El Gobierno español conmina a las ONGs españolas a cumplir la ilegalidad en el Sahara Occidental. Es decir, respetar las leyes promulgadas bajo una ocupación que ni España, ni la ONU, ni ningún Estado reconoce. De entrada, resulta chocante que el gobierno español, conmine a sus ciudadanos a respetar lo que la legalidad internacional repudia.
De todos es sabido que el Sahara Occidental es un territorio ocupado ilegalmente por Marruecos, donde las violaciones de derechos humanos están a la orden del día.
Y frente a esa ocupación ilegal, la legalidad internacional, ofrece a los saharauis, el derecho legítimo para defenderse y defender su tierra, incluso, por la vía armada. Y es aquí, hacia este derecho, donde acuden los simpatizantes de la Causa Saharaui para cobijar cualquier acción que quieran llevar a cabo. Si con la ley en la mano, el pueblo saharaui, o cualquier otro pueblo, tiene el derecho de alzarse en armas contra una ocupación ilegal, ¿no va a poder, acaso, manifestarse pacíficamente, sin pedir autorización alguna?
Lo que intenta el Gobierno español y los responsables del área internacional del PSOE es dar por legal lo que no lo es. Atinan, ellos, muy fino. Hablan de “legislación vigente” para no decir legalidad vigente que ya cantaría demasiado, pero es lo mismo. Lo que pretenden es dotar de apariencia legal, lo que no son más que disposiciones administrativas carentes de cualquier respaldo legal.
El gobierno español no hace nada para que se respete la legalidad internacional en el Sahara Occidental pero, además de no hacer nada, conmina a sus ciudadanos a no hacerlo. Llegando, con esa actitud, a no atender, siquiera, una de sus primeras obligaciones, la de velar por los derechos humanos de sus ciudadanos dentro y fuera de sus propias fronteras.
Es cierto que los ciudadanos están excluidos de la acción exterior de los Estados por la competencia exclusiva que los gobiernos se otorgan en esa materia. Pero también es cierto, que los principios universales de la justicia llaman a las conciencias vivas a repudiar las acciones contrarias a Derecho. Y la ocupación ilegal del Sahara es una típica situación que el Derecho Internacional repudia. De modo que cualquier ciudadano de cualquier país que se manifieste en el Sahara Occidental tiene el mismo respaldo legal que asiste al pueblo saharaui para defender su tierra. Lo que, desgraciadamente, se ha visto que no tiene es el respaldo del gobierno español.
La misma globalización a la que ningún gobierno osa oponerse, también, abre las puertas para que los particulares, sin el consentimiento de sus respectivos gobiernos, puedan llevar a cabo determinadas acciones, siempre respaldadas por la legalidad internacional, cuya consecuencia última es la intervención del aparato exterior de los Estados. Un buen ejemplo de ello, ha sido el de la ‘Florilla de la libertad’ turca.
En la medida en que la globalización va haciendo más permeables las fronteras de medio mundo, este tipo de actos será mucho más numeroso, por la sencilla razón de que los Estados, en su acción exterior, a menudo se guían por intereses que sus ciudadanos repudian, no quedándole, a los particulares más remedio que colocarse al rebufo de la legalidad internacional, a la que sus respectivos gobiernos hacen caso omiso, para justificar sus actos. Y, en este sentido, la manifestación llevada a cabo en El Aaiún por los miembros de la ONG ‘SaharaAcción’ es una acción digna de respeto y está amparada por imbatibles argumentos tanto legales como morales.
En todo caso, hay algo que no puede resultar lesionado en esta colisión que se produce entre la exclusividad de los gobiernos en materia exterior y el intento de los particulares por romper ese monopolio. Y ese algo es el respeto y la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos aún cuando, allende las fronteras, rompan esa exclusiva. Y ahí es donde, por desgracia, han fallado nuevamente, tanto el gobierno de Zapatero como el propio PSOE.
Haddamin Moulud Said. Publicado en Las Provincias
De todos es sabido que el Sahara Occidental es un territorio ocupado ilegalmente por Marruecos, donde las violaciones de derechos humanos están a la orden del día.
Y frente a esa ocupación ilegal, la legalidad internacional, ofrece a los saharauis, el derecho legítimo para defenderse y defender su tierra, incluso, por la vía armada. Y es aquí, hacia este derecho, donde acuden los simpatizantes de la Causa Saharaui para cobijar cualquier acción que quieran llevar a cabo. Si con la ley en la mano, el pueblo saharaui, o cualquier otro pueblo, tiene el derecho de alzarse en armas contra una ocupación ilegal, ¿no va a poder, acaso, manifestarse pacíficamente, sin pedir autorización alguna?
Lo que intenta el Gobierno español y los responsables del área internacional del PSOE es dar por legal lo que no lo es. Atinan, ellos, muy fino. Hablan de “legislación vigente” para no decir legalidad vigente que ya cantaría demasiado, pero es lo mismo. Lo que pretenden es dotar de apariencia legal, lo que no son más que disposiciones administrativas carentes de cualquier respaldo legal.
El gobierno español no hace nada para que se respete la legalidad internacional en el Sahara Occidental pero, además de no hacer nada, conmina a sus ciudadanos a no hacerlo. Llegando, con esa actitud, a no atender, siquiera, una de sus primeras obligaciones, la de velar por los derechos humanos de sus ciudadanos dentro y fuera de sus propias fronteras.
Es cierto que los ciudadanos están excluidos de la acción exterior de los Estados por la competencia exclusiva que los gobiernos se otorgan en esa materia. Pero también es cierto, que los principios universales de la justicia llaman a las conciencias vivas a repudiar las acciones contrarias a Derecho. Y la ocupación ilegal del Sahara es una típica situación que el Derecho Internacional repudia. De modo que cualquier ciudadano de cualquier país que se manifieste en el Sahara Occidental tiene el mismo respaldo legal que asiste al pueblo saharaui para defender su tierra. Lo que, desgraciadamente, se ha visto que no tiene es el respaldo del gobierno español.
La misma globalización a la que ningún gobierno osa oponerse, también, abre las puertas para que los particulares, sin el consentimiento de sus respectivos gobiernos, puedan llevar a cabo determinadas acciones, siempre respaldadas por la legalidad internacional, cuya consecuencia última es la intervención del aparato exterior de los Estados. Un buen ejemplo de ello, ha sido el de la ‘Florilla de la libertad’ turca.
En la medida en que la globalización va haciendo más permeables las fronteras de medio mundo, este tipo de actos será mucho más numeroso, por la sencilla razón de que los Estados, en su acción exterior, a menudo se guían por intereses que sus ciudadanos repudian, no quedándole, a los particulares más remedio que colocarse al rebufo de la legalidad internacional, a la que sus respectivos gobiernos hacen caso omiso, para justificar sus actos. Y, en este sentido, la manifestación llevada a cabo en El Aaiún por los miembros de la ONG ‘SaharaAcción’ es una acción digna de respeto y está amparada por imbatibles argumentos tanto legales como morales.
En todo caso, hay algo que no puede resultar lesionado en esta colisión que se produce entre la exclusividad de los gobiernos en materia exterior y el intento de los particulares por romper ese monopolio. Y ese algo es el respeto y la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos aún cuando, allende las fronteras, rompan esa exclusiva. Y ahí es donde, por desgracia, han fallado nuevamente, tanto el gobierno de Zapatero como el propio PSOE.
Haddamin Moulud Said. Publicado en Las Provincias
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