El Tribunal Militar Permanente
de las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos comenzó ayer a juzgar a 24 saharauis
acusados de pertenencia a «banda criminal» por haber participado en octubre de
2010 en el campamento protesta de Gdeim Izik, a las afueras de El Aaiún,
desmantelado por la fuerza en noviembre de ese año. Se trata del mayor proceso
contra ciudadanos saharauis de los últimos años.
GARA | RABAT 02/02/2013
En octubre de 2010, cientos de
saharauis se instalaron a escasos 15 kilómetros de El Aaiún para protestar por la
discriminación que sufren en los territorios ocupados y exigir el
reconocimiento de derechos tan básicos como el acceso a una vivienda, a un
empleo o a disfrutar de los recursos naturales del Sáhara. El campamento de la
Dignidad, como le llamaron, llegó a albergar 2.000 jaimas. Aquella experiencia
duró 28 días, en los cuales Marruecos construyó un muro de arena alrededor del
campamento y vetó la presencia de extranjeros, especialmente de los medios de
comunicación. El 8 de noviembre, a las 5.30 de la madrugada, se despertaron
sobresaltados por el ruido de helicópteros y la cercanía de vehículos
todoterrenos, cumpliéndose sus peores presagios. «Vi muchos vehículos. Nos
atacaron con gases lacrimógenos, armas, agua caliente. Estuvimos aguantando
hasta las 12.30, pero los militares avisaban a los colonos marroquíes para que
acudieran a defender la integridad de su territorio. Muchos salieron de sus
casas con armas blancas, atacando a los saharauis que estábamos desarmados. Nos
tuvimos que enfrentar a militares, policías, gendarmería y población civil...
Aquello fue de locos», relata uno de los participantes en la protesta, ahora en
búsqueda y captura. Aquella intervención dejó un saldo de 13 muertos y cientos
de detenidos en los días posteriores.
24 de ellos fueron juzgados
ayer en un tribunal militar de Rabat acusados de pertenencia a «banda armada» y
de «retener a una gran cantidad de civiles en la región de El Aaiún, con el
objetivo de utilizarlos como escudos humanos para establecer por la fuerza un
estado de anarquía y de desorden público, que forzara una intervención de la
Fuerza Pública marroquí y poder atacarles con todos los medios a su alcance
para causar el mayor número de víctimas posibles», según consta en el sumario
de instrucción.
Al juicio, suspendido en dos
ocasiones anteriores -el 13 de enero y el 24 de octubre de 2012-, asistieron en
calidad de observadores juristas de los estados español y francés, Italia y
Luxemburgo, así como diplomáticos de varios países occidentales. Cerca de
setenta policías vigilaban el interior de la sala, mientras que fuera,
familiares y amigos reclamaron la puesta en libertad de los 24 encausados, que
llevan dos años en prisión preventiva en la cárcel de Salé. En abril de 2011,
realizaron una huelga de hambre para reclamar la ampliación el régimen de
visitas de los familiares. Tras esta protesta, las autoridades les permitieron
tener cinco visitas semanales y leer todos los libros que quisieran.
Claude Margarite Magin, esposa
de Ennaama Asfari, recuerda que «el primer año no pudimos mantener
comunicación, y de noviembre a abril estuvieron solos en sus celdas sin
contacto con el exterior, sin leer ni poder escribir».
El 28 enero, recibieron por
primera vez la visita amigos. Entre el grupo que pudo verlos estaba Hassana
Duihi. «Ha sido como un sueño. Estábamos en la sala con ellos, riendo,
hablando», relató tras la visita que duró una hora.
Ayer, vestidos con la túnica
tradicional saharaui en señal de reivindicación, los 24 entraron en la sala
entonando lemas por la libertad del Sáhara y a favor de la autodeterminación.
La vista judicial quedó suspendida hasta el próximo día 8.
En un comunicado de seis
puntos fechado el 13 de enero, instaron a las autoridades marroquíes a abrir
«una investigación seria y transparente de las torturas físicas y síquicas que
hemos sufrido en todos los lugares secretos y brigadas de la Gendarmería y de
la Policía».
Asimismo, criticaron a
aquellas potencias occidentales, aludiendo directamente al Estado francés, que
«defienden los derechos humanos en otros lugares y hacer la vista gorda en el
Sáhara». Por ello, llamaron a la comunidad internacional a «presionar» a
Marruecos para garantizar un «juicio justo».
Atendiendo a ese llamamiento,
el pasado fin de semana hubo concentraciones de apoyo en las principales
capitales europeas -también en Euskal Herria-, en las que se destacó el alcance
de Gdeim Izik, donde «20.000 personas enviaron un mensaje al mundo de que ya no
soportan vivir más bajo la ocupación marroquí en sus propia tierra».
Para el presidente de la
República Árabe Saharaui Democrática, Mohamed Abdelaziz, este juicio es
comparable al régimen de apartheid en Sudáfrica. «La única diferencia es que
esta vez ocurre en pleno siglo XXI», denunció ante la cumbre de la Unión
Africana celebrada el domingo y el lunes en Etiopía. Advirtió que «no habrá
libertad, democracia, justicia y paz en África y en el mundo, mientras el
pueblo saharaui esté privado de sus legítimos derechos».
Human Rights Watch también se
sumó a las críticas a este macroproceso que «tiene tintes políticos» y
contradice las reformas anunciadas por Rabat.
El ministro de Comunicación y
portavoz del Gobierno marroquí, Mustafa el Jalfi, salió al paso de estas
denuncias, negando el carácter militar de este juicio que «se ajusta a ley».
«Allí experimentamos lo que es
vivir en libertad»
Hassana Aalia no compareció
ayer ante el tribunal marroquí que comenzó a juzgar a 24 compatriotas. Vive
exiliado en Euskal Herria, aunque tiene una orden de búsqueda y captura sobre
sus espaldas. En una entrevista concedida a RASD News, denuncia que «todo el
sumario está basado en mentiras».
A sus 24 años, ha sido
detenido y torturado en varias ocasiones. En una de ellas estuvo incluso una semana
desaparecido. Recuerda que, tras el desmantelamiento del campamento de Gdeim
Izik, «hubo más de 200 ingresos en la Cárcel Negra del El Aaiún. Todos fuimos
torturados durante cinco o seis días. A las mujeres las violaron, al igual que
a muchas jóvenes. Nos preguntaban cómo nos habíamos organizado, de dónde
sacamos las banderas, quién las hace, cómo recibimos las instrucciones del
Polisario... Yo me escapé y estuve cuatro meses escondido». Al cabo de este
tiempo, decidió regresar, siendo nuevamente arrestado. Estuvo tres días
retenido por la Gendarmería, en los que «me tuvieron sin ropa, me dijeron que
me iban a violar con una botella...». Finalmente, fue puesto en libertad
provisional a la espera de juicio. En Gdeim Izik experimentó «lo que es vivir en
libertad». GARA