Ginebra, 6 de diciembre de 2010 (EFE).- En el Sáhara Occidental existe una emergencia humanitaria que tiene que ser resuelta inmediatamente si la comunidad internacional no quiere cargar con el peso de un "genocidio" a sus espaldas, según dijeron hoy en Ginebra activistas prosaharauis.
La activista española Isabel Terraza y el mexicano Antonio Vázquez, de la asociación Resistencia Saharui, se reunieron hoy con dos representantes de la Alta Comisaria de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, a la que le transmitieron su preocupación por la situación en el Sahara Occidental.
"Más allá del conflicto político, hay una emergencia humanitaria, y alguien tiene que intervenir para parar lo que está ocurriendo, se está produciendo un genocidio silencioso", dijo Terraza en declaraciones a Efe.
"Hay desaparecidos, hay heridos que no pueden salir de sus casas, la población está aterrorizada, y ya ha pasado un mes desde los altercados" del pasado 8 de noviembre, cuando las fuerzas de seguridad marroquíes desmantelaron el campamento saharaui de Gdaim Izik, a las afueras de El Aaiún, señaló Terraza.
Terraza y Vázquez fueron de los últimos activistas en abandonar El Aaiún y llegaron a España el 17 de noviembre.
Tras el desalojo, la capital del Sáhara Occidental fue pasto de los más violentos enfrentamientos callejeros en casi dos décadas.
"Actualmente, El Aaiún es una ciudad militarizada, persiste el estado de sitio. Han sembrado el terror, la gente no sale a la calle, están escondidos desde hace un mes", contó Vázquez.
Los activistas señalaron que aún existen "decenas de desaparecidos", cuyo paradero sus familias desconocen, y muchos más casos de torturas producidos tanto durante el desalojo, como en los enfrentamientos posteriores en las calles de El Aaiún.
Por eso solicitaron la intervención de Naciones Unidas, tanto "para parar la represión, como para hacer una investigación en profundidad sobre lo ocurrido".
Consultado sobre porqué ellos hablan de "genocidio" mientras reputadas entidades de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW) hablan "sólo" de torturas, Vázquez fue tajante.
"Porque ellos no estaban allí durante el desalojo y la represión posterior. Y cuando han entrado posteriormente lo han hecho escoltados por los marroquíes, y no han podido visitar el hospital militar, ni la morgue, ni han podido comprobar si hay alguna fosa común, ha sido imposible hacer una investigación a fondo".
Los activistas solicitan al Consejo de Seguridad de la ONU que envíe una misión a la zona para investigar en profundidad todas las alegaciones.
Respecto al gobierno español los activistas fueron rotundos: "Si no tienen una postura férrea ante lo que está haciendo Marruecos, se convierten en cómplices de los que está ocurriendo", afirmó Terraza.
"Además, (el gobierno español) está incurriendo en una falta grave al no proteger a las decenas de saharauis que también tienen nacionalidad española", aseveró por su parte Vázquez.
Por su parte, los responsables de la Oficina de la Alta Comisionada se comprometieron a trasladar el testimonio de los activistas y las pruebas documentales que presentaron a los distintos relatores especiales de Naciones Unidas para que estudien las alegaciones. EFE
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