MADRID // En Dajla, los
activistas saharauis acaban a menudo maltrechos y golpeados en el
vertedero local, después de pasar por las manos de la policía marroquí que los
abandona allí para que vuelvan a pie a la ciudad, como si quisiera subrayar que
para ellos son sólo basura. La práctica se ha hecho tan común que cuando un
saharaui desaparece, muchas veces sus familiares y amigos ponen rumbo
directamente al vertedero para recogerlo y llevarlo de vuelta a casa.
Pero la forma de actuar de
Marruecos hacia los saharauis va mucho más allá, según las asociaciones y
colectivos que llevan años denunciando las violaciones de derechos humanos en
la antigua colonia española. Unos territorios que Marruecos se anexionó por la
fuerza en 1975, gracias a la Marcha Verde y a los ilegales Acuerdos Tripartitos
de Madrid.
Asociaciones como el
Observatorio Aragonés del Sáhara Occidental. Dos de sus miembros, el jurista
Luis Mangrané y la activista Blanca Enfedaque, acaban de volver de una misión
de acompañamiento sobre el terreno en la que han “comprobado” cómo Marruecos,
además de desatar todo el poder de su aparato de seguridad contra los activistas,
sigue “utilizando a los tribunales”, no para impartir justicia, sino como un
privilegiado “instrumento de represión”, asegura Mangrané.
El martes pasado, 16 saharauis
de entre 20 y 46 años comparecieron ante un tribunal marroquí de apelación en
El Aaiún, la capital administrativa del territorio. Todos están acusados por
delitos de derecho común, como pertenencia a banda armada, por su supuesta
participación en los sucesos de otoño de 2011 en Dajla. El 25 de septiembre del
año pasado, un partido de fútbol acabó con graves enfrentamientos entre
marroquíes y saharauis, en los que murieron siete personas.
Las autoridades marroquíes
sostuvieron entonces que todo empezó como una mera reyerta entre hinchas de los
dos equipos, a los que siguieron actos de vandalismo. La versión de los
saharauis de Dajla, que hoy por hoy son ya sólo el 30% de la población de la
ciudad, fue muy diferente.
Según ellos, bandas de
marroquíes armados con palos y cuchillos atacaron a los saharauis, con el apoyo
de la policía, y penetraron en los barrios habitados por población autóctona
echando abajo las puertas y saqueando las casas. Un joven saharaui, MaichanMohamed Lamin Lahbib, nacido en 1982, murió a causa de “los múltiples golpespropinados por los colonos marroquíes en las calles de la ciudad”, denunció
entonces la asociación Sahara Thawra.
Los otros seis fallecidos, de
acuerdo con la versión de los saharauis, perecieron por “fuego amigo” de la
policía marroquí en dos de los casos, y los cuatro restantes perdieron la vida
en un accidente de tráfico en un coche robado a un saharaui.
Los activistas que
comparecieron el martes ante el tribunal fueron detenidos, acusados por su
supuesta participación en los sucesos de Dajla, y luego condenados en primera
instancia a penas que van de uno a tres años de cárcel. La vista de la
apelación del pasado martes se aplazó finalmente a petición de la defensa.
Otros 14 saharauis inculpados por los mismos delitos siguen prófugos de la
justicia marroquí.
Las misiones de juristas
Desde hace años, la Asociación
Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental (IAJUWS, en sus siglas en
inglés) y el Consejo General de la Abogacía de España envían misiones de
acompañamiento y vigilancia cuyos participantes asisten a los juicios de
saharauis. A la vista de la apelación de los presos de Dajla asistieron el
martes los abogados Luis Mangrané, que también forma parte de la IAJUWS, y
Magdalena Such, acompañados de la activista del Observatorio Aragonés Blanca
Enfedaque.
Para Mangrané, el argumento
que demuestra que la justicia marroquí es
un “arma de represión” parte del hecho de que estas condenas fueron
dictadas pese a que no había “nada” para incriminar a los acusados. Este
letrado asegura que la Fiscalía no presentó “ni pruebas ni testigos” y que
además las confesiones “fueron obtenidas mediante torturas”.
Otro hecho es en su opinión
“revelador”. Los detenidos, juzgados todos por “los mismos delitos y el mismo
grado de participación en ellos” –explica Mangrané- han sido condenados a penas
diferentes.
Blanca Enfedaque recalca que
esto se debe a que los activistas más veteranos “que ya eran conocidos por la
policía y llevaban tiempo en la lucha” han sido objeto de penas de cárcel más
largas para apartarlos de la circulación, “lo que apunta a que las autoridades marroquíes
aprovecharon los sucesos de Dajla para descabezar al movimiento independentista
de la ciudad”.
Otro de los fines de estas
acusaciones es desacreditar a los activistas, asegura Enfedaque: “Como dice
Brahim Dahan [un conocido activista saharaui de Derechos Humanos], Marruecos
acusa de delitos comunes a quienes en realidad son presos políticos con la
intención de banalizar su lucha”.
Estos presos han denunciado
haber sido torturados. En vano, pues los tribunales han hecho caso omiso y no
han permitido que fueran reconocidos por un médico. Ni siquiera en el caso de
Aomar Elmahjoub Elkazzazi, que denunció haber sido violado.
La historia de Sukaina
Sukaina el Idrissi es una de
esas mujeres saharauis cuya odisea vital parece haber discurrido de forma análoga
a la de otras activistas más conocidas para el gran público, como Aminetu
Haidar, y cuya vida ha estado marcada, al igual que en el caso de Haidar, por
la cárcel, la tortura y la desaparición forzosa. También por la coherencia,
porque los más de diez años que esta mujer ha pasado en prisión no han
conseguido silenciarla.
Sukeina nació en 1957 en
Gueltat Zemur en el seno de una familia nómada que se dedicaba a criar ganado
buscando pastos en todo el Sáhara Occidental. Desde muy joven, empezó a militar
en pro del derecho a la autodeterminación lo que le valió ser secuestrada el 15
de enero de 1981. Con los ojos vendados y las manos atadas fue conducida a un
antiguo cuartel del ejército español reconvertido en cárcel, donde fue
torturada salvajemente.
Después siguieron diez años de
reclusión, sin tener derecho a un abogado ni a comparecer ante un tribunal, en
algunos de los centros de detención secreta de peor recuerdo para los
saharauis, como el terrible Qalaat M’gouna.
Tras recuperar la libertad,
Sukaina no se calló. Y volvió a la cárcel en varias ocasiones, donde de nuevo
fue torturada. Su delito no fue otro que seguir reclamando la autodeterminación
del Sáhara Occidental, un derecho por lo demás recogido, aunque sólo sobre el
papel, en más de 50 resoluciones de Naciones Unidas.
La última de las agresionesque ha sufrido esta saharaui, ahora divorciada y madre de tres hijos, tuvolugar el 25 de agosto durante la visita al Sáhara Occidental de una delegación
del Centro para la Justicia y los Derechos Humanos de la fundación
estadounidense Robert Kennedy.
En presencia de numerosos
testigos, varios policías, azuzados por el pachá de El Aaiún en persona, le
propinaron una paliza. El propio pachá pateó a Sukaina en la cabeza y en los
riñones. Durante varios días la activista estuvo orinando sangre. Después, un
médico local apareció en la radio de El Aaiún acusándola de mentir y de
organizar un “montaje”.