Un equipo
vasco exhumó las fosas en las que aparecieron dos DNI españoles
EL
PAIS NATALIA JUNQUERA Madrid 18 SEP
2013
Los
coordinadores del equipo vasco que el pasado junio localizó y abrió en el
Sáhara dos fosas comunes con ocho beduinos, dos de ellos con DNI español,
pidieron ayer al Ejecutivo que intervenga en el asunto. “Son ciudadanos de
nacionalidad española y creemos que el Gobierno español tiene que investigar
los hechos”, afirmó el médico Carlos Martin Beristain. Las ocho víctimas fueron
asesinadas por militares marroquíes el 12 de febrero de 1976 y España abandonó
el territorio el 28 de ese mes.
La
directora de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Cristina Fraile, pidió al antropólogo forense Francisco Etxeberria
y a Martín Beristain todas las fotografías de los DNI hallados entre los huesos
de las víctimas y se comprometió a trasladarlas al Ministerio de Justicia. “El Ministerio
de Asuntos Exteriores no es competente para abrir una investigación. Es
Justicia quien tiene que decidir qué instancia judicial es competente y los
ministerios de Justicia e Interior han de evaluar si esos DNI son pruebas de
nacionalidad española”, afirma un portavoz de Exteriores.
Martin
Beristain explicó que durante la reunión con Fraile plantearon la necesidad de
preservar estas y otras fosas comunes que han localizado en la zona, y que se
examine uno a uno el listado de víctimas elaborado por la Instancia Equidad y
Reconciliación, creada en 2004 por el actual rey marroquí, Mohamed VI, para
hacer balance de los crímenes llevados a cabo durante los llamados años de
plomo por su padre, Hassan II. Dicho listado aseguraba que cuatro de las
víctimas halladas en las fosas abiertas por el equipo español habían muerto
durante su detención en un cuartel marroquí, pero los forenses han demostrado
con análisis de ADN que Rabat mintió, ya que fueron asesinados el mismo día y
en el mismo lugar de su detención.
El Gobierno
de Marruecos, a través del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se ha
comprometido a contactar con los familiares de las ocho víctimas, entre ellas
dos niños, halladas en estas dos fosas “para recoger todo elemento de
información nuevo, asumiendo que en cualquier momento se puede recurrir a la
justicia marroquí conforme al derecho marroquí y el internacional”.
El
Ministerio de Asuntos Exteriores, según las mismas fuentes, trasladó a
Etxeberria y Martín que “España apoya la inclusión en la Minurso (el
contingente de Naciones Unidas en el Sáhara) de un mecanismo de monitorización
de los derechos humanos que podría contemplar esta cuestión”.
El asunto
será uno de los temas a tratar durante la visita a España, la semana próxima,
del Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas. Así se lo
trasladó en Ginebra, la pasada semana, el secretario general del grupo a
Etxeberria y Martin Beristain, que presentaron en la sede de Naciones Unidas y
ante el Comité Internacional de Cruz Roja un informe con los resultados de su
investigación en el Sahara. “No hablamos de proyectos o especulaciones. Hemos
puesto sobre la mesa la evidencia forense que confirma la muerte violenta de
estas ocho personas y la intención de los asesinos de ocultar el crimen al
enterrarlos en un lugar inhóspito y aislado, convirtiendo de esa manera también
en víctimas a sus familiares, que no sabían de su paradero, explicó Etxeberria.
El equipo
español pretende regresar en dos meses a la zona, acompañado por observadores internacionales
para abrir de nuevo las fosas y entregar los restos de las víctimas a sus
familias.
Amnistía
Internacional también ha pedido que, a raíz de los hallazgos del equipo
español, se lleve a cabo “una investigación independiente, imparcial y exhaustiva
sobre la muerte de los ocho saharauis y que las personas que resulten
responsables respondan de sus actos ante la justicia”. “Teniendo en cuenta el
lugar donde se hallaron los restos y la desconfianza entre las autoridades de
Marruecos y del Polisario, Amnistía Internacional pide a las Naciones Unidas
que garanticen el cumplimiento de esta petición”, afirman en un comunicado.
ESPIA
DIGITAL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013
El Gobierno
de España debe investigar el asesinato
de ocho saharauis, dos de ellos con DNI español, cometido por militares
marroquíes el 12 de febrero de 1976 cuando todavía España permanecía en el
Sáhara Occidental, de donde salieron sus últimas tropas catorce días después y
dos más tarde fue arriada la bandera española de la azotea del Gobierno General de El Aaiún.
Así lo han
manifestado a responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores el médico
psicólogo Carlos Martín Beristain y el médico forense Francisco
Etxeberria, investigadores del equipo
que exhumó dos fosas comunes en el desierto del Sáhara Occidental, en la zona de Fadret Leguiaa, cerca de
Amgala, en la región de Smara.
Sus
investigaciones determinaron que los ocho saharauis, beduinos dedicados al
pastoreo, dos de ellos menores de edad, fueron asesinados por disparos de fusil
en la cabeza, (“las lesiones corresponden a lugares vitales selectivos, propios
de ejecuciones extrajudiciales”, reza el informe), y enterrados en el mismo
lugar donde fueron detenidos por
militares marroquíes.
Para
Francisco Etxeberria, profesor de la UPV, “la evidencia forense confirma todo
aquello que previamente habíamos conocido a través de testimonios completamente y al cien por
cien, incluyendo las identidades. Desde el punto de vista de la patología
forense hay lesiones traumáticas por disparos en la cabeza en todos, y uno de
los que portaba DNI español tiene, además,
un disparo que le arranca prácticamente la zona de la cadera descendente
desde el tórax hacia a la parte del abdomen”.
“Se repite
algo que uno puede ver en cualquier lugar del mundo, ocultar un crimen
sepultando bajo tierra, en un lugar inhóspito y dejando en la incertidumbre, y
convirtiendo así en victimas, a una
serie de familias”, agrega.
Los dos
saharauis con carné de identidad español eran Mohamed Abdalahe Ramdam, con DNI
número a-4131099, y Mulud Mohamed Lamin, con DNI número A-4520032. Otro de los saharauis, Salama Mohamed Ali
Sidahmed, tenía una cartera plastificada con membrete español con un carné de
racionamiento de azúcar, junto con un documento de la empresa española
Cubiertas y Tejados.
Ante la
existencia de estos documentos españoles entre los restos encontrados y haber
ocurrido cuando España todavía se encontraba en el Sáhara Occidental,
Etxeberria y Beristain pidieron una entrevista con responsables del Ministerio
de Asuntos Exteriores para trasladar los resultados de su investigación, siendo
recibidos el miércoles 18 por la directora general de la Oficina de Derechos
Humanos, Cristina Fraile, y la subdirectora General del Magreb, Eva Martínez.
Los
directores del equipo de trabajo, de la Universidad del País Vasco y de la
Sociedad de Ciencias Aranzadi, han dicho que las interlocutoras del Ministerio
de Asuntos Exteriores les han comunicado que el caso tiene que ser estudiado
por sus servicios jurídicos y que darán cuenta al ministerio de Justicia para
ver cual es el departamento competente al que deben dirigirse.
Carlos
Martin Beristain ha señalado la buena disposición mostrada por las responsables
de l MAE, que han manifestado que la necesidad de verificar la
nacionalidad, buscar en los archivos y
que quieren fotos más explicitas de los dni encontrados.
Falsa
información de Consejo Consultivo de DDHH marroquí
Beristan y
Etxeberria han pedido al Gobierno que haga gestiones ante instancias
internacionales para que se protejan los restos, encontrados en un lugar
controlado por la Misión de Naciones Unidas para el Sáhara (MINURSO), cerca del
muro que construyó Marruecos y que
divide el Sáhara Occidental.
Beristain
ha indicado que no trasladaron los restos para que no se dijera que estaban
destruyendo pruebas, lo importante que
es su custodia y que puedan ser
verificados por organismos internacionales para después ser entregados
oficialmente a sus familias.
Quieren que
se protejan otras fosas de las que tienen conocimiento, así como las que
presumiblemente están en el Sahara Occidental ocupado por Marruecos e, incluso,
lugares de entierro de quienes murieron en centros clandestinos en territorio
marroquí. “Son pruebas de crímenes de lesa humanidad y eso debe ser esclarecido”, afirma Beristain.
También
solicitan la verificación de la lista proporcionada en 2010 por el Consejo
Consultivo de Derecho Humanos marroquí, en las que se hace público el nombre de
207 personas desaparecidas. “Cuatro de
ellas, dice Beristain, están entre las personas identificadas ahora
y el Consejo Consultivo las señaló como detenidas en diferentes épocas, unas en
febrero y otras en julio, en esa zona y después
llevadas al cuartel de Smara, lejos de donde las hemos encontrado
ejecutadas en dos fosa comunes, lo que muestra la falsedad de la información
proporcionada sobre estos cuatro casos y
pone en cuestión el resto de la información”.
Desde que
hicieron público el informe “MEHERIS. La esperanza posible. Fosas comunes y
primeros desaparecidos saharauis identificados”, los componentes del equipo investigador han entrevistado con representantes de
organismos de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, de Desaparición Forzada y
de Cruz Roja, a los que han perdido colaboración para seguir investigando más
casos de fosas comunes en el Sáhara Occidental.
“Esto es un
desafío para las autoridades marroquíes, que tienen que tener una actitud
favorable a la investigación y no
negarse o tratar de desviar la atención
con otros factores”, concluye Beristain