Asociación profesional de abogados saharauis
en España (Aprase)
La Asociación profesional de abogados
saharauis en España (Aprase) ha reiterado a la Audiencia Nacional que reclame
la causa de Gdeim Izik, por la que están siendo juzgados desde diciembre de
2016 en Marruecos 24 presos políticos saharauis.
El juicio, que se celebra en Salé, cerca de
Rabat, se reanudó por quinta vez el 5 de junio; los presos, que fueron llevados
por la fuerza al Palacio de Justicia, se negaron a ir a sala de vistas para
seguir con la medida que adoptaron el 16 de mayo de no estar presentes, lo
mismo que hicieron sus abogados, por considerar que se trata de una farsa de
juicio.
Los abogados saharauis insisten en un
comunicado, como ya hicieron el 13 de
marzo pasado ante la Audiencia Nacional, en que España es competente para
conocer el caso del campamento reivindicativo saharaui, desmantelado en
noviembre de 2010 a 12 kilómetros de El
Aaiún, pues el Sáhara Occidental sigue
sin ser descolonizado y España es de
iure la potencia administradora, como contempla un auto de 2014 del Pleno de la
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Aprase recalca que según el Derecho
Internacional Humanitario los hechos ocurridos en un territorio ocupado y que
afecten a la población autóctona no pueden ser juzgados por los tribunales del
país ocupante, en este caso Marruecos y constata más irregularidades
procesales, “como la presentación de nuevos testigos casi 7 años después,
ausencia de cuerpos de los supuestos agentes asesinados, imágenes manipuladas,
confesiones obtenidas bajo torturas (que el Tribunal se niega a investigar) y
un largo etc.”
La Audiencia Nacional tramita varias causas
sobre el Sáhara Occidental, entre ellas una por la que fueron procesados once altos cargos policiales y del
ejército marroquíes por delitos de genocidio cometidos entre 1975 y 1992, en
concurso con delitos de detención ilegal, torturas, asesinato y desaparición
forzada.
Tras reanudarse el 5 de junio el juicio de
Gdeim Izik, trece observadores internacionales de España, Italia, Noruega
y Portugal han denunciado que a estas
alturas todavía no está claro si se trata de un procedimiento de primera o
segunda instancia, cuestión pendiente de resolver por el Tribunal, de lo que
depende sean distintas las reglas procesales aplicables, como la admisión de nuevas pruebas y testigos y la
incorporación de una nueva parte civil.
Los observadores ponen de manifiesto que el tribunal no tiene
jurisdicción territorial, ya que juzga en Marruecos hechos ocurridos en el
Sáhara Occidental, y que no ha admitido
el dictamen de la Comisión contra la Tortura de las Naciones Unidas.
También han reseñado que la defensa designada
de oficio el 16 de mayo, tras la
renuncia de los abogados de los saharauis, asumió su función de forma
inmediata, sin haber tenido contacto con los acusados ni haber estudiado el
expediente.
Los observadores internacionales han
denunciado que son objeto de grandes
medidas de seguridad, como fotografiar sus documentos de identidad por personas
no identificadas en el exterior del Tribunal, cacheos continuos y prohibición
de entrada de cualquier tipo de dispositivo electrónico.
Los abogados que llevan ahora la defensa
cuestionaron el informe pericial redactado por los médicos marroquíes, alegando
contradicciones y falta de garantía en la aplicación del Protocolo de Estambul,
y solicitaron un complemento del informe por más peritos, lo que no fue
admitido por el tribunal.
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