- El tribunal aprueba la repatriación de otros 2, que se suman a los 13 del pasado viernes
MADRID, 31 de enero de 2011 (SERVIMEDIA) La Audiencia Nacional ha ordenado suspender la expulsión de un saharaui que llegó en patera a Fuerteventura el pasado 5 de enero y que solicitó asilo político alegando que había huido de la represión marroquí tras el desalojo del campamento de Agdaym Izik.
El auto dictado hoy por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Servimedia, considera que el relato de abusos y maltratos aportados por el solicitante para demostar su condición de perseguido es verosímil y que, en consecuencia, “podría ser objeto de represalias por parte de la administracion marroquí en caso de retornar a Marruecos”.
El mismo tribunal autorizó, sin embargo, la expulsión de otros dos saharauis que llegaron en el mismo grupo, los cuales se suman a los 13 ciudadanos del Sáhara Occidental para quienes dio luz verde a la repatriación el pasado viernes.
El saharaui cuya expulsión ha sido paralizada por la Audiencia Nacional alegó en su solicitud de asilo que ha sido detenido en tres ocasiones, la primera cuando tenía 12 años, y que en todas ellas ha sido maltratado por la policía marroquí, recibiendo golpes e insultos.
El solicitante se trasladó junto a su familia el pasado 12 de octubre al campamento Agdaym Izik, centro de las reivindicaciones de los saharuis y que fue desmantelado por la fuerza por las autoridades marroquíes el pasado mes de noviembre.
VIOLACIÓN Y MALTRATO
El saharaui aseguró en su solicitud que tuvo que huir del campamento cuando intervino el ejército “ante la posibilidad de ser asesinado”. Una vez en la casa familiar, se encontró con nueve militares, que violaron a su hermana y le pegaron a él y a sus hermanos. Tras estas agresiones, decidió esconderse en el desierto hasta que pudo embarcarse en una patera que le llevó hasta Fuerteventura.
Los magistrados de la Audiencia Nacional dan credibilidad a su historia. “El solicitante ha expuesto un relato de los hechos ordenado, coherente, razonable y sin contradicciones, presentando indicios de persecución en razón de sus actividades en pro del pueblo saharaui y su participación en los hechos que concluyeron en el desmantelamiento violento del campamento de Agdaym Izik”, señala el auto dictado hoy.
El tribunal destaca además que el relato aportado por el ciudadano saharaui coincide con los hechos expresados en el informe elaborado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). La paralización de la expulsión se ha adoptado de forma cautelar hasta que resuelva el fondo del asunto y el tribunal tome una decisión firme al respecto.
15 EXPULSIONES
Los 16 ciudadanos que han recurrido ante la Audiencia Nacional –de los cuales sólo uno ha obtenido amparo- formaban parte de un grupo de 22 personas que manifestaron ser saharauis y que solicitaron asilo asegurando que habían huido de la represión marroquí tras el desalojo del campamento de Agdaym Izik.
El Ministerio del Interior admitió a trámite la petición de asilo de 5 de los 22 saharauis, y 16 de los 17 restantes recurrieron esta decisión ante la Audiencia Nacional, asesorados por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
Las autoridades trasladaron a los ciudadanos a los que se denegó el inicio del procedimiento para la concesión de asilo desde Fuerteventura al Centro de Internamiento de Emigrantes de Barranco Seco, en Las Palmas, con la intención de repatriarlos en avión hasta el Sáhara Occidental.
Pero la Audiencia Nacional decidió el pasado viernes desestimar la medida cautelar para 13 de los 16 saharauis, alegando que no había indicios que revelasen que "las autoridades marroquíes persigan de manera sistemática y generalizada a los saharauis por causa de su origen étnico".
Esto causó que CEAR llevara esta causa ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A estos casos se suma el de los dos saharauis a los que la Audiencia Nacional ha denegado la medida cautelar hoy, según explicó a Servimedia el coordinador del Servicio Jurídico de esta ONG, Mauricio Valiente.
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