El ministro
saharaui de Asuntos Europeos, Mohamed Sidati. EFE/Archivo / EFE
El Frente
Polisario mostró hoy su rechazo a la renovación del acuerdo pesquero entre la
Unión Europea y Marruecos al considerar que las autoridades marroquíes "se
aprovecharán de las aguas" del Sahara Occidental.
"Se
reanudará la práctica inaceptable de las autoridades marroquíes según la cual
aprovecharan las aguas del Sahara Occidental ocupado ilegalmente y cobrarán a
los buques de la UE por pescar allí", indicó el representante del Frente
Polsario en Europa, Mohamed Sidati.
El portavoz
recordó que en diciembre de 2011 el Parlamento Europeo vetó el protocolo de
pesca existente entonces entre las dos partes dado que el pacto negociado por
la Comisión Europea "no cumplía con la ley internacional en su trato hacia
el Sahara Occidental".
"Esperamos
que los Estados miembros de la UE y el Parlamento Europeo vuelvan a actuar para
defender el derecho internacional y rechazar este nuevo protocolo",
destacó.
Sidati hizo
hincapié en que éste es un "nuevo intento de legitimar el robo de los
recursos naturales del Sahara Occidental" que mina los esfuerzos de
Naciones Unidas por encontrar "una solución pacífica a la ocupación"
de ese territorio.
Por último,
indicó que la provisión sobre derechos humanos en el nuevo acuerdo "no
ayudará a la situación del pueblo saharaui, que continúa siendo oprimido
diariamente por las fuerzas de ocupación marroquíes", concluyó.
Marruecos y
la Comisión Europea firmaron hoy en Rabat un acuerdo de pesca por los próximos
cuatro años, que permitirá faenar en aguas marroquíes a 126 barcos europeos, de
los que un centenar son españoles.
El acuerdo,
rubricado por la comisaria de Pesca, Maria Damanaki, y el ministro marroquí del
ramo, Aziz Ajanuch, costará a la Comisión unos 40 millones de euros anuales
(frente a los 36,1 millones del anterior) a cambio de mayores cuotas de
capturas, y no será de aplicación inmediata, pues deberá ratificarse en la
Eurocámara y el Parlamento marroquí.
Para
sortear la posible oposición del Europarlamento, el texto recoge una serie de
alusiones a "criterios geográficos" o a la "distribución
regional" de los beneficios, que serán evaluados por comisiones mixtas de
manera periódica y supuestamente velarán por que los beneficios también lleguen
a la población saharaui.