir 2008 pasaron a ser anuales.
El ministro saharaui de  Asuntos Exteriores, Mohamed Salem Uld Salek, dijo recientemente que los quince miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, a los que acusa de ser cómplices de Marruecos, obstaculizan el proceso de descolonización. Citó como principales responsables a España y Francia, país este último al que la Asociación Americana de Juristas (AAJ) ha solicitado que no se oponga a la inclusión de un mecanismo de protección de los Derechos Humanos.
El 26 de diciembre de 2014 el Presidente del Gobierno, en rueda de prensa, garantizó públicamente el compromiso de España con la defensa de los Derechos Humanos en el Consejo de Seguridad. Dijo textualmente: “Desde ese Consejo, España seguirá defendiendo los principios en los que se asienta nuestra convivencia: la libertad, el respeto a los Derechos Humanos, la democracia y la cooperación entre las naciones”.
Ante esto, dos preguntas para el Jefe del Ejecutivo:
- ¿Volverá España a alinearse con Francia, principal defensor de los intereses de Marruecos, y se impedirá que sean tutelados los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental?
- ¿Incumplirá Mariano Rajoy la palabra dada en nombre de España?
Todos pendientes de lo que decida Mariano Rajoy, precisamente en el año en el que se cumple el 40 aniversario de la entrega a Marruecos del Sáhara Occidental por parte de España, que no cumplió con su obligación de proceder a la descolonización de la fue su provincia número 53.

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