martes, 2 de diciembre de 2014

Marruecos no informó al juez de la muerte de un español en la represión de El Aaiún del 2010

Exteriores responde al juzgado de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Baby' que «no consta» que el país vecino enviara informes
Han tenido que pasar cuatro años para que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno constate que las autoridades marroquíes no han colaborado con su juzgado sobre los pormenores de la muerte del ciudadano español Baby Hamday Buyema, ocurrida el 8 de noviembre del 2010 durante la represión de las protestas en el 'campamento de la Dignidad', a las afueras de El Aaiún, Sáhara Occidental. La operación fue llevada a cabo por el Cuerpo Especial de la Policía de Marruecos y hubo varios fallecidos y decenas de heridos.
La confirmación ha llegado ahora al juzgado de mano del Ministerio de Asuntos Exteriores español, que asegura que en la Dirección General para el Magreb «no consta la existencia de documentación que las autoridades marroquíes hubiesen proporcionado relacionada con el caso de la muerte de Baby Hamday Buyema», según el escrito firmado por la subdirectora general del departamento, Eva Martínez.
Ello supone, por una parte, que el juez tiene vía libre para continuar realizando diligencias para conocer quién o quiénes atropellaron al ciudadano español, de 35 años, con dos hijos menores y residente en Valencia, ya que de momento no ha imputado a nadie en el procedimiento. Del otro lado, la comunicación de Asuntos Exteriores deja en mal lugar al propio magistrado de la Audiencia Nacional. La razón es que su argumento central para no admitir la querella presentada días después de la muerte de Baby fue, precisamente, que la Fiscalía de El Aaiún ya había abierto diligencias y no se podía duplicar las investigaciones.
No obstante, el tiempo ha acabado por dar la razón a la familia del fallecido y a la Liga Española Pro Derechos Humanos, acusación popular del caso, que recurrieron en varias ocasiones la negativa del juez a investigar porque no se creían la versión marroquí. Así, la querella se quedó en el congelador durante tres años y diez meses, demasiado tiempo para indagar un presunto homicidio. Y no fue hasta finales de septiembre pasado cuando al instructor no le quedó más remedio que admitirla después de que la Sala de lo Penal, órgano superior, le conminara a ello.
También influyó la queja que las acusaciones personadas presentaron en el Consejo General del Poder Judicial contra Moreno por dilaciones indebidas y dejadez de funciones.
Antigua potencia
Con este panorama, el instructor abrió la causa por los delitos de lesa humanidad, genocidio, asesinato, lesiones, torturas y secuestro. Contó para ello con el visto bueno de la Fiscalía, para la que en los hechos objeto de la investigación es de aplicación el principio de territorialidad. Es decir, que la jurisdicción española tiene competencia sobre el Sáhara Occidental como antigua potencia administradora de este territorio no autónomo bajo supervisión de la ONU, pese a que 'de facto' está ocupado por Marruecos desde 1976.
La primera medida fue rechazar la imputación de los querellados por falta de indicios. Se trataba de los ministros marroquíes de Defensa, Interior y Exteriores y el Gobernador de El Aaiún. Tampoco han sido acusados, de forma provisional, el jefe de Policía que intervino en el 'campamento de la Dignidad' y los agentes que arrollaron con su vehículo a Baby Hamday.

El pasado 14 de octubre declaró como testigo Lammad Malud, hermano del fallecido. «Mi hermano no tenía relación con el Frente Polisario (movimiento de liberación saharaui). No era activista político ni ese día formaba parte de las protestas. Solo iba a trabajar en el autobús de su empresa de fósforos y cuando se disponía a grabar los altercados le embistió un coche de Policía. ¡Le mataron por ser saharaui!», afirmó al juez Moreno, según el querellante.

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