Mientras empresarios de Estados Unidos y
Marruecos procuran fortalecer los vínculos bilaterales, organizaciones de la
sociedad civil plantean su preocupación por los planes de una firma energética
estadounidense de buscar petróleo en el disputado territorio de Sahara
Occidental.
Representantes del gobierno y del sector
privado de ambos países se reunieron en la segunda Conferencia de Desarrollo
Empresarial Estados Unidos-Marruecos el 10 y el 11 de este mes en Rabat.
El gobierno marroquí espera capitalizar el
acuerdo de libre comercio firmado en 2006 con Washington, presentándolo como
una puerta de entrada a los mercados de Europa, Medio Oriente y África, y
alentar las inversiones estadounidenses.
«En Marruecos están ocurriendo muchas
cosas, y la gran pregunta es cómo realzar aquello que puede atraer las
inversiones estadounidenses y que luego puedan dirigirse a un mercado europeo o
al sur, a los mercados africanos», dice Jean AbiNader, director ejecutivo del
Centro Marroquí Estadounidense de Comercio eInversiones, creado por el rey
Mohammad VI.
En su política energética, Marruecos ha
hecho especial énfasis en la exploración de petróleo y gas.
En la conferencia de esta semana, empresas
participantes, como Dow Chemical, tuvieron la opción de asistir a sesiones
sobre el sector energético del país, subrayando el potencial del reino en
materia de inversiones tanto en fuentes renovables como en las basadas en el
carbón.
Aunque los inversores internacionales en
energías renovables favorecen desde hace tiempo a Marruecos, habilitando la
construcción de plantas solares y parques eólicos, corporaciones
estadounidenses y europeas también procuran concesiones para exploraciones
petroleras, algunas de ellas en el Sahara Occidental.
Ese territorio está ocupado casi en su
totalidad por Marruecos, pero la soberanía marroquí sobre la zona no está
reconocida por la comunidad internacional.
Una de las firmas interesadas es Kosmos
Energy, con sede en Texas, que ya inició exploraciones marítimas de
hidrocarburos en tres bloques de la cuenca de Agadir. El proyecto más polémico
es la exploración petrolera que Kosmos intenta iniciar en octubre en Cabo
Bojador, en la costa norte de Sahara Occidental.
Organizaciones como Western Sahara Resource
Watch (WSRW) cuestionan la legalidad de los negocios de empresas extranjeras
con el gobierno marroquí para explotar recursos del Sahara Occidental.
Rabat «no está dispuesto a permitirle al
pueblo (saharaui) el derecho a la autodeterminación, y la industria del
petróleo se está volviendo un obstáculo para presionar a Marruecos para que
acepte ese derecho», dice el presidente de WSRW, Erik Hagen.
«Los saharauis están al margen de este
proyecto, moviendo los brazos y diciendo a las empresas que dejen de hacer esto
en nombre del gobierno marroquí. (Estas compañías) están trabajando con un
gobierno ocupante», añade.
La Opinión Corell
Marruecos tomó el control del territorio,
al que llama Provincias del Sur, tras un polémico acuerdo en 1976 con España,
hasta entonces la potencia colonial.
Pero contra la ocupación marroquí se alzó
en armas el Frente Polisario, respaldado por Argelia, y declaró la
independencia de la República Árabe Saharaui Democrática. Tras años de
conflicto armado, la comunidad internacional estableció la Misión de las
Naciones Unidas para el Referendo en el Sahara Occidental (Minurso) en 1991.
La Minurso recibió el mandato de velar por
un alto el fuego y organizar para 1992 un referendo sobre el futuro del
territorio, pero la votación nunca se realizó debido a desacuerdos sobre
quiénes podían votar. El Frente Polisario se oponía a que colonos marroquíes en
el Sahara Occidental participaran en la consulta.
Hasta la fecha, ningún otro estado reconoce
la soberanía marroquí sobre Sahara Occidental, que está en la lista de
Territorios No Autogobernados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En 2002, Marruecos otorgó contratos de
exploración petrolífera en el territorio a una empresa con sede en Estados
Unidos, Kerr McGee, y a la francesa Total S.A.
En respuesta, la ONU emitió lo que se
conoce como Opinión Corell, relativa a la legalidad de la extracción de
recursos en Sahara Occidental. Su autor es el ex subsecretario general de
Asuntos Jurídicos de la ONU, Hans Corell.
Sin embargo, desde entonces, tanto firmas
energéticas multinacionales como organizaciones que apoyan los intereses del
Sahara Occidental han interpretado de manera diversa la postura de la ONU. La
Opinión Corell reconoce a Marruecos como la potencia administrativa de facto en
el Sahara Occidental.
Pero también establece que, «aunque los
contratos específicos… no son ilegales en sí mismos, si mayores actividades de
exploración y explotación procedieran sin respetar los intereses y deseos del
pueblo del Sahara Occidental, estarían en violación de los principios del
derecho internacional aplicables a actividades de recursos minerales en
Territorios No Autogobernados».
AbiNader cree que las actividades
extractivas de Marruecos están creando beneficios económicos netos para la
población local saharaui, como estipula la Opinión Corell. OCP, la empresa
estatal de fosfatos de Marruecos, «ha hecho un trabajo realmente exhaustivo»,
dice.
«Dieron participación a (la consultora
estadounidense) PricewaterhouseCoopers e hicieron un estudio de dos años sobre
quién se estaba quedando con los beneficios de la mina Bou Craa en Sahara
Occidental», señala.
«Resulta muy claro que no está
contribuyendo realmente con su fin primordial, pero está creando empleos; está
creando valor añadido a la población de la comunidad», mantiene.
También citando la Opinión Corell, Kosmos
Energy sostiene que, como Marruecos afirma distribuir de modo equitativo y
justo los recursos entre la población saharaui, la exploración y potencial
extracción petrolera en el territorio cumplirá con los estándares legales de la
comunidad internacional.
En una declaración, Kosmos cita un informe
de 2013 del Consejo Económico, Social y Ambiental del rey Mohammad VI. Este
señala que «el objetivo del Consejo es contribuir con el esfuerzo colectivo
requerido para cumplir el desafío de lograr la cohesión social, la prosperidad
y el beneficio equitativo a partir de los recursos» del Sahara Occidental.
Sin embargo, Hagen dice que duda de las
intenciones del gobierno marroquí de compartir adecuadamente la riqueza con los
saharauis. Además, indica que ellos no quieren que el gobierno marroquí y las
corporaciones multinacionales exploten sus recursos, lo que, sostiene,
convierte en ilegales las actividades de Kosmos en el marco de la Opinión
Corell.
Hagen también expresa su preocupación por
los frecuentes abusos a los derechos humanos, tanto en Sahara Occidental como
en el mismo Marruecos.
«El informe 2013 del relator especial de la
ONU sobre la Tortura es muy ilustrativo de cómo las personas son abusadas o
torturadas mientras están bajo custodia policial, y eso es frecuente», dice
Hagen. «Cadasemana oímos informes sobre saharauis que fueron arrestados por la
policía durante un par de días o un par de horas y luego fueron liberados».
WSRW no solo reclama que Kosmos abandone
sus planes de realizar exploraciones en el Sahara Occidental, sino que también
urge a una firma perforadora con sede en Estados Unidos, Atwood Oceanics, a no
darle a Kosmos la plataforma que encargó para su uso en Cabo Bojador.
Ni Kosmos ni Atwood han respondido a las
preguntas de IPS en el momento de publicar este artículo.
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