Imaginen
que uno de sus vecinos guarda en un almacén cercano kilos y kilos de comida. Un
buen día usted decide hablar con el presidente de la comunidad de vecinos
porque el del cuarto le ha propuesto venderle los alimentos a buen precio.
Tanto el presidente como usted mismo saben que con quien realmente están
negociando no es el propietario legal de esa comida, pero les da igual: un buen
trato es un buen trato.
Las
reclamaciones del dueño legítimo de esos alimentos no les convencen para que,
en lugar de comerciar con el vecino del cuarto, hacerlo con el verdadero
propietario. Ni siquiera les hace dudar el hecho de que éste y su familia vivan
muy por debajo del umbral de la pobreza y los productos negociados sean, en
realidad, su comida.
Imaginen
que en mitad de todo este proceso, un juez decreta que lo que han hecho usted y
su vecino es ilegal y que debe corregirse la situación. En contra de lo
previsible, se pasan por el arco del triunfo al juez y tanto usted como la
comunidad en pleno deciden que, por esta vez, robar es legal . Antes de que siquiera
el verdadero dueño pueda protestar ya han comenzado a vaciar el almacén.
Grotesco…
¿verdad?
Ahora
piensen que usted es España, la comunidad de vecinos es la Unión Europea (UE) y
el vecino del cuarto, Marruecos. ¿Qué es el almacén y a quién le pertenece?
Pues el repositorio de alimentos serían los bancos de pesca del Sáhara y su
propietario el pueblo saharaui. ¿Por qué España y la UE negocian entonces el
tratado de pesca con Marruecos en lugar de hacerlo con el Frente Polisario,
legítimo representante del pueblo saharaui? Diría más, ¿por qué tanto España
como la UE y Marruecos violan conscientemente el Derecho Internacional y nadie,
ni siquiera el juez (=ONU), parece darse por aludido?
Como
sucedía en el caso del almacén, robar parece que es legal en algunos casos y
para ciertos sujetos, en este caso, Estados. Curiosamente, uno de esos ladrones
es España, cuyo Gobierno movilizó a los ministros de Interior y Justicia cuando
un grupo de sindicalistas realizara un acto de protesta apropiándose de unos carritos
de supermercado. Ahora, por los recursos naturales de todo un pueblo, no les
tiembla la mano a la hora de robarlos. Increíble, pero cierto.
Actos como
este infame acuerdo de pesca o como algunas de las últimas sentencias
judiciales envían a la ciudadanía mensajes poco ejemplarizantes, puesto que
robar nunca debería ser legal, aunque España esté infestada de ladrones de
cuello blanco y rayos UVA. El problema, al parecer, es que para robar
impunemente tan sólo hay que tener cuidado a quién se roba y, según la posición
que se ocupe, con quién se reparte el botín.
Y así nos
va.