viernes, 25 de diciembre de 2015

El conflicto del Sahara frena la relación comercial con Marruecos. La decisión del tribunal europeo puede tener repercusiones graves para España


La sentencia del tribunal europeo de justicia de Luxemburgo invalidando parte del tratado de libre comercio de productos agrícolas entre la UE y Marruecos por extender sus ventajas a productos provenientes del Sáhara occidental puede acabar abriendo un nuevo periodo de inestabilidad para los intereses españoles en la zona. Las palabras del ministro de Exteriores marroquí, Salaheddine Mezouar, cuando vino a Bruselas a quejarse por ello, han dejado claro que Rabat no acepta en ningún caso que Europa contradiga sus tesis sobre la antigua colonia española y que está dispuesto a defenderlas con uñas y dientes.
Después de conocerse esa sentencia, el lunes pasado, el ministro llegó a la capital comunitaria para una reunión ordinaria que se convirtió en extraordinaria y que terminó con una declaración sin preguntas con un tono más que cargado: "Hoy Marruecos se interroga legítimamente sobre el tipo de relación que la UE quiere tener con nosotros. Tenemos mucha ambición para esta asociación, pero la Unión Europea y sus instituciones deben hacer prueba de coherencia en su actitud hacia Marruecos. No podemos querer todo y lo contrario", dijo el jefe de la diplomacia marroquí al término del Consejo de Asociación UE-Marruecos. "Si Marruecos y Europa aspiran a construir una relación fuerte, portadora de progreso y de esperanza, no pueden aceptar verla tomada como rehén en peripecias jurídicas con una fuerte connotación lamentablemente política", dijo en una clara referencia al hecho de que considera que la sentencia que invalida la aplicación del acuerdo al territorio saharaui y a sus aguas territoriales tiene bases ideológicas y no jurídicas.
Las relaciones comerciales con Marruecos afectadas por este tratado representan menos del 1% del comercio exterior europeo, pero tienen repercusiones en sectores económicos y geográficos muy sensibles, sobre todo para España. La Alta Representante para la Política Exterior, Federica Mogherini, se apresuró a decir que la sentencia "no influirá en las relaciones con Marruecos" y fuentes europeas confirmaron que la Unión Europea se dispone a recurrirla, pero también que lo hacen "sin esperanza de ganar" porque los argumentos del tribunal son incontestables: ningún país de la UE ni la propia Unión ha reconocido la anexión de este territorio por parte de Marruecos, por lo que no puede ser legal tomar decisiones sobre sus recursos sin el consentimiento de sus habitantes. Marruecos respondió "tomando nota" del recurso, pero el ministro advirtió que consideran que se trata de "un precedente peligroso" que "no es útil para una relación que se ha constituido paso a paso, con la determinación necesaria, durante más de 20 años".
Rabat tiene una opinión completamente opuesta al tribunal y considera que se trata, ante todo, de "un problema comunitario que compete arreglar a los europeos,"mientras que Marruecos ha firmado de buena voluntad un acuerdo conforme a la legalidad internacional" y que antes de su entrada en vigor, en octubre de 2012, "fue respaldado con una gran mayoría en las diferentes instituciones europeas". En una velada amenaza que puede afectar a otros campos dijo esperar de sus socios europeos "que preserven la seguridad jurídica de los acuerdos que nos ligan porque Marruecos es un país responsable", y deseó que "se preserve el fundamento de las relaciones bilaterales".
La decisión de recurrir la sentencia servirá para que el Tratado comercial se mantenga en vigor temporalmente en todo lo que no afecta al Sahara, cuya aportación al comercio con Europa es irrelevante, pero no impedirá que en su momento las negociaciones vuelvan a estrellarse con este problema hoy por hoy insoluble. Marruecos insistirá en que considera a todos los efectos el Sahara como un territorio marroquí y las aguas jurisdiccionales de este deben ser incluidas como aguas marroquíes. Pero el Frente Polisario ha logrado un gran avance, que es que el Tribunal le reconozca su legitimidad para representar los intereses de aquel territorio en disputa.

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