Dirigentes de la RASD deploran el endurecimiento de la política de Rabat
DIARIO DE MALLORCA. 24 de octubre de 2009. Siete activistas saharauis retenidos en Casablanca tras visitar los territorios ocupados esperan ser enjuiciados por el Tribunal Supremo Militar marroquí acusados de dos graves delitos: traición y colaboración con el enemigo. Podrían ser condenados a cadena perpetua por una acusación carente de fundamento.
Y es que, en opinión de Mohamed Ahmed Laabeid, representante de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos del Sáhara (AFAPREDESA), la estrategia actual del régimen de Rabat pasa por cercenar todo atisbo de libertad y disidencia en la región. "La política de Mohamed VI vuelve a retomar los peores momentos del reinado de su padre Hasan II. Se ha desatado una oleada de represión contra los líderes de la resistencia y de los colectivos que trabajan por los derechos humanos; contra la presencia de observadores internacionales en la zona y de medios de comunicación que puedan atestiguar estas prácticas", denunciaba ayer Mohamed Ahmed Laabeid.
Presos de conciencia
El representante de la asociación ponía cifras y evidencias a sus argumentaciones: "En estos momentos hay 48 presos de conciencia saharauis en cárceles marroquíes. Y dos corresponsales de medios de comunicación españoles se encuentran actualmente retenidos por las autoridades y con su pasaporte confiscado en El Aaiún. Aparte de la situación de los siete activistas retenidos en Casablanca".
Laabeid acompañaba ayer a un visitante ilustre, Mahfud Ali Beiba, presidente del Parlamento saharaui en el exilio instalado en Rabuni, la capital administrativa de los campamentos de refugiados saharauis en las cercanías de Tindouf (Argelia). Completaba la delegación saharaui Mohamed Mustafa Teleimidi, representante de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en Balears, y Bonaventura Vaquer, presidenta de la Associació d´Amics del Poble Saharauí de les Illes Balears.
Toda esta representación, en compañía del diputado Miquel Àngel Llauger, coordinador del Intergrup Pau i Llibertat al Sahara, denunció ayer en el Parlament balear la difícil situación por la que pasa su causa, un empeño que tan sólo busca la celebración de un referendo de autodeterminación en la región, iniciativa a la que se opone frontalmente Marruecos, sólo dispuesto a conceder una tímida autonomía.
"La voluntad del pueblo saharaui es llegar a un acuerdo negociado con Marruecos. Pero cuando estábamos inmersos en negociaciones con el gobierno marroquí en Austria, se produjeron las detenciones de Casablanca. En estos momentos es clave una posición más decidida del Estado español en apoyo de los intereses saharauis", reclamó el presidente del Parlamento.
Tres actores son fundamentales para la resolución de este conflicto, explicó Ali Beiba. España, como antigua potencia colonial que dejó a su provincia 53 abandonada a su suerte; Francia, muy implicada con Marruecos y con amplios intereses en la zona; y Estados Unidos, hoy por hoy la potencia hegemónica mundial.
"Creo que estamos ante una buena ocasión para intentar solucionar este conflicto habida cuenta del nuevo talante de la Administración Obama. ¿Y España? Si el abandono del Sáhara fue un error político de la dictadura, lo lógico es que la democracia lo reparara ahora", reclamó el presidente del Parlamento en el exilio.
Mientras tanto, los apoyos internacionales a una causa saharaui que siempre ha buscado sus objetivos sin recurrir a la violencia deben continuar. La próxima cita es el jueves a las siete de la tarde en la Plaza de España. Para reclamar la libertad de los siete activistas detenidos en Casablanca.
Bucharaya Beyun está participando en Zaragoza en la conferencia “Sahara Occidental a Primera Plana” organizada por Asociación de la Prensa de Aragón y Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental. 24 de octubre de 2009
Bucharaya Beyún DELEGADO DEL FRENTE POLISARIO EN ESPAÑA: "Ha aumentado la represión contra los activistas saharauis"
EL PERIODICO DE ARAGON.24/10/2009 MARTA CAMBRONERO
--Se ha reunido con varios políticos y sindicalistas aragoneses para explicar el recrudecimiento del conflicto en el Sáhara Occidental. ¿Qué ha ocurrido?
-Hace dos semanas, Marruecos comenzó una escalada de represión y acoso contra activistas por los Derechos Humanos hasta el extremo de que quiere presentar a siete de ellos ante un tribunal militar simplemente porque han visitado los campamentos de refugiados saharauis. El Gobierno marroquí dice que atenta contra la seguridad nacional. La situación es muy grave. Han blindado el territorio. A los observadores les amenazan para que no entren a los campamentos y a los que están dentro les han requisado los pasaportes para que no puedan salir.
--Pero esto es contrario al Derecho Internacional.
-Sí, por eso nos hemos reunido con el movimiento de solidaridad con el Sáhara, con sindicatos y representantes políticos, para informar de la situación y pedir su apoyo. Buscamos voces que se unan en una condena internacional, tanto desde el movimiento solidario como desde la sociedad civil, para demandar garantías legales para estas personas que se enfrentan al tribunal militar. El apoyo desde España es el más importante, porque el conflicto del Sáhara es todavía una asignatura pendiente en su historia de democracia. En la ONU, figura como responsable moral, político y jurídico.
--¿Por qué cree que Marruecos ha decidido aumentar la represión?
-Creemos que está orientada a obstaculizar el proceso de negociaciones que empezó el nuevo representante de la ONU para la cuestión del Sáhara Occidental, Christopher Ross, hace un año. Tenemos alguna esperanza de que este hombre pueda proponer una solución para el pueblo saharaui y esto no interesa a Marruecos. La oportunidad que ahora tenemos no la podemos desaprovechar porque creemos que no habrá otro representante de la ONU después de este.
--¿En qué sentido han avanzado las negociaciones con la ONU para la resolución del conflicto en este último año?
-Ross convocó a marroquíes y saharauis en Viena el mes pasado. El encuentro lo valoramos de forma muy positiva. Desde la ONU se dejó claro que el estatus jurídico del territorio está por definir, que todas las propuestas están sobre la mesa y que se trabajará con las partes para conseguir una solución justa, definitiva y aceptada, que garantice a los saharauis el derecho a la determinación y que esté dentro de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
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